El envejecimiento, la informalidad y la tecnología desafían a América Latina

El envejecimiento, la informalidad y los cambios tecnológicos avanzan como desafíos para mejorar la cobertura, la calidad y la sostenibilidad de la protección social en los países latinoamericanos, apuntó un informe divulgado el pasado martes 3 por CAF, el banco de desarrollo de América Latina.

Más de ocho por ciento de la población latinoamericana tiene 65 años de edad o más, en comparación con 18 por ciento en Europa, pero esa cifra se duplicará, hasta 17,5 por ciento en 2050, y a finales de siglo llegará a 30 por ciento.

El gasto público regional en pensiones equivale, como promedio, a 4,3 por ciento del producto interno bruto: más de ocho por ciento en Argentina, Brasil y Uruguay, semejante al de los países del Norte industrializado, y menos de dos por ciento en Ecuador, Panamá o Paraguay.

El desafío de atender las demandas de servicios de las personas mayores supone una oportunidad para generar empleo e impulsar el consumo y el desarrollo económico

En salud, el gasto público alcanza a 4,1 por ciento del PIB, y encabezan la tabla Argentina, Uruguay y Costa Rica, mientras los más rezagados son Venezuela, Guatemala y México.

Sobre los sistemas previsionales y de salud se avizora una gran presión a medida que envejezca la población. Se prevé que el trabajador de la región pase de tener en promedio 36 años en 2000 a 44 años en 2050 y 47 años en 2100.

Por cada adulto mayor de 65 años hay en la actualidad cerca de seis trabajadores activos, pero se prevé que esa cifra puede caer a 2,8 en 2050 y a 1,3 en 2100.

El “Reporte de Economía y Desarrollo” de la CAF, dedicado al tema, proyectó el impacto del envejecimiento sobre el futuro de la protección social, pero también el de la informalidad, que alcanza a 63 por ciento de las personas ocupadas en la región.

Esa informalidad llegó a reducirse nueve puntos porcentuales entre 2005 y 2018, pero “el panorama se ha visto agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia de la covid-19”, señaló Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.

La informalidad “es una gran amenaza para la sostenibilidad de esa protección social. Los cálculos realizados sugieren que deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años”, dijo Sanguinetti.

Otra tendencia global relevante para la protección social es el avance, a diferentes velocidades, en la digitalización y automatización de los procesos productivos, pues esos avances tecnológicos pueden favorecer la sustitución de trabajadores por máquinas o la digitalización en la realización de tareas rutinarias.

También pueden aumentar la productividad en tareas no rutinarias y ampliar las oportunidades para la realización de nuevas tareas, de un modo que incide en la provisión de protección social, ya que afectan las trayectorias laborales y la distribución salarial.

Por ello, el estudio culmina recomendando líneas para diseñar sistemas de pensiones en la región, comenzando porque todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente, y luego porque el componente contributivo del sistema debe estar financieramente equilibrado, para ser sostenible.

El estudio utilizó una encuesta en 11 ciudades latinoamericanas para mostrar un amplio respaldo (en promedio 56 por ciento) al criterio de que haya una pensión mínima igualitaria para todos los mayores, independientemente de sus aportes.

En materia de salud, se propone “avanzar en una mejor integración de los distintos subsistemas, que lleve a reducir las brechas de calidad y de prestaciones entre ellos”,  así como desarrollar mecanismos de control de gastos y de uso eficiente de los recursos, así como nuevas políticas de prevención y cuidados.

“No todo es cuestión de gastar más”, sostiene el estudio, pues en la mayoría de los países de la región existe un margen importante para aumentar la eficiencia de ese gasto hasta mejorar en 10,6 por ciento, en promedio, la cobertura efectiva.

En cuanto a la sostenibilidad fiscal, el estudio sugiere combinar la ampliación de beneficios con mejorar la sostenibilidad financiera, como por ejemplo aumentar marginalmente la edad del retiro y, en todo caso, dotar al Estado de mayor agilidad y transparencia para implementar políticas efectivas en ese campo.

La informalidad ha aumentado en Bolivia

El cuidado de personas es oportunidad de crecimiento

El cuidado de las personas que envejecen es una oportunidad para el crecimiento del empleo y de la economía en América Latina y el Caribe, señaló un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para Marco Stampini, especialista en salud del BID “es fundamental que tanto los países como el sector privado entiendan que el desafío demográfico del envejecimiento de la población implica oportunidades de desarrollo económico y generación de oportunidades laborales y nuevos emprendimientos”.

En la región 11,2 por ciento de sus 650 millones de habitantes son mayores de 60 años, pero en 2050 ese segmento de la población será de 25,5 por ciento, según cifras del BID.

“Es fundamental que tanto los países como el sector privado entiendan que el desafío demográfico del envejecimiento de la población implica oportunidades de desarrollo económico y generación de oportunidades laborales y nuevos emprendimientos”: Marco Stampini.

Con la edad, destacó el reporte, aumenta la posibilidad de ser dependiente, es decir, de necesitar apoyo para realizar actividades diarias como comer o darse un baño, y en América Latina y el Caribe ocho millones de personas se encontraban en esa situación en 2015.

Para el año 2030 serán 27 millones, y ellas y sus familias impulsarán la demanda de servicios de cuidado, debiendo  enfrentar  cambios de rutina con cuidadores formales e informales, asistencia domiciliaria o en residencias de adultos mayores.

Ese escenario de aumento de la demanda de servicios de atención puede enfrentarse a una reducción de su oferta, la cual se basa principalmente en el apoyo informal de las mujeres.

En Argentina, por ejemplo, 77 por ciento de las personas mayores de 60 años con dependencia para realizar actividades básicas de la vida diaria reciben ayuda habitual de un familiar, y solo 16 por ciento de un cuidador especializado o un empleado doméstico no especializado.

En Costa Rica más de 300 mil personas (seis por ciento de la población) prestan apoyo frecuente a algún familiar o amigo para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, y en la mayoría de los casos la persona que cuida es cónyuge, hijo o hija.

En la región ocho de cada 10 cuidadores son mujeres.

El desafío de atender las demandas de servicios de las personas mayores supone una oportunidad para generar empleo e impulsar el consumo y el desarrollo económico.

El reporte del BID presentó algunos ejemplos, como el de Mario, un viudo de 89 años en Costa Rica cuyos dos hijos ya murieron, quiere permanecer en su casa y su nuera Norma, y sus nietos, quienes le ayudan, viven a 60 kilómetros de distancia.

Por su casa han pasado numerosos cuidadores, la mayoría informales. Las malas condiciones laborales hacen que la rotación sea alta. Y cada vez que un cuidador dice adiós, vuelve la difícil búsqueda de alguien que pueda apoyar a una persona con dependencia, respetando sus derechos y su autonomía.

Norma se pregunta qué pasará si algún día ella misma necesita asistencia. Un programa del BID, que diseña un sistema de atención a la dependencia para Costa Rica, valoró las condiciones de salud de Norma y en sus computadoras encontró 28 por ciento de posibilidades de necesitar apoyo.

En Uruguay está el caso de Delia, de 55 años, que se ha mudado con sus padres mayores de 80 y su rutina comenzó a girar exclusivamente en torno a limpiar, cocinar y asistir a sus padres a tiempo completo. No solo añoraba tiempo libre sino que ella misma empezó a sufrir problemas médicos por las tareas incesantes.

Uruguay se convirtió en 2015 en el primer país de la región en desarrollar un Sistema Integral de Cuidados, que incluye subsidios para contratación de asistentes personales y teleasistencia, y fue una solución para Delia, beneficiada al contar con la ayuda de dos asistentes personales.

Los beneficios de contar con sistemas nacionales de atención a la dependencia son evidentes, según el BID, pues quienes necesitan apoyo se favorecen de un mercado que ofrece servicios de calidad mediante recursos humanos profesionalizados.

Quienes brindan apoyo informal, en especial las mujeres, podrán beneficiarse de una distribución más justa de las tareas domésticas, pudiendo acceder al mercado laboral, y los trabajadores formales se benefician mediante la profesionalización del sector y el establecimiento de reglas claras.

Pero además, cuando las personas mayores gozan de buena salud, pueden ser más productivos, consumir más y contribuir a la economía de los países. Según los cálculos del BID, el consumo por parte de las personas mayores de 60 años en la región será en 2030 al menos 20 por ciento mayor que en 2015.