AFPs: ¿A quién beneficia el ahorro de los bolivianos?

Es una discusión antigua que, sin embargo, tiene implicaciones serias en el presente del país. Lo que en la actualidad sucede con el sistema boliviano de pensiones tiene que ver con la Ley 1732, de 1996 ‒promulgada en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada‒, y con la privatización de la gestión de los aportes que los bolivianos hacen para su jubilación. Se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y así el Estado trató de desentenderse de la seguridad social. Un ejemplo clásico del embate neoliberal que se vivía en aquel entonces.

Mucho debate y distintas luchas han acompañado el devenir de esta temática desde hace más de 20 años, planteando las siguientes preguntas: ¿es un sistema pensiones que beneficia a los trabajadores?, ¿está garantizada la sostenibilidad de dicho sistema?, ¿por qué no se conoce toda la información sobre la gestión de las AFPs?, ¿estas administradoras terminan beneficiando más al país o a los grandes capitales transnacionales?

Si bien en 2010, bajo el amparo de la nueva Constitución Política del Estado, se promulgó la Ley de Pensiones (N° 065), que modifica el concepto del Seguro Social Obligatorio de Capitalización Individual, dando lugar al Sistema Integral de Pensiones; hasta la fecha son las AFPs las que continúan gestionando los fondos de pensiones de los bolivianos y no la Gestora Pública de Seguridad Social, que fue creada para ello.

Esto representa que estas administradoras ‒fundamentalmente transnacionales‒ no solo siguen generando importantes ganancias por la gestión de estos fondos, sino que, por la manera en que estos recursos están siendo gestionados, terminan apuntalando a otros capitales transnacionales y al mismo sistema financiero.

“El valor de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones - SIP al 31 de diciembre de 2019, alcanzó a US$19.188 millones” APS

Al ser los fondos de pensiones recursos de los trabajadores bolivianos ‒un ahorro social considerable‒, es importante volver al debate sobre quiénes terminan beneficiándose de estos recursos y sobre la manera en que los mismos deberían utilizarse para impulsar la producción nacional, así como la generación de un excedente económico que beneficie al país.

Las cifras del Sistema Integral de Pensiones

Según la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la entidad encargada de la regulación del Sistema Integral de Pensiones (SIP), para septiembre de 2020 existían un total de 2.416.041 asegurados en dicho sistema. 1.122.304 estaban asegurados a través de la AFP Futuro de Bolivia, mientras que 1.293.737 pertenecían a la AFP BBVA Previsión.

Es el departamento de Santa Cruz el que tiene una mayor proporción de asegurados (31,71%), le sigue el departamento de La Paz con el 31,01% y el departamento de Cochabamba con el 15,2%. El restante 22,09% se distribuye entre los otros seis departamentos. Tarija está en el antepenúltimo lugar, con el 4,32% de los asegurados.

Según datos de la APS, desde el año 2010, cuando se inició el Sistema Integral de Pensiones, la recaudación anual se ha incrementado sustancialmente, pasando de Bs. 3.620 millones a Bs. 12.019 millones en 2019. Aún no se tienen datos oficiales sobre las recaudaciones durante el año 2020, aunque por la crisis derivada de la pandemia se puede suponer que estas serán inferiores a las de 2019.

Con todo, para finales de 2019 el patrimonio de lo que antes de la nueva ley de pensiones se denominaba como Fondo de Capitalización Individual ‒y que ahora está compuesto por el Fondo de Ahorro Previsional, el Fondo Solidario, entre otros‒ ascendía a Bs. 130.823 millones (lo que representa casi 18.800 millones de dólares). Un patrimonio muy superior a los Bs. 37.642 millones del año 2010.

Hasta 2019 también fue aumentando el número de jubilados en este sistema de pensiones, hasta alcanzar los 153.990 asegurados. Para cubrir estas jubilaciones, durante ese año se destinaron poco más de Bs. 405 millones. Cabe recalcar que entre estos asegurados se contabilizan a todas las modalidades, desde el Pago de Compensación de Cotización Mensual hasta la Pensión Solidaria de Vejez, pasando por las Pensiones de Vejez suscritas con las AFPs, entre otras modalidades más.

¿Qué hacen las AFPs con las pensiones de los bolivianos?

La Ley 065 establece que “Los Fondos del Sistema Integral de Pensiones serán administrados y representados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”. Sin embargo, se establece un periodo de transición desde que se emitió dicha ley para que esta gestora se haga cargo de dichos recursos. Mientras tanto, “las Administradoras de Fondos de Pensiones continuarán realizando todas las obligaciones determinadas mediante Contrato de prestación de servicios suscritos con el Estado Boliviano”.

Es así que, como lo señala un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA): “Creada hace diez años, la estatal y demorada Gestora Pública de Seguridad Social de largo plazo (GPSS, que prevé sustituir a Futuro-AFP y BBVA-Previsión), atraviesa la tercera postergación de sus actividades globales ‒esta vez hasta 2021‒ con retrasos que han generado ganancias por 64 millones de dólares para ambas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”, utilidades que refieren al periodo 2011-2017.

De esta manera, ante un retardado proceso de transición, las Administradoras de Fondo de Pensiones vienen gestionando estos recursos bajo el esquema tradicional de rentabilidad que tenían en la época neoliberal.

Según la APS, “El valor de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones - SIP al 31 de diciembre de 2019, alcanzó a US$ 19.188 millones, el cual se encuentra conformado por la cartera de inversiones con US$ 18.971 millones y los recursos de liquidez con US$ 218 millones”.

Ahora bien, “se observa que el 55,37% de esta cartera está representado por inversiones en Depósitos a Plazo Fijo emitidos por Entidades de Intermediación Financiera nacionales; el 21,81%, por Bonos del Tesoro General de la Nación y Bonos Soberanos del Estado Plurinacional de Bolivia emitidos en el Extranjero; el 9,12%, por Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrados; el 4,91%, por Bonos a Largo Plazo de sociedades comerciales; el 4,52%, por Cupones y el restante 4,27%, por otros instrumentos financieros y recursos de liquidez”.

Inversiones que no benefician al país

El criterio para manejar los fondos de pensiones es el de la rentabilidad de las AFPs, lo que no necesariamente coincide con los intereses nacionales. El esquema neoliberal ‒base de la lógica de las administradoras de fondos de pensiones‒ establece que son las ganancias que podrían lograr dichas entidades lo que llevaría a que estas gestionen de la manera más eficiente estos recursos.

Sin embargo, según datos presentados por CEDLA, al observar la tendencia de la rentabilidad de los fondos del SIP entre diciembre de 2010 y diciembre de 2018, se observa una caída de la misma, que pasó del 8,07% al 1,72% en dicho periodo. Durante el año 2019 se tuvo una mejoría de dicha tasa, pero que no se acercó a los niveles iniciales.

Paradójicamente, pese a esta situación, las utilidades anuales de las AFPs no han dejado de crecer. Si en 2010 ganaban 3,9 millones de dólares, para el año 2017 ganaron 11,5 millones de dólares.

“La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones administrados por las AFP, menor al 2%; es muy baja ‒la real fue del 0,21 en 2018‒ y arriesga las futuras pensiones de los asegurados que querrán acceder a ellas, castigando ya a los actuales rentistas.”, señala el documento de CEDLA.

En realidad, lo que devela la cartera de inversiones de las AFPs es que, bajo este esquema, los ahorros de los bolivianos terminan siendo colocados principalmente en entidades del sistema financiero boliviano, en bonos del Tesoro General de la Nación, así como en bonos de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores del país, muchas de las cuales son transnacionales.

También sucede que las AFPs compran bonos que emite el gobierno boliviano en mercados extranjeros, a través de financieras transnacionales, como el Bank of America, Merrill Lynch y JP Morgan, como ya sucedió en 2017.

En otras palabras, incluso cuando se presta al mismo Estado boliviano, los ahorros de los trabajadores quedan atrapados en una maraña de procesos financieros que terminan beneficiando a estos capitales financieros. En muchos casos, además, estos recursos pueden acabar financiando la propia actividad de las transnacionales en el país, que operan y lucran sin traer sus propios capitales desde el extranjero.

¿Empresas transnacionales que invierten con el dinero de los bolivianos?

Como se vio, al finalizar 2019 el 4,91% de la cartera de inversiones de las AFPs estaba colocada en “Bonos a Largo Plazo de sociedades comerciales”. Es decir, alrededor de 931 millones de dólares fueron destinados directamente a este fin. Por otro lado, aunque no se conoce un dato oficial, nada impide que los Depósitos a Plazo Fijo que las AFPs colocan en el sistema financiero puedan ser usados de esta manera.

Se puede caracterizar esta situación con un ejemplo particular. La empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. – TELECEL S.A., conocida comercialmente con el nombre de TIGO, es una empresa perteneciente en un 99,9% a la corporación transnacional MILLICOM, con sede en Luxemburgo y de la cual más de una tercera parte pertenece al holding sueco Investment AB Kinnevick.

Según información recabada en la página de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desde el año 2012 TELECEL ha emitido 5 paquetes de bonos (“Bonos TELECEL”) en la Bolsa de Valores boliviana, el primero por un valor de Bs. 1.360 millones, el segundo por un valor de Bs. 1.778 millones (segmentado en 3 emisiones), el tercero por un valor de Bs. 420 millones, el cuarto por un valor de Bs. 280 millones y el quinto ‒a principios de diciembre de 2020‒ por un valor de Bs. 350 millones.

Es decir, entre 2012 y 2019, la empresa TELECEL S.A. se ha endeudado a través de bonos por un monto total de Bs. 4.188 millones. Según la calificadora PCR S.A., para septiembre del año pasado, esta empresa acumulaba una deuda financiera y de valores por Bs. 2.161 millones, de los cuales Bs. 1.684 millones corresponde a deuda de largo plazo, dentro la cual se encuentra la emisión de bonos. El pasivo total de la empresa ascendía en ese entonces a Bs. 4.133 millones.

Si se considera que el patrimonio total de TELECEL S.A. era de Bs. 1.611 millones, se puede constatar que esta empresa opera, en gran medida, gracias a las deudas que contrae en Bolivia, gran parte de la misma proveniente del ahorro interno de la sociedad boliviana. Ya sea a través de los bonos que adquieren las AFPs o, en general, del excedente económico nacional que acaba en el sistema financiero y que es utilizado para la adquisición de este tipo de bonos.

En otras palabras, financiar la operación de transnacionales con dinero de bolivianos, así como permitir que los ahorros de los trabajadores de los bolivianos acaben en este flujo de rentabilidad para corporaciones y capitales financieros, hacen parte de un mismo esquema económico en el cual se inscribe la gestión de los fondos de pensiones.

Quizá esta época de crisis sea un buen momento para reflexionar al respecto. ¿Por qué en el momento en que el país necesita más excedente para impulsar su economía en crisis, se continúa financiando corporaciones transnacionales con recursos de los bolivianos que deberían servir para impulsar la economía nacional?