Gobierno por wifi, Estado con la puerta abierta

Rodrigo Paz pasó casi toda la primera quincena de noviembre fuera del país, amparado en un decreto que le permite mandar por medios tecnológicos. En esos mismos días, las bases de datos de cuatro instituciones del Estado aparecieron en oferta en un foro clandestino.

El miércoles 11 de noviembre, la Asamblea Legislativa inauguró su segunda legislatura sin el presidente. Rodrigo Paz había avisado por carta que la cumbre del clima en Antalya requería su presencia, y ese mismo día, según el servicio de monitoreo Kalir Brief, un usuario llamado konata_izumi_shell colgaba en DarkForums una base con 2.652 registros del personal del Senado. El presidente estaba en Turquía, y los datos de los funcionarios que lo esperaban en la sesión, en un foro de compraventa.

El 15 de noviembre, el colectivo Hacking Bolivia lanzó como alerta que en el mismo escaparate se ofrecían 654.414 registros del Senarecom (quién vende, quién compra, cuánto pesa y cuánto vale el oro, la plata, el estaño y el zinc del país, cuentas bancarias incluidas), más de 170 gigabytes de la Cancillería con 619.143 expedientes de extranjeros, y seis gigabytes de documentos internos del Ejército. El lunes 16, la Cancillería admitió que existe un “incidente de seguridad informática”, y todavía analiza si hubo un acceso no autorizado.

Para ser precisos, las cifras son las que declara quien vende, y nadie las ha auditado. No sabemos cuándo entraron, pero sabemos que la mercancía fue puesta en la vitrina durante una gira que tuvo al presidente en España desde el 2 de noviembre y en Turquía hasta el 14, con una escala en La Paz para cambiar de maleta.

DS 5515

Paz no deja nunca el mando. Tiene la silla digitalmente pegada al cuerpo y no puede ni quiere cederla al vicepresidente desde el 29 de diciembre de 2025, cuando gracias al Decreto Supremo 5515 dispuso que el presidente ejerza sus atribuciones “a través de medios tecnológicos de comunicación” cuando está fuera del territorio. El Tribunal Constitucional admitió en mayo una acción de inconstitucionalidad y, hasta donde se sabe, no la ha resuelto. Fernando Cerimedo, el asesor en cuyo inmueble la Fiscalía halló una granja de bots, admitió haber ayudado a redactar ese decreto.

Y dos semanas después llegó el 5519, que disolvió la agencia que dependía de la Vicepresidencia y concentró en la AGETIC, bajo el Ministerio de la Presidencia, la firma digital, la certificación electrónica y el dominio .bo. Es decir, el presidente gobierna a distancia sobre una infraestructura que él mismo centralizó, y cuya seguridad depende de la misma agencia que hoy ayuda a la Cancillería a averiguar qué se llevaron.

A Turquía lo acompañó Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, de quien depende la AGETIC y que además tutela Exteriores. El responsable político de la agencia que cuida los sistemas, y del ministerio vulnerado, estaba a veinte horas de vuelo, pero, eso sí, tenía wifi. El poder viaja con el presidente, pero el decreto no se hace responsable sobre lo que queda en casa.

Viva Bolivia Digital

En febrero, al lanzar el programa de Ciudadanía Digital, el presidente gritó “viva Bolivia Digital” y prometió un Estado digital capaz de eliminar la corrupción, con cada contrato a la vista en el Centro de Gobierno. La AGETIC anunció más de 600 trámites en línea para este año. En agosto, Entel, la ATT y la AGETIC presentaron “Bolivia Cibersegura 2026”. El programa cerró con 56 funcionarios capacitados, de 19 instituciones, y nada más.

El 10 de noviembre, un día antes de que la base del Senado apareciera en el foro, el ministro de Gobierno y el embajador de Israel acordaron cooperar en ciberseguridad. Y ahora, según escribió en X Hugo Miranda, de la Fundación InternetBolivia.org, el hackeo “es serio serio” y están llamando a gente del exterior para solucionarlo. Es otra manera de evaluar la situación del Estado luego de un año de nueva gestión, primero digitalizado por decreto, luego ajustado con la firma de un convenio, y, finalmente, asistido por bomberos importados cuando todo revienta.

Mientras tanto, Bolivia no tiene una ley de protección de datos personales, ni de ciberseguridad, ni estrategia nacional aprobada. Los proyectos de ley que tocan la inteligencia artificial siguen archivados o sin tratar. La división de Cibercrimen de la Policía admitió que trabaja con dos artículos del Código Penal y unos pocos especialistas, y no hay norma que obligue a la Cancillería a avisar a cada uno de los 619.143 extranjeros que su pasaporte puede estar en venta. No hay autoridad a la que reclamar.

Soberanía de papel

Desde hace meses el manifiesto de Palantir avanza por el vecindario mientras Bolivia discute otras cosas. La dependencia es preocupante, con Starlink en las escuelas, la Ciudadanía Digital como sistema nervioso listo para que alguien se enchufe, y los acuerdos de inteligencia firmados sin control legislativo. Pero esta semana hay otra cosa que parece elemental, y es que antes de discutir a quién le entregaremos los datos, habría que tenerlos bajo llave.

Si nuestro Estado es incapaz de custodiar un registro de minerales, será incapaz de negociar minerales críticos. El 27 de abril se firmó con Washington un memorando sobre esos minerales cuyo texto completo no conocemos, y nadie sabe si algún día, quizá, será filtrado. Si la denuncia se confirma, el mapa del comercio de la minería boliviana se estaría rematando al mejor postor.

Si nuestro Estado no puede custodiar expedientes de visas, no hay política migratoria, sino un archivo abierto, poroso como las fronteras. Y hablando de “vengan de a uno”, con risa de final boss de fondo, qué decir de un Ejército cuyos manuales de ciberdefensa circulan en foros.

Claro que esta fragilidad polluela no nació el 8 de noviembre de 2025. La AGETIC ya había admitido una filtración en octubre de ese año, y el mismo alias viene anunciando bases bolivianas desde mayo (las del Bono Juana Azurduy, los internos de salud rural, la Agencia Estatal de Vivienda), pero este gobierno lleva un año concentrando lo digital en la Presidencia con la misma velocidad con que abrogó la Ley 1341, y ni un día defendiendo en la Asamblea las leyes que protegerían lo que concentra. La herencia explica el agujero en el Estado, pero no que, un año después, siga fugando la soberanía.

El país donde Paz inauguró su gira, España, dejará vencer el 30 de noviembre el contrato de su inteligencia militar con Palantir, según adelantó el diario La Vanguardia. Si le alcanza con Indra y Telefónica, es para discutirlo, pero no se puede negar que allá tomaron una decisión y que aquí la soberanía digital es un concepto que aparece solo en los discursos, sin correlato en el presupuesto.

Por cierto, circula una imagen firmada por MortemTeam, como viñeta de anime, que se burla de quienes negaron el ataque y promete más filtraciones “de su información de mierda”. El aviso está dado, la puerta sigue abierta, léase sin tranca, y el presidente insiste en gobernar por videollamada.

Bolivia vuelve al mundo, pero sus datos llegaron primero.

Doom scroll.


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