La situación económica de Bolivia no ha dejado de deteriorarse.
Crisis: la necesidad de una política económica seria
En las últimas semanas la crisis económica y sus implicaciones sociales han quedado opacadas por la disputa política. Urge centrar la atención en la recuperación y en el bienestar de la población.



Nada indica que Bolivia esté en un sólido camino de recuperación económica. Por el contrario, los pocos datos que se han llegado a conocer en las últimas semanas no dejan de alarmar: el deterioro de la economía nacional es evidente y palpable en la cotidianidad de millones de personas que han visto afectadas sus condiciones de bienestar.
Si bien es importante comprender lo que pasó durante el desplome económico en los primeros meses de pandemia, y el posterior rebote de la economía cuando se recuperó cierta “normalidad” en la medida en que las restricciones se fueron levantando de manera parcial, es fundamental no perder de vista una perspectiva de mediano y largo plazo, además de las secuelas que acompañarán a la economía nacional durante bastante tiempo.
Hoy en Bolivia hay más de 100 mil desocupados en comparación de los que había a principios del año pasado. Los datos de subocupación señalan que una gran parte de la población boliviana ha visto empeorar sus condiciones laborales y, junto a ello, los organismos internacionales prevén un incremento importante de la pobreza y pobreza extrema. Además, ha quedado expuesta la gran dependencia de la economía nacional a las actividades extractivas, y el deterioro de un aparato productivo que debe competir en desventaja con el contrabando.
En estas semanas, en las que la tensión política viene acaparando los titulares de los medios de comunicación y, por ende, la atención ciudadana, los problemas de fondo, como la estrategia para enfrentar una nueva ola pandémica y la crisis económica que está afectando a millones de bolivianos, quedaron en un preocupante segundo plano. Temas tan delicados que su tratamiento no puede depender de una disputa política.
Una crisis económica en curso
En el clima electoral que vive Bolivia, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en un tuit reciente, señaló: “Aplicamos políticas efectivas que permiten reducir el desempleo. A enero de 2021, la tasa del desempleo abierto urbano en #Bolivia bajó a 8%”. Una aseveración que, si se contrasta con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), no refleja la realidad, ya que en enero de 2021 la tasa de desempleo urbano llegó a ser de 9,67%, más de un punto porcentual que en diciembre de 2020.
Pero, más allá de la inexactitud de la cifra, lo importante es que quienes se hacen cargo de la política económica nacional no pueden minimizar la difícil y preocupante situación por la que atraviesa el país. Para ello, en primera instancia es importante identificar que actualmente la crisis económica se está consolidando, en el marco de un conjunto de factores externos que empeoran la situación.
Entre marzo y agosto de 2020, como consecuencia de las medidas de confinamiento a lo largo y ancho del planeta, la economía global se vio expuesta a un conjunto de descompensaciones extremas en el ámbito comercial, laboral, productivo, etc. Fue así que esos meses marcaron el inicio de la Gran Crisis, dando lugar a la abrupta caída de distintos indicadores en 2020. Desde la disminución del comercio mundial en más de un 17%, hasta el hecho de que se perdió el equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo, pasando por la caída del PIB mundial de un 5,2%.
En esos primeros meses, la economía boliviana también resintió un fuerte descalabro. Para el mes de abril las exportaciones del país se redujeron en más de un 60% y, durante el mes de julio, la tasa de desempleo urbano alcanzó a ser de 11,56%. Sin embargo, este momento debe considerarse como el inicio de la crisis generalizada y no como su única manifestación. Poco a poco –a medida que las medidas restrictivas disminuyeron– distintos indicadores económicos fueron mostrando mejorías, pero se fueron estabilizando a niveles inferiores a los que existían antes de la crisis.
Es así que en la actualidad –entre una recuperación parcial de la economía respecto a los meses de descompensación más onda y la persistencia de la pandemia que no permite una normalización total de las actividades productivas–, la situación de la crisis se proyecta en el mediano y largo plazo. Con una deuda pública que no deja de incrementarse, una precarización del mercado laboral y, junto a ello, una perspectiva nada alentadora para la mayor parte de los sectores económicos del país.
Precarización laboral y pobreza
La situación laboral del país era ya preocupante antes de la pandemia. Desde el 2015, luego de la época de bonanza de los precios internacionales de las materias primas, la desaceleración económica significó también un incremento relativo del desempleo. En 2019 la tasa promedio de este indicador llegó a ser un 5%, lo que exponía una situación de por sí preocupante.
Durante el mes de julio de 2020, el porcentaje de desempleo se incrementó en más del doble, aunque ya para diciembre caería hasta el 8,23%, y volvería a incrementarse en enero (9,67%). Pero es importante ahondar más sobre la fisionomía del desempleo y la precarización laboral.
Si en enero de 2020 había en el país poco más de 266 mil desocupados, para enero de 2021 esa cifra ascendió a 404 mil, un incremento de poco más de 51%.
Pero la situación que evidencia con mayor crudeza la precarización del trabajo –que muchas veces se omite cuando se habla exclusivamente del nivel de ocupación–, es el incremento de la subocupación. Es decir, el incremento de personas que aunque cuentan con alguna fuente de ingreso, están a la búsqueda de otro trabajo o de una actividad complementaria. Si en enero de 2020 el número de personas catalogadas como subocupadas era de 180 mil, para enero de 2021 esta cifra ascendió hasta casi 465 mil. Es decir, el 12,32% de la población ocupada está en esta situación. Con el añadido de que son las mujeres las que resultan las más afectadas.
Por otro lado, como señala un reciente informe de la CEPAL: “Los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad observados en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus”.
En el caso concreto de Bolivia, este organismo estima que la pobreza pasó de 32,3% en 2019 a 36,1% durante el pasado año. Esto significa que la población en situación de pobreza habría pasado de 3,7 millones en 2019 a 4,2 millones en 2020. En el caso de la pobreza extrema, esta habría escalado de 14,3% en 2019 a 16,8% en 2020.
Comercio exterior afectado
En términos generales, la balanza comercial del país ha remontado hasta niveles similares a los existentes antes de la pandemia. Las exportaciones de enero de 2021 alcanzaron los $US 724 millones, mientras que en enero de 2020 estas fueron tan solo un poco más elevadas ($US 790 millones).
Llama la atención, sin embargo, que este repunte del nivel de las exportaciones tiene que ver con el incremento de las exportaciones derivadas de actividades extractivas. Por un lado está la minería, que ha visto incrementar el valor de las exportaciones de oro, plata, zinc, entre otros. Por el otro lado está la agroindustria, que solo en el caso de la soya, en enero de este año exportó prácticamente el doble de lo que había exportado el mismo mes del pasado año.
El único sector extractivo que no ha recuperado niveles similares o superiores a los que existían antes de la pandemia es el de los hidrocarburos. Para enero de este año, el valor de las exportaciones por este concepto fue menor en un 35% respecto al registrado en enero de 2020. El problema es que, de los tres sectores extractivos más grandes del país, este es el que más aporta a las arcas del Estado boliviano.
Por el otro lado, si bien las importaciones disminuyeron de manera significativa, pasando de $US 782 millones en enero de 2020 a $US 605 millones en enero de 2021; en un análisis más detallado se puede observar que esta disminución tuvo mucho que ver con la caída del poder adquisitivo de la población, con la disminución de importaciones de bienes de capital destinados al golpeado aparato productivo, y con el incremento del contrabando, que no queda registrado en estas cifras.
Un problema añadido es que gran parte de las importaciones que mantiene el país son bienes de consumo básico, que debido a la baja productividad de algunos sectores nacionales o a la competencia desventajosa que implica el contrabando, no están siendo producidos o están dejando de ser producidos internamente, lo que se traduce en una mayor erosión del sistema productivo y, en consecuencia, ello implica más precarización y vulnerabilidad social.
La salida a la crisis no puede hipotecar el futuro del país
Cualquier estrategia para salir de la crisis debe partir de una política económica firme, que sea responsable con la difícil situación que atraviesan millones de personas y con el futuro multidimensional del país. La crisis ha puesto en evidencia los grandes problemas estructurales de la economía boliviana, salir de ella no puede significar acentuarlos.
Quizá una de las dimensiones más evidentes es el de la deuda. Si bien no se puede negar que la actual crisis a nivel mundial se caracteriza por haber incrementado dramáticamente los niveles de deuda pública y privada, existe el riesgo de que la deuda pública de Bolivia se salga de control. Se estima que el año pasado esta deuda se incrementó en alrededor de $US 4.000 millones.
Es innegable la importancia que han tenido los distintos bonos entregados por el Estado, en especial para los sectores sociales más vulnerables; sin embargo, se tiene que tener claridad que los mismos fueron financiados principalmente con deuda. Es así que vale la pena hacer un análisis de cuáles son las mejores formas de utilizar los fondos provenientes de los créditos, siendo que el criterio no puede quedar inscrito en el rédito político, sino en el cuidado de la economía nacional y de la población. Con los años, la carga de esa deuda pública puede ser un gran peso para la economía nacional.
Por otro lado, la salida a la crisis no puede estar sustentada en afianzar la matriz primario exportadora del país. Ya sea a través del indiscriminado intento por ampliar actividades extractivas a lo largo y ancho del territorio nacional desde una perspectiva de corto plazo, con consecuencias socioambientales devastadoras. O, frente al desempleo, promover el trabajo en actividades extractivas –muchas veces sin control–, como recientemente se informó que está sucediendo en la minería cochabambina.
La salida de la crisis tampoco puede sostenerse en un mayor disciplinamiento tributario –como ya señaló que realizaría el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)–, ya que tal hecho implicará poner mayor presión en una sociedad y un aparato productivo fuertemente debilitados por la crisis económica. Ello, en todo caso, podría beneficiar a las arcas del Estado, pero terminara por deteriorar aún más la economía nacional.