El manifiesto avanza, mientras Bolivia discute otra cosa

El 8 de septiembre de 2026, Jacob Coxon, investigador de preentrenamiento que trabajó tanto en OpenAI como en Anthropic, renunció a esta última empresa y publicó un hilo que decía que ambas compañías están “corriendo directamente hacia una superinteligencia auto-mejorante y apostando con nuestras vidas”. Cuatro días después, el 12 de septiembre, Dario Amodei, CEO de Anthropic —la empresa cuyo modelo Mythos ya generó alarma en agencias federales estadounidenses por su capacidad de penetrar sistemas informáticos—, publicó un ensayo titulado “We Must Pace the Frontier” en el que reconoce que la IA avanza “drásticamente más rápido” gracias a su capacidad de mejorarse a sí misma, y advierte que un enjambre de agentes con mayor capacidad que el que ya protagonizó un incidente de ciberseguridad no autorizado podría, en seis a doce meses, “tomar control de todo internet con una botnet persistente” causando cientos de miles de millones de dólares en daños.

Esas frases las escribió el hombre que dirige una de las tres empresas que definen el techo de lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy, mientras el gobierno de Bolivia intentaba explicarle a la Asamblea por qué necesita más dinero del FMI, mientras un asesor presidencial cumple prisión preventiva acusado de intentar asesinar a su pareja y de enriquecerse ilícitamente, y mientras esa misma pareja denuncia que la “granja de bots” sigue operando narrativas y órdenes institucionales.

La advertencia de Amodei y el escándalo Beller/Cerimedo son dos caras de una tecnología que se despliega más rápido de lo que cualquier institución, incluidas las que la construyen, puede supervisar, y un país, Bolivia, que discute su propia legitimidad política mientras esa tecnología —y la infraestructura de poder que la sostiene— se instala en su territorio sin que nadie la esté mirando.

Israel, Estados Unidos y la normalización acelerada

En noviembre de 2025, apenas asumió Rodrigo Paz, Bolivia restableció relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde 2009 y de nuevo desde 2023 tras la guerra en Gaza. El acuerdo se firmó en Washington, no en La Paz ni en Tel Aviv, un detalle que el propio canciller israelí Gideon Sa’ar subrayó como prueba de que la normalización ocurre “en coordinación estrecha con Estados Unidos”. Israel calificó a 2026 como “un año de oportunidad” en la región. Bolivia eliminó la exigencia de visa para turistas israelíes. Netanyahu invitó a Paz a visitar Israel. En abril de 2026, Bolivia recibió las cartas credenciales del embajador israelí Gali Dagan, y desde entonces no ha dejado de sonar la “ayuda técnica” en las noticias que lo nombran.

Con Estados Unidos el ritmo ha sido aún más veloz. En marzo, Bolivia participó del “Escudo de las Américas” en Miami, la alianza de seguridad regional impulsada por Washington. Ese mismo mes comenzó el retorno de la DEA a territorio boliviano, expulsada en 2008 por Evo Morales, con base en La Paz y “tareas de inteligencia e intercambio de información”, según confirmó el propio ministro de Defensa boliviano. En junio, Bolivia y Estados Unidos firmaron una Carta de Acuerdo por hasta 20 millones de dólares para “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional” —el mismo lenguaje, la misma arquitectura conceptual, que en la región ha servido de puerta de entrada a los contratos de Palantir en Ecuador. En abril, Estados Unidos y Bolivia firmaron además un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, con el litio como pieza central.

Los acuerdos dibujan primero la normalización diplomática, después la cooperación en seguridad e inteligencia, después el acceso a los recursos estratégicos. Es la secuencia que Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay ya recorrieron con Palantir de por medio. Bolivia la está recorriendo ahora, con el agravante de hacerlo en medio de una crisis de gobernabilidad que le resta capacidad de negociación.

La injerencia Cerimedo

El 17 de agosto de 2026, Nadia Beller, abogada y expareja de Fernando Cerimedo —consultor argentino, fundador de La Derecha Diario, exasesor de Javier Milei y asesor personal del presidente Rodrigo Paz—, recibió tres disparos de sicarios frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Beller, embarazada, sobrevivió y acusó públicamente a Cerimedo de haber ordenado el ataque para silenciarla. La Justicia boliviana dictó 180 días de prisión preventiva contra él por feminicidio en grado de tentativa, luego por enriquecimiento ilícito. En allanamientos posteriores, la Fiscalía encontró en propiedades vinculadas a Cerimedo fajos de dinero en efectivo, un teléfono satelital, una motocicleta, indumentaria policial, un vehículo con destellador, muebles con compartimentos ocultos y una “granja de bots” en un inmueble suyo en La Paz.

Beller lo calificó como “un crimen de Estado”. El vicepresidente Edmand Lara, en una ruptura del silencio oficial, calificó a Cerimedo como “el principal sospechoso” y exigió una investigación independiente. Cerimedo, cabe recordar, es la misma figura que aparece operando manipulación electoral en Argentina, Brasil y Honduras junto a Bolsonaro y Milei, y cuyo entramado de “granjas de bots” ya había sido señalado como instrumento de interferencia en procesos electorales de la región, incluyendo el escándalo del Hondurasgate y la manipulación narrativa detectada en las elecciones colombianas de 2026.

Que un hombre con ese perfil haya operado durante meses en el corazón del Palacio Quemado, con acceso directo al presidente, y que su caída se haya producido no por una investigación institucional sino por el intento de asesinato de su pareja, dice algo estructural sobre el estado de las defensas institucionales bolivianas frente a la injerencia extranjera. No fue el Estado boliviano el que detectó la operación. Fue una bala.

Gaza como laboratorio, y el mundo como sala de espera

En julio de 2026, el vicesecretario de Defensa estadounidense Steve Feinberg declaró el Maven Smart System de Palantir —el mismo software que comprimió el ciclo de decisión letal en la guerra contra Irán y que fue usado para seleccionar objetivos en Gaza, incluida una escuela de niñas donde murieron 168 personas— como “programa de adopción permanente” y “piedra angular” de la estrategia de inteligencia artificial del ejército estadounidense. Analistas como Pablo Tigani, de la Universidad de Buenos Aires, han descrito a Argentina como un “laboratorio ideal” para el “Authoritarian Stack” y el desarrollo de estas herramientas. Es la lógica de negocio explícita de Palantir, el mismo método de “land and expand” documentado en cada país donde la empresa ha entrado, desde el NHS británico hasta la Aduana ecuatoriana.

Lo que ocurre en Gaza —selección algorítmica de objetivos, vigilancia biométrica total, cero rendición de cuentas una vez desplegado el sistema— es el punto más avanzado de una curva de aprendizaje que las mismas empresas, los mismos contratos y los mismos gobiernos están trasladando, con las adaptaciones necesarias, hacia el sur del continente americano. Bolivia tiene, además, un atractivo específico que Gaza no tiene: litio en el salar de Uyuni, gas, agua, y una geografía de cinco fronteras porosas que la convierte en nodo estratégico para el control regional del narcotráfico, la migración y, cada vez más, los datos.

Mientras tanto, la Asamblea duerme

Los proyectos de ley sobre inteligencia artificial que circulan en el Legislativo boliviano —el PL-558/24, el PL-CS-178, el PL-310, el PL-288 y el PL-102— siguen sin debate, algunos formalmente archivados. La diferencia, unos meses después, es que la Asamblea tiene ahora razones adicionales para no ocuparse de ellos: está consumida por la negociación con el FMI, por la crisis de combustibles y transporte que dejó más de 20 muertos en las protestas de mayo y junio, por varias abrogaciones pendientes, y ahora también por el escándalo Cerimedo. Cada uno de estos frentes es legítimo y urgente, pero su acumulación hace que, mientras el país discute quién gobierna y con qué legitimidad, nadie discuta qué infraestructura de vigilancia, qué acuerdos de inteligencia y qué dependencia tecnológica se están instalando debajo de esa discusión.

La Ley 1341 —que ponía límites procesales al estado de excepción— fue abrogada en cuatro días de sesión virtual, mientras los proyectos de regulación de IA llevaban meses o años sin debate. Cuando el Estado boliviano es veloz para ceder garantías, y lento para regular el poder de terceros sobre los datos de sus ciudadanos, estamos hablando de asimetría política, y podemos ver con toda claridad de qué lado están las prioridades del Ejecutivo.

La advertencia que viene de adentro

Volvamos a Amodei y a Coxon, porque su testimonio importa precisamente por venir de adentro del proyecto, no de sus críticos externos. Coxon escribe que los ejecutivos de estas empresas “moderarán su lenguaje en la prensa para sonar sensatos” pero “expresan miedo en privado”, y que Anthropic —a diferencia de OpenAI, según él— sí ha interiorizado las apuestas civilizatorias en juego, pero está “atrapada en una carrera por llegar primero”, convencida de que nadie más actuará con responsabilidad. Amodei, por su parte, propone un plan de tres pasos —evaluadores externos incrustados en las empresas, coordinación entre democracias, coordinación global con potencias autoritarias— que él mismo reconoce que puede llegar demasiado tarde o resultar insuficiente frente a China.

Lo que ambos comparten es el reconocimiento de que la carrera tecnológica avanza gobernada por una lógica de competencia entre un puñado de corporaciones y dos gobiernos —Washington y Pekín—, con la geopolítica del resto del planeta como variable subordinada. Bolivia no aparece en ningún párrafo de Amodei ni de Coxon. Y ese es el punto, pues los países sin voz son los que reciben, sin negociación real, las consecuencias de las decisiones de otros. Cuando Amodei habla de “mantener la ventaja de las democracias sobre las autocracias” y de no vender chips ni tecnología a China, está describiendo una arquitectura de bloques donde América Latina figura como territorio a asegurar, y nada más. El acuerdo Trump-Xi de mayo de 2026 para administrar conjuntamente el acceso a los modelos más potentes confirma que el duopolio decide quién entra a la carrera. Bolivia tiene dos proyectos de ley archivados, y una Asamblea ocupada en otra cosa.

Lo que queda

Nada de esto es irreversible, todavía. Bolivia no ha firmado ningún contrato conocido con Palantir, o cualquier otra entidad de inteligencia transnacional. La ley de litio sigue en debate. La Asamblea, pese a todo, puede sacar los cuatro proyectos de IA de los cajones donde duermen, puede exigir que cualquier acuerdo de inteligencia con Estados Unidos o Israel pase por control legislativo, puede investigar con independencia real qué hacía una “granja de bots” en la casa de un asesor presidencial y quién más tenía acceso a ella. Puede, en otras palabras, ejercer la soberanía que en el papel ya reconoce tener.

Pero cada semana que ese ejercicio se posterga por otra urgencia, real o inventada, es una semana en la que el reingreso de Israel, la vuelta de la DEA, el memorando de minerales críticos y el silencio sobre lo que ocurre dentro del entorno presidencial se convierten un poco más en hechos consumados.

El tiempo que Dario Amodei le pide al mundo, es el que debería darse Bolivia a sí misma, pero al revés, para que la política interna, con toda su legitimidad y personajes de viejas y nuevas generaciones, no le robe al país el tiempo que necesita para decidir qué clase de infraestructura de poder quiere dejar entrar por la puerta de la seguridad, la inversión y la modernización.

El manifiesto de Palantir sigue avanzando. La carrera de la superinteligencia, según sus propios arquitectos, se está acelerando más de lo que ellos mismos pueden controlar. Y Bolivia, mientras tanto, discute otra cosa.

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