El desarrollo latinoamericano se desangra en rutas y avenidas

La familia de Susana Suárez, una odontóloga de 35 años, aún no asimila su muerte en un siniestro de tránsito en mayo pasado. Ella y una amiga son parte de las 130.000 víctimas mortales que deja en un año la inseguridad vial en América Latina.

“No estábamos preparados para su muerte. Volvían hacia las ocho de la noche en su carro (automóvil), se le pinchó un caucho al entrar en un puente y cayeron al río, en una parte de aguas profundas y tumultuosas”, rememoró conmovida a IPS su hermana, Lilian Suárez.

No era la primera vez que caía un vehículo al río Aroa en ese puente, cercano a la localidad de Tucacas, en el occidental estado de Falcón. “Hasta una gandola (camión tráiler) se precipitó una vez”, en un área mal iluminada, mal señalizada y mal asfaltada, “con un puente con unas barandas muy débiles”, contó la hermana.

A las 130.000 víctimas “se suman seis millones de personas heridas, centenares de miles de ellas con discapacidad permanente”, detalló la especialista en transporte del Banco Mundial, Verónica Raffo.

América Latina registra 19,2 muertes por cada 100.000 habitantes por siniestros viales, «más de tres veces la tasa de algunos países europeos”, explicó, con base en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

África, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes y Medio Oriente-Norte de África, con 21 muertes por cada 100.000 son las otras regiones que más se desangran por esta causa. En América del Sur la tasa sube a casi 21 muertes por 100.000 habitantes.

“Para los jóvenes entre 15 y 44 años de la región, los siniestros viales son la principal causa de muerte. Es una perdida importantísima porque el Estado invirtió mucho en su salud, educación y bienestar y los pierde en el momento de mayor productividad para la sociedad”, dijo Raffo desde la sede del Banco Mundial en Buenos Aires.

Bernardo Baranda, coordinador para América Latina del no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, en inglés), aseguró a IPS desde Ciudad de México que la inseguridad vial “es un gran problema de salud pública”.

“Además de la tragedia familiar y afectiva, la gente más productiva muere”, subrayó el especialista. “No son accidentes, son hechos prevenibles”, afirmó.

Todos los países latinoamericanos suscribieron la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que proclamó el período 2011-2020 como la Década de la Seguridad Vial en el mundo.

Los gobiernos se comprometieron a estabilizar y reducir las muertes y lesiones graves, para llevarlas a la mitad de la proyección de mortalidad para 2020. El objeto es salvar unos cinco millones de vidas y ahorrar unos 5.000 millones de dólares de costos.

En América Latina, esa proyección era de 30 muertes por 100.000 habitantes, debido al incremento de la motorización y la mayor inseguridad vial, y el compromiso es llegar a 15 muertes por 100.000.

 “Pero en muchos países la siniestralidad vial prosigue en incremento y son pocos los que lograron estabilizar y comenzar a reducir las víctimas”, precisó Raffo.

Argentina, Chile y Uruguay han obtenido buenos resultados, gracias a “un fuerte liderazgo político y a cambios institucionales para mejorar la gestión”, sostuvo.

Para abatir los siniestros de tránsito se necesitan cinco pilares, dijo.

El primero es «mejorar las instituciones». En la mayoría de los países las responsabilidades están muy repartidas y faltan instituciones adecuadas, aseguró Raffo.

Argentina es un modelo a seguir. En 2008 creó una Agencia Nacional de Seguridad Vial, con presupuesto y equipos adecuados y con un observatorio que monitorea políticas, campañas, estrategias y resultados, lo que ha llevado a mejoras sustanciales.

Colombia aprobó una agencia de alcances similares, en un país donde los siniestros de tránsito representan en los últimos años la segunda causa de muerte violenta, según el Banco Mundial.

De acuerdo a esta institución y a otras de alcance regional, los países donde los siniestros aumentaron esta década son Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

En los dos últimos se incrementaron en 40 por ciento los siniestros de conductores de motos, un vehículo en peligrosa expansión incluso para uso familiar.

Los peatones, los ciclistas y los motociclistas son los usuarios más afectados de la vialidad, ya que aportan 70 por ciento de las víctimas de siniestros urbanos.

“Trabajar en seguridad vial es trabajar en equidad, porque la inseguridad afecta de manera principal a los usuarios más vulnerables, que son también los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo Raffo.

“El segundo pilar es la infraestructura segura, carreteras y movilidad urbana segura, el tercero es el de vehículos y conductores seguros, el cuarto es el de políticas de educación y concientización, y finalmente un tema clave: la respuesta posterior a los siniestros, de la que dependen muchas vidas”, enumeró.

«Esos cinco pilares engloban el enfoque del sistema seguro, que se acompaña con el concepto de responsabilidad compartida”, añadió Raffo. “El Estado lidera y coordina, los conductores atienden las reglas, las automotoras y aseguradoras priorizan la seguridad y la sociedad civil trabaja para provocar cambios de conducta”, detalló.

“Se necesita una estrategia multisectorial, con metas muy claras. Ha faltado ser más contundentes en las acciones”, planteó Baranda, para quien “hay que contar con datos confiables, reducir la velocidad, combatir el manejo bajo la influencia del alcohol, fortificar la aplicación de la ley y prevenir con educación”.

Una buena noticia fue la creación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que Raffo y otros expertos consideran fundamental para que la región tenga monitoreo, gestión de datos, de indicadores y de políticas, y una plataforma de intercambio de experiencias exitosas.

Aunque los tres primeros años de la década no aporten optimismo, las evidencias muestran que hay países que revirtieron tasas altísimas, dijo Raffo.

“Se debe dejar el fatalismo de que crecimos económicamente, la motorización aumentó por ello, y en consecuencia hay más muertos. No tiene que ser así, se puede cambiar, el caso de Argentina y de otros lo muestra”, dijo.

Además, los países en desarrollo “pierden entre uno y tres por ciento del producto interno bruto, en algunos casos hasta cuatro y cinco por ciento, es un costo altísimo”, explicó.

Cifras de la OMS establecen que 90 por ciento de las muertes por siniestros viales ocurren en el Sur en desarrollo, que tiene solo 50 por ciento de los vehículos del mundo.

En Bolivia mueren unas 1.420 personas cada año en accidentes de tránsito

El índice de siniestralidad de tránsito en Bolivia es “alarmante”, no sólo por la cantidad de hechos que se producen a diario, la mayoría por “fallas humanas” que pudieron prevenirse, sino por las consecuencias de estos, la cantidad de víctimas que dejan: personas fallecidas y con lesiones graves o menores.

Al menos 1.420 personas promedio mueren cada año en accidentes automovilísticos en Bolivia, según los datos expuestos en un taller, en agosto del año 2019, por la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El especialista en temas de seguridad vial, Juan Emilio Rodríguez, en la oportunidad resaltó que la preocupación por la seguridad vial es mundial. "Muchas veces asociamos los muertos a los vehículos, sin embargo, más de la mitad de las personas que mueren no iban en un vehículo, sino eran peatones, ciclistas o eran usuarios vulnerables", agregó.

El SOAT, el seguro que todo vehículo debe tener, ampara los gastos médicos, muerte e incapacidad total y permanente en casos de accidente de tránsito. Tiene una cobertura de hasta 24 mil bolivianos por gastos médicos y 22 mil de indemnización por fallecimiento o incapacidad total permanente.

No obstante estos beneficios y la obligatoriedad del seguro, muchos vehículos no cuentan con él, dejando a las víctimas en caso de un siniestro desprotegidas.

Cuando una persona tiene un accidente de tránsito que la lesiona o le ocasiona un perjuicio físico o daños materiales debido a la negligencia de otro conductor, además puede reclamar compensación o indemnización, pero muchas veces no se lo hace por desconocimiento o falta de un asesoramiento adecuado.

En accidentes por ejemplo producidos por conductores bajo influencia de alcohol o que no cuentan con licencia de conducir, los afectados pueden reclamar atención médica y una compensación monetaria por lesiones, lo más recomendable en este tipo de situaciones es contactar buenos abogados de accidentes, especializados en el servicio de asistencia jurídica.

De acuerdo a los abogados de accidentes es importante conocer cuándo y cómo levantar el reclamo, cómo pedir una prestación, qué compensaciones se pueden obtener en una demanda por accidentes, como salarios perdidos en caso de no poder trabajar debido a una lesión temporal, o quién puede hacer el reclamo en caso de una persona fallecida, entre algunos aspectos.

Del total de accidentes reportados en el país, según la APS, casi el 90 por ciento corresponde al eje troncal: Santa Cruz, 4.252, es decir, 13 por día; La Paz, 2.016 siniestros (6 por día), y Cochabamba, 1.862 (5 por día). El restante 9 por ciento (un poco más de mil casos) se registraron en los otros seis departamentos del país.

El índice de siniestralidad es mayor en las ciudades, respecto a los casos en las carreteras y provincias. La mayor cantidad de accidentes por choques y peatonales se dan en las ciudades, mientras que los siniestros con más fallecidos y heridos ocurren en las carreteras y son ocasionados por vehículos de transporte público.

La mayor parte de los accidentes se genera por causas humanas como el consumo de alcohol, exceso de velocidad, impericia de los conductores y falta de experiencia, inobservancia de las normas de tránsito, además de cansancio al momento de conducir.

Y en el caso de las carreteras, en los últimos años, el problema es el exceso de velocidad que imprimen los conductores