¿Minera transnacional financiada por Bolivia?

Las últimas semanas de enero, las instalaciones de la Sociedad Minera Illapa S.A. fueron tomadas por trabajadores de las cooperativas mineras Porco R.L. y Huayna Porco R.L., en la localidad de Porco-Potosí. El conflicto se suscitó a raíz de problemas de límites en las áreas de trabajo correspondientes a ambas partes. Luego de la intervención del Ministerio de Minería y Metalurgia, se llegó a un acuerdo para realizar una inspección que derive en nuevos acuerdos de delimitación.

Con todo, este conflicto permitió visibilizar esta tensa relación entre empresas transnacionales y cooperativas en el marco de la actividad extractiva de minerales y, por otro lado, puso en primera plano en la empresa Illapa, que por lo general mantiene un bajo perfil en el desarrollo de sus actividades.

Pero Illapa –una empresa que hace parte de Glencore, una gran corporación internacional que se dedica a la extracción de materias primas en todo el mundo– ya había sido objeto de algunos titulares en febrero de 2019, al convertirse en la primera empresa minera transnacional que logró financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

En ese entonces, la empresa emitió valores por $US 25 millones a través de los “Pagares Bursátiles Illapa I – Emisión 1” que presentaban una tasa de interés del 2,8%. Según se especifica en el prospecto de la emisión, estos fondos serían “destinados al financiamiento de capital de operaciones”. Un año después, el 10 de febrero de 2020 fueron emitidos  los “Pagares Bursátiles Illapa I – Emisión 2”, también por una suma de $US 25 millones y una tasa de interés del 2,6%, el financiamiento tendría el mismo destino que la primera vez.

Más allá de los impactos ambientales y sociales de las actividades mineras; de la discusión en torno a la dependencia económica que genera el extractivismo; de la desproporción entre las ganancias que quedan en manos de las mineras y aquellas que reciben los países productores; lo anterior genera una pregunta de gran relevancia: ¿por qué una empresa transnacional termina financiando sus actividades con recursos del país en el que está operando?

¿De dónde sale y a qué responde Illapa?

En el año 2014, en una columna denominada “Sociedad minera Illapa S.A. y el gonismo en Bolivia”, el sociólogo, Eduardo Paz Rada, explicaba el surgimiento de esta empresa: “Hace pocos días se ha presentado la denuncia de la modificación arbitraria o falsificación de un contrato establecido entre la emblemática empresa estratégica Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que el gobierno de Evo Morales pretende potenciarla como corresponde al proceso de transformaciones, y la denominada Sociedad Minera Illapa S.A., heredera de la empresa del conocido Gonzalo Sánchez de Lozada, Compañía Minera del Sur (COMSUR); provocando al Estado un daño estimado de 20 millones de dólares y dejando abiertas muchas dudas respecto a dicha empresa y a dicho contrato”.

Y continua en el mismo texto: “La metamorfosis de COMSUR ha sido presurosa: después de 2003 rápidamente transfirió sus acciones a la transnacional suiza Glencore en condiciones no conocidas, pasó a llamarse Sinchi Wayra para seguir explotando Porco, Bolívar, Colquiri, Vinto y otras; y ahora, después de la recuperación de Vinto y Colquiri por parte del Estado, aparece como Illapa S.A., haciendo contratos con COMIBOL para seguir explotando los yacimientos de Porco y Bolívar”.

En el informe de la calificadora Pacific Credit Rating (PCR), se detalla que la Sociedad Minera Illapa S.A. se constituyó en 2010, con el objetivo de realizar un conjunto de actividades ligadas a la minería en Bolivia. El 2013 comenzó a operar, cuando firmó un convenio de asociación con la transnacional Sinchi Wayra y COMIBOL. Sinchi Wayra le transfirió la operación de las minas Bolívar y Porco, que son las que Illapa opera hasta la actualidad y sobre las cuales asumió “exclusiva responsabilidad”. Llama la atención, sin embargo, que la minera Illapa es básicamente un desprendimiento de Sinchi Wayra –incluso ambas tienen el mismo representante legal–.

En el informe de PCR también se detalla que ambas empresas tienen vínculos con la transnacional Glencore. Aunque en realidad, la Sociedad Minera Illapa S.A. pertenece en primera instancia –en un 98%– a la sociedad privada Apamera Limited, situada en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas, sin embargo, todos los ejecutivos de esta empresa tienen su domicilio legal en el número 3 de la calle Baarermattestrasse, en la ciudad de Baar, Suiza; que no es otro lugar que la sede principal de Glencore International AG.

El resto de Illapa es propiedad de Bendelli Holding Ltd. (1%) y Mining and Technical Services (Bermuda) Ltd. (1%). Ambas también situadas en las Islas Bermudas y con vínculos con Glencore, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La multinacional suiza Glencore ha estado en el centro de atención por múltiples escándalos de corrupción y explotación laboral. En los últimos años –a raíz de la filtración conocida como Paradise Papers– salieron a la luz muchas denuncias contra la actividad de esta corporación en la República Democrática del Congo, como aquellas relacionadas con la explotación de trabajo infantil, o por “descuentos” irregulares que la empresa consiguió en los precios de los minerales que explotaba.

Emisión de pagarés en la Bolsa Boliviana de Valores

El 24 de mayo de 2018, la Sociedad Minera Illapa S.A. quedó registrada en el mercado de valores de Bolivia con el número ASFI/DSVSC-EM-SMI-003/2018. En diciembre de ese mismo año se presentó el primer prospecto y la primera emisión de valores se materializó el 4 de febrero de 2019, por un monto de $US 25 millones, a una tasa de interés del 2,8%.

La noticia no resonó significativamente, aunque algunos medios recalcaron que era la primera vez que una empresa minera se financiaba en la Bolsa de Valores. Por ejemplo, en entrevista para el portal Delta Financiero, el gerente general de la BBV, Javier Aneiva, señalaba: “Estamos muy contentos de que el mercado de valores boliviano pueda apoyar a la industria minera por primera vez, uno de los motores de desarrollo de nuestro país”.

En el prospecto de esa primera emisión se detalla que: “Los recursos monetarios obtenidos del monto emitido y colocado en los Pagarés Bursátiles que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones serán destinados al financiamiento de CAPITAL DE OPERACIONES, específicamente para realizar el pago de los siguientes conceptos que forman parte del Costo de Minerales Vendidos”, y a continuación se señala que estos recursos servirán para cubrir costos laborales (sueldos, salarios, beneficios sociales y otros), energía eléctrica, servicios de distinta índole y materiales, como insumos. 

Un año después, el 10 de febrero de 2020 –cuando comenzaba a hacerse evidente la amenaza de la pandemia en el mundo entero–, la empresa minera emitía los “Pagarés Bursátiles Illapa I – Emisión 2”, también por un monto de $US 25 millones y con el mismo propósito: “financiamiento de capital de operaciones”, indicando que estos recursos serían gastado en los mismos rubros que la primera vez.

Según el informe de la calificadora PCR, para septiembre de 2020, Illapa acumulaba una deuda financiera total de Bs. 275 millones, de la cual más de la mitad correspondía a la última emisión de pagarés, y el resto son préstamos que la minera mantiene con el Banco Bisa.

¿Inversión extranjera con dinero de los bolivianos?

Entonces, entre 2019 y 2020, la minera Illapa logró financiar $US 50 millones de sus costos operativos con recursos provenientes de la economía Boliviana, a través de la BBV –más allá de lo que obtuvo a través de préstamos de la banca nacional–. Algo que es paradójico, ya que justamente lo que argumentan estas empresas –y quienes las defienden–, es que el beneficio de dejar ingresar a este tipo de multinacionales tendría que ver con los efectos que generan los recursos “externos” que las mismas traen desde el exterior, los cuales dinamizarían el desarrollo nacional.

La pregunta que queda abierta es: ¿cuál es la justificación para que una empresa transnacional minera, que explota recursos nacionales, generando un gran impacto socio-ambiental, sea, además financiada por excedentes económicos que provienen de la misma economía boliviana?

Además, vale la pena considerar que entre quienes compran instrumentos financieros en la Bolsa de Valores están las AFPs y la banca nacional, lo que en muchos casos significa que recursos de la seguridad social boliviana y, en general, los ahorros de la sociedad, terminan apuntalando las operaciones de capitales transnacionales bajo el esquema del extractivismo primario exportador.

¿Minera rentable?

Junto a lo anterior, existe otro tema que no termina de cuadrar cuando se aborda la actividad de una minera transnacional: la Sociedad Minera Illapa S.A. casi no ha generado utilidades en los últimos años, pese a ser una empresa que recibió las minas de su hermana mayor (Sinchi Wayra) ya en funcionamiento.

Según el informe de la calificadora PCR, entre 2015 y 2020 la Utilidad Neta de la Gestión de Illapa fue positiva en tres años (2017, 2018, 2019), cuya suma alcanzó a Bs. 50,8 millones. Pero si esas utilidades se comparan con las pérdidas de los otros tres años (2015, 2016, 2020), que alcanzaron los Bs. 391,1 millones, se puede identificar una gran desproporción. En realidad, en los últimos seis años la empresa presentó pérdidas por Bs. 340,3 millones.

En el informe de la misma calificadora se señala, entre otras cosas, que la EBITDA de Illapa –un indicador de rentabilidad– fue negativo para los años 2019 y 2020. El informe también detalla que la perspectiva de la empresa es “negativa”, lo que significa que “su situación financiera, así como sus principales indicadores, se habrían deteriorado, lo que podría en un corto o mediano plazo significar una disminución de la calificación”.

Por otro lado, lo anterior tiene otra implicación importante para el país. Al presentar pérdidas o bajos niveles de utilidades entre 2015 y 2020, Illapa solo pagó el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) en una oportunidad, el 2018, tributo que alcanzó los Bs.17,6 millones, según datos registrados en la página de la ASFI.

En contrapunteo a esto, llama la atención que la empresa Illapa tenga considerado que, para septiembre de 2020, el 14,4% de sus activos corresponden al ítem “impuestos por recuperar” en el corto y largo plazo. Porcentaje que equivale a Bs. 169,9 millones, si se considera que los activos de la empresa alcanzaron los Bs. 1.177,9 millones para septiembre de 2020, también según los datos registrados en la ASFI.

Con todo, lo expuesto anteriormente no hace más que generar nuevas cuestionantes: ¿Por qué Illapa se separó de Sinchi Wayra –ambas pertenecientes a Glencore– para administrar dos minas que presentan problemas de rentabilidad?, ¿Qué beneficios obtiene Bolivia de la operación de esta minera?, ¿Es admisible –más en el momento de crisis actual– que los excedentes de la sociedad boliviana acaben financiando a estas empresas?, ¿Por qué, desde el Estado, se promueven este tipo de actividades mineras?