Excepción para todos

Bolivia lleva más de tres semanas con las carreteras cortadas en siete departamentos, La Paz virtualmente sitiada, enfrentamientos diarios en El Alto y una demanda de renuncia que crece sobre el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien llegó al poder hace apenas seis meses. El domingo 24 de mayo, el Senado boliviano aprobó, con más de dos tercios de votos, en tiempo récord, aprovechando la sesión solemne por la efeméride de Chuquisaca en la Casa de la Libertad, la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción.

El mismo día, el Comité Pro Santa Cruz cumplió el plazo del ultimátum que le dio al gobierno para despejar las carreteras del departamento, especialmente San Julián, o la ciudadanía “se organizará para liberar los puntos de bloqueo” por su cuenta.

Son dos presiones simultáneas sobre el mismo gobierno, desde extremos opuestos del país, que describen la encrucijada real en la que se encuentra Rodrigo Paz.

Lo que desaparece

La potestad constitucional de declarar el estado de excepción sigue habilitada por el artículo 137 de la Constitución. Lo que desaparece con la Ley 1341 es el procedimiento detallado, la mayoría absoluta de la Asamblea como requisito para sostenerlo, los plazos fatales de 24 y 72 horas, la facultad legislativa de introducir modificaciones vinculantes, y la prohibición expresa del uso de fuerza letal mientras el Ejecutivo no hubiera sometido a la Asamblea los reglamentos militares sobre uso de armas, reglamentos que ninguna administración, incluida la de Paz, llegó a entregar.

La Ley 1341 no nació por casualidad. Fue la respuesta institucional a los hechos de noviembre de 2019 en Senkata y Sacaba, en los que operativos conjuntos de policías y militares, bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y amparados por el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas del orden, causaron la muerte de al menos 20 civiles, según documentó la Defensoría del Pueblo de Bolivia en su informe “Crisis de Estado”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estos hechos de masacres en diciembre de 2019, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia creada a pedido de la propia CIDH, ratificó esa calificación en su informe de agosto de 2021. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que munición letal fue la causa de todas las muertes.

Jeanine Áñez estuvo cuatro años y ocho meses en la cárcel acusada de haber tomado ilegalmente la presidencia de Bolivia. Fue liberada el 6 de noviembre de 2025, dos días antes de la asunción de Paz Pereira. A la fecha, ninguna sentencia judicial en firme ha establecido responsabilidades penales individuales por esas muertes. El proceso contra Áñez fue remitido a juicio de responsabilidades ante la Asamblea, instancia que todavía no lo ha tramitado. Los hechos están documentados. La justicia, pendiente.

Fue para que aquello no pudiera repetirse sin costo institucional que Eva Copa promulgó la Ley 1341 en julio de 2020, aunque tomó tres meses más verla publicada en la Gaceta Oficial. Ayer, el Senado presidido por Diego Ávila, político de alta confianza del presidente Rodrigo Paz, la abrogó.

Texto y subtexto

El presidente del Senado, Diego Ávila, presentó el proyecto sosteniendo que la norma vigente generaba “limitaciones para la aplicación de mecanismos constitucionales en escenarios extremos”. Hay una ingeniería discursiva precisa en esas palabras, pues lo que protege al manifestante de la represión sin rendición de cuentas se convierte, en el nuevo relato, en lo que “desprotege” a los bolivianos.

El gobierno de Áñez también actuó bajo el paraguas de la “pacificación”. Áñez gobernaba sin legitimidad de origen y necesitó un decreto. Paz tiene legitimidad electoral y utiliza el proceso legislativo. Pero el DS 4078 de entonces y la abrogación de la Ley 1341 de hoy son, en esencia, el mismo instrumento con diferente factura legal. Difieren en procedimiento, pero ambos comparten la reducción del costo jurídico institucional del uso de la fuerza del Estado contra la protesta.

El gobierno retrocede, salvo ante la presión de la calle

En seis meses, el gobierno de Paz ha revertido cada medida estructural que intentó. El DS 5503 de diciembre de 2025 eliminó la subvención a los hidrocarburos, elevando el precio del diésel en un 163%. Tres semanas de bloqueos de la COB bastaron para que el gobierno lo abrogara en enero de 2026, conservando los nuevos precios en una norma sustituta. Paz llamó a eso un “instrumento que cumplió su función”, una forma elegante de decir que cedió. La Ley 1720 de Reconversión de Tierras, promulgada en abril, fue abrogada el 13 de mayo tras una marcha indígena de veinticuatro días desde la Amazonía. El DS 5591 cedió ante la presión de los productores arroceros.

El gobierno de Paz retrocede ante la presión sectorial cuando esa presión es suficientemente costosa. Retrocede en la economía. Retrocede en las tierras. Retrocede en los combustibles. Pero ante la demanda de renuncia que hoy copa las calles de siete departamentos, con más de cincuenta puntos de bloqueo activos y La Paz desabastecida durante semanas, el gobierno no retrocede. En cambio, abre el camino al estado de excepción.

¿Qué distingue la magnitud de esta protesta de las anteriores, para que ahora el mecanismo de respuesta no sea el diálogo sino la acumulación de poder coercitivo?

La “gasolina basura”

La crisis que hoy desemboca en ese asedio comenzó con la “gasolina basura” a principios de 2026. Entre abril y mayo, la Universidad Mayor de San Andrés detectó metales pesados como plomo y manganeso en muestras de combustible de surtidores paceños. El Colegio de Ingenieros Mecánicos constató que el 60% de los vehículos que llegaban a talleres tenían problemas vinculados al carburante. Más de 11.000 ciudadanos presentaron denuncias por daños mecánicos. El gobierno atribuyó el problema a “residuos de la gestión anterior”. Los contratos de adquisición del combustible permanecen bajo reserva en YPFB.

El efecto político fue devastador porque contradijo la premisa central del modelo de Paz. Los bolivianos que habían aceptado pagar más por el combustible en diciembre, parte del ajuste presentado como condición necesaria para la recuperación, descubrieron que estaban pagando más por un combustible que dañaba sus motores. Buena parte de la población percibió la gran promesa de campaña como una estafa para todos, sin distinción de región, clase o etnia.

Los datos del oriente

El común denominador de la narrativa es que el conflicto es un problema del occidente: La Paz, El Alto, los ponchos rojos, el MAS, el Evo. Pero la marcha que dio inicio a las protestas que hoy bloquean el país no vino solo de El Alto ni de La Paz. Una parte sustantiva partió desde Pando, en el norte amazónico, y fue extendiéndose departamento a departamento. La geografía de los bloqueos abarca tanto el occidente andino como zonas rurales del oriente y el norte.

Según el Censo de Población y Vivienda 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes. Santa Cruz, con 3,12 millones, es hoy el departamento más poblado, superando por primera vez a La Paz (3,02 millones). Cochabamba suma 2,0 millones. El eje troncal concentra el 72% de la población nacional. Pando, con 130.000 habitantes, registró la tasa de crecimiento más alta del país entre 2012 y 2024 (18,4%). Beni tiene 477.000. El mismo censo documentó que el 38,7% de los bolivianos se autoidentifica con alguna nación u origen indígena u afroboliviano, proporción que ha caído sostenidamente desde el 62% de 2001 y el 41% de 2012. El 61,3% restante se identifica como mestizo, blanco u otro origen, con una distribución mayoritariamente urbana y con peso creciente en el oriente del país.

Mientras tanto, desde Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz movilizó a 24 sectores cívicos, productivos y vecinales de las 15 provincias y 56 municipios del departamento en la llamada “Gran Marcha por la Democracia”. Su posición oficial apoya la continuidad de Paz (el presidente cruceño del Comité, Stello Cochamanidis, afirma que las protestas son “un intento de golpe”) pero le exige actuar con firmeza, declara que “la democracia está secuestrada” y fijó el plazo del domingo 24 de mayo para desbloquear las rutas. El vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, aprovechó la manifestación para proclamar que las crisis recurrentes de Bolivia “nacen de la excesiva concentración de decisiones en La Paz” y que el federalismo es el objetivo. El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, proviene de la alianza Libre de Jorge Quiroga, el candidato que perdió ante Paz en el balotaje de octubre. Es, formalmente, oposición.

Los datos revelan un escenario en el que el gobierno es presionado simultáneamente desde el occidente, que exige su renuncia, y desde el oriente, que exige que use la fuerza para mantenerse, al tiempo que avanza sus propias demandas de descentralización política y fiscal. Los intereses de la región más dinámica y poblada del país no se resuelven con un estado de excepción o una renuncia. Necesitan el pacto fiscal que el gobierno prometió y aun no tramita ante la Asamblea.

“Bolivia, Bolivia, Bolivia”: el discurso y su reverso

Rodrigo Paz llegó al poder con tres eslóganes: “capitalismo para todos”, “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia” y una invocación casi litúrgica del nombre del país como si la reiteración fuera en sí misma un proyecto de nación. El “capitalismo para todos” sedujo a la nueva burguesía aymara surgida durante el MAS: pequeños empresarios, transportistas y comerciantes informales que encontraron en el discurso de Paz un reconocimiento a su trayectoria. La promesa respondía a la demanda real de un país con una economía donde 85% de la actividad es informal y donde el Estado ha funcionado históricamente como obstáculo.

A estas alturas, las promesas de crédito accesible y reducción de aranceles permanecen “en proceso”, sin medidas específicas. El presupuesto de 2026 ha sido reformulado y se espera su aprobación, mientras el FMI proyecta una contracción del PIB del 3,3% para este año, con inflación superior al 20% y reservas internacionales por debajo de los 2.000 millones de dólares. El dólar informal ronda los 10 bolivianos.

“Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia” tuvo como traducción concreta la incorporación al Escudo de las Américas, la coalición de Trump lanzada en Florida en marzo de 2026, donde Paz participó junto a Milei, Bukele, Kast y otros, y aceptó entrenamiento militar estadounidense para las fuerzas armadas bolivianas. Investigadores bolivianos advirtieron que el acercamiento era de “altísimo riesgo” y que, bajo la fachada de la lucha contra el narcoterrorismo, Washington podría exigir la militarización de zonas cocaleras o el acceso a recursos estratégicos como el litio como pago por facilitar el endeudamiento del país. Las reservas bolivianas figuran entre las mayores del mundo y no aparecen en los comunicados oficiales de la alianza, pero sí en el más reciente memorando de entendimiento.

El Escudo de las Américas calificó las protestas bolivianas de intento de “derrocamiento” para instalar un “gobierno de la muchedumbre”. A las claras, no actúa como garante de la democracia boliviana, sino de la estabilidad del gobierno que más conviene a los intereses estratégicos de Washington.

Cuando Paz declara que defender a Bolivia es defender “los intereses de la patria y del continente”, y cuando ese continente tiene por arquitecto a Donald Trump, nos tenemos que preguntar de qué Bolivia habla Rodrigo Paz cuando dice “Bolivia” sin parar.

El estado de excepción y sus consecuencias

Si la abrogación de la Ley 1341 avanza en Diputados y el Ejecutivo declara el estado de excepción, las consecuencias sobre el programa de gobierno serán inversas a las que el presidente necesita. El “capitalismo para todos” requiere instituciones predecibles, libertad de circulación y contratos que se cumplan. El estado de excepción restringe o suspende exactamente esas condiciones. La inversión que el modelo prometía atraer no llega a un país en estado de excepción. La seguridad jurídica que los emprendedores de la nueva burguesía aymara necesitan para formalizar sus negocios no existe cuando el Ejecutivo opera con menor control parlamentario.

Hacia afuera, un estado de excepción con uso de fuerza letal en El Alto, en la misma ciudad donde en 2019 murieron diez civiles durante los operativos documentados por la Defensoría del Pueblo y la CIDH, generaría una presión de derechos humanos que ni el Escudo de las Américas ni el FMI ni el BID podrían gestionar completamente en público. Israel, con quien Bolivia reanudó relaciones en el giro diplomático hacia la derecha mundial, estaría en una posición igualmente delicada.

Y en Santa Cruz, un estado de excepción decretado desde La Paz, sobre todo si produce víctimas, no apagará las demandas de federalismo y nuevo pacto fiscal. Las intensificará.

El peso de un patrón

Hugo Banzer en 1971, Luis García Meza en 1980, Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 (con una “guerra del gas” que dejó más de sesenta muertos y precipitó su renuncia) y Jeanine Áñez en 2019, amparada por el DS 4078. Cada uno tenía su relato de legitimidad. Cada administración llegó con un programa de transformación, chocó con la resistencia de los sectores excluidos por ese programa, agotó su capacidad de diálogo y recurrió al aparato coercitivo del Estado para mantenerse.

La legitimidad electoral de Paz, el 54,5% en el balotaje del 19 de octubre de 2025 según el TSE, lo distingue de Áñez. Pero un gobierno que en seis meses ha revertido tres decretos y dos leyes bajo presión sectorial, que distribuyó gasolina contaminada sin responsables identificados, que no tiene mayoría parlamentaria, que prometió un modelo económico sin programas concretos, y que ahora acumula poderes coercitivos en lugar de construir los consensos que prometió, no está gobernando. Está sobreviviendo.

La misión de un gobierno no es sobrevivir. Es construir los acuerdos, las políticas y las instituciones que permitan a un país desarrollarse en conjunto. Esa, y no otra, es la condición para la estabilidad real sobre la que podría sostenerse cualquier modelo económico, cualquier política exterior, cualquier proyecto de integración regional.

Si Paz declara el estado de excepción y hay muertos, habrá reproducido el patrón que prometió superar. Si no lo declara y la crisis lo desborda, su modelo habrá demostrado que no tiene instrumentos reales para implementarse. Y si en algún momento decide que gobernar no es acumular poder coercitivo sino construir los acuerdos que Bolivia lleva décadas necesitando, tendrá que empezar explicando por qué el camino hacia esa comprensión pasó por intentar primero quitarse de encima los últimos límites institucionales al uso de la fuerza letal del Estado.

Y eso, si a alguien le queda algún interés en escucharlo.