Bolivia: La reactivación económica que deja de lado a la población

El 24 de junio el gobierno boliviano anunció un paquete de medidas denominado “Programa Nacional de Reactivación y Empleo”, en el marco del D.S. N° 4272. En éste se consideran un conjunto de políticas que supuestamente tienen el objetivo de impulsar la economía luego de la cuarentena. Sin embargo, en el detalle de este programa se puede observar que, antes que nada, este tiene como propósito garantizar la estabilidad del sistema bancario y beneficiar a las grandes empresas. En cambio, la población podría quedar más endeudada.

Llama la atención cómo el Gobierno deja de lado en su programa la catástrofe humana y social producida por la Covid-19, como si no fuera una realidad presente que tiende a empeorar. Este programa pasa por alto lo esencial: la necesidad de una respuesta titánica para apuntalar el sistema sanitario, así como el apoyo que necesitan los sectores más afectados por la pandemia, algunos de los cuales viven situaciones desesperantes.

El núcleo del programa

El Programa Nacional de Reactivación y Empleo, que fue decretado por la presidenta Jeanine Añez el 23 de junio, se compone de cinco dimensiones: 1) programa directo de empleo, 2) financiamiento para la reactivación y preservación del empleo, 3) medidas de apoyo sectorial, 4) inversión pública y responsabilidad fiscal para la reactivación, y 5) apoyo a la demanda con protección social y financiamiento.

En el primer caso el Gobierno destinará $US 14,5 millones “iniciales” para generar “oportunidades laborales temporales a los sectores y regiones más afectadas”. Los recursos serán gestionados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, principalmente a través de la rehabilitación de infraestructuras de distinta índole.

La segunda dimensión puede considerarse el núcleo de la propuesta y básicamente se reduce a la inyección de $US 2.000 millones de dólares al sector financiero, para que éste tenga todas las garantías de otorgar los “créditos blandos” propuestos por el gobierno y para la reprogramación de los créditos que han sido afectados por la pandemia.

De ese total, $US 1.740 millones están destinados a “reprogramar créditos ‒ya existentes‒ a fin de preservar los empleos”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. En el decreto se puede observar que estas reprogramaciones son principalmente para sectores empresariales. Por el otro lado, 160 millones de dólares se destinarán a garantizar nuevos créditos para el sector empresarial mediano y grande.

Para las pequeñas y medianas empresas del país (la gran mayoría) se ha destinado un fondo de garantía de tan solo 17 millones de dólares. Mientras que el fondo de garantía para créditos para la vivienda es de $US 72 millones.

La tercera dimensión, de “apoyo sectorial”, es una mezcla de la utilización de los recursos financieros señalados anteriormente, con las medidas específicas para el sector agropecuario, sector vivienda y construcción, sector minero, sector turismo, sector transporte aéreo, sector telecomunicaciones.

Llama la atención, en el texto del decreto, la prioridad que se otorga al sector agrario exportador (agroindustria), mientras que el apoyo a los pequeños productores campesinos se financiará con cooperación internacional.

La cuarta dimensión tiene que ver con un conjunto de medidas de inversión ‒pública y privada‒ que deberían dirigirse a fortalecer el empleo. Además de medidas de austeridad para disminuir el gasto estatal, menos en sectores relacionados con la salud, educación, policía y militares.

En quinto lugar se plantea incentivar los créditos de consumo para la adquisición de productos nacionales, algunos subsidios para empresas pequeñas y medianas, y dirigir las compras estatales a productos nacionales.

Para el conjunto de estas medidas el Gobierno considera la utilización de 4.300 millones de dólares, que tienen como fuentes primarias de financiamiento fondos del TGN, créditos internacionales ‒actualmente detenidos en la Asamblea Legislativa‒, emisión de bonos soberanos y la utilización de 1.870 millones de dólares que estaban destinados a la Planta de propileno y polipropileno que debía construirse en Tarija, y cuya posible cancelación está generando mucho debate y controversia.

Reactivación sin salud

En la foto el ministro Oscar Ortiz explicando el programa de reactivación

En la conferencia de prensa, en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, el de Planificación, Carlos Díaz, el de Economía José Luis Parada y el de la Presidencia, Yerko Nuñez, esté último destacó la necesidad de pasar a una “nueva etapa, de renacer, de reivindicarse y de reactivarse”, apreciación que fue reiterada por el resto de los ministros.

Llama la atención el tono de estas apreciaciones, que parecieran desconocer la situación de crisis sanitaria en el país y la profundización de sus consecuencias. El mismo día de esa conferencia de prensa, Bolivia registró una de las cifras más elevadas de contagios (1.098) desde que se inició la pandemia. Además, también ese día fueron registrados 30 decesos relacionados con la Covid-19.

Las últimas semanas, luego de haberse levantado la cuarentena rígida, los casos de coronavirus se incrementaron dramáticamente en el país. Bolivia tiene una tasa de mortalidad que ha ido en pronunciado ascenso, llegando a 7,5 fallecidos por Covid-19 por cada 100 mil habitantes, lo que nos deja en el puesto 39 dentro del grupo de países con las tasas de mortalidad más elevadas del mundo.

En este sentido, el Gobierno no ha sido claro en explicar cuáles son los criterios para considerar que el país ha ingresado a una “nueva etapa”.

Lo anterior es preocupante porque al considerar una nueva etapa, el Gobierno ha decidido ya no incorporar una estrategia económica específica para enfrentar la deplorable situación sanitaria con la que se está enfrentando la pandemia.

En los últimos días, varios hospitales del país colapsaron, hay personas que están muriendo en las calles por los síntomas producidos por la Covid-19. Tampoco existen condiciones sanitarias para una detección masiva de los casos de contagio, el personal sanitario trabaja en condiciones lamentables, más en departamentos como Beni y Pando. Sin embargo, la nueva estrategia económica del país no considera estos problemas.

Al parecer esto tiene que ver con la perspectiva asumida por el Gobierno, en el que el problema de la salud ahora es un problema de cada quien, como lo señaló en el mismo evento el ministro Carlos Díaz: “Buscamos salud para todos los bolivianos, eso lo logramos evidentemente con la conducta y la disciplina social que tengamos cada uno de nosotros para evitar el contagio”

Y continuó: “salgamos a las calles dentro de las disposiciones que establecen las cuarentenas, salgamos con la disciplina que corresponde, con el distanciamiento físico, con las medidas de seguridad que corresponden y así vamos a evitar los contagios, y en esa medida también nos permite ingresar en un nivel de actividad económica más dinámica y mayor”.

Los números del empleo no cuadran

Según las cifras presentadas por el ministro Ortiz, este conjunto de medidas económicas permitirá proteger por lo menos 4,5 millones de empleos en el país. Este número es llamativo porque, según datos de UDAPE, para 2018 la población ocupada del país alcanzó 5,5 millones de personas. Si en un escenario optimista esta cifra hubiese llegado a 6 millones antes de la pandemia, el Gobierno estaría afirmando que resguardará un 75% del empleo en el país.

Sin embargo, si se consideran datos recientes del PNUD, se estima que el 73,2% del empleo es de carácter informal, es decir, poco más 4.3 millones de trabajadores. Por tanto, esto implicaría que, de ser real, este programa no solo resguardaría el empleo de todos los trabajadores formales (1,7 millones), sino el de la gran mayoría de trabajadores informales.

“Una caída significativa de sus ingresos [de los hogares] podría provocar sobreendeudamiento y la pérdida de sus activos”. CEPAL

Pero los datos anteriores simplemente no cuadran con las políticas implementadas y con el tipo de trabajo que tiene el país. De los $US 2.318 millones que se han considerado como “financiamiento base del programa” solo $US 14 millones hacen parte del “programa directo de empleo”, con el cual podría darse una contratación inmediata de 50 mil trabajadores actualmente desempleados.

Aunque, de suceder esto y considerando el salario mínimo, ese monto a duras penas alcanzaría solo para un mes de contratación. Si bien se considera que este es un monto inicial, el decreto no explica la sostenibilidad del “programa directo de empleo”.

Pero lo que menos se entiende es cómo este plan podría resguardar de manera inmediata el empleo de las 4,25 millones de personas del  sector informal que no se beneficien del “programa directo de empleo”. Ya que el grueso del apoyo será realizado a través del sistema financiero y de la otorgación de créditos, algo que de por sí complica a la gran mayoría del sector informal

Más aún si se considera que el 60% de este sector pertenece al estrato medio vulnerable y al estrato bajo, lo que los aleja mucho más de cualquier posibilidad de acceder a una línea de crédito.

Un ingreso básico para satisfacer necesidades

En realidad, el Programa Nacional de Reactivación y Empleo tiene como lineamiento estratégico una gran inyección de capital al sistema financiero boliviano bajo el formato de “fondos de garantías”, que lo que permitirá es garantizar a los bancos que no pierdan cuando la población no pueda pagar sus deudas. Además, con los nuevos créditos que se otorguen los más beneficiados serán las grandes empresas.

Este programa contrasta diametralmente con propuestas realizadas por instituciones como la CEPAL, que ‒junto a otros organismos internacionales‒ señalan que la dramática situación que viven millones de personas como consecuencia de la pandemia, debería ser el centro de atención de la política pública durante los siguientes meses.

“Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”

Éste es un elemento que el programa económico actual simplemente no considera. Los bonos que fueron entregados por única vez, no fueron ni la cuarta parte de un salario mínimo para quienes pudieron recibirlo. Por el contrario, la posición de otorgar un ingreso básico establece que estas transferencias deberían tener una duración de por lo menos tres meses; “aunque ‒como señala la CEPAL‒ seis meses o un año darían una mejor protección a la población”.

El punto de partida de cualquier programa de reactivación de la economía debería pasar por comprender que lo que está en juego es la vida de la población, y todos los esfuerzos deberían apuntalar las condiciones para su cuidado.