Tres generaciones, la misma indigestión

Los bolivianos tenemos una memoria larga y una paciencia más corta de lo que nuestros gobernantes electos calculan.

Rodrigo Paz Pereira lleva apenas seis meses en el poder y ya enfrenta una calle convertida en tribunal. Los bloqueos de rutas, las huelgas y las consignas de renuncia que retumban en las inmediaciones de la Plaza Murillo son el resultado previsible de aplicar una lógica económica que este país conoce de memoria porque la vivió antes, con otro Paz, en otra crisis, hace cuatro décadas.

La genealogía política boliviana tiene apellidos que se repiten con cadencia dinástica. Víctor Paz Estenssoro, el patriarca, fundó con la revolución de 1952 el Estado productor boliviano y luego, en 1985, lo desmanteló con su propio decreto. Su sobrino político Jaime Paz Zamora gobernó entre 1989 y 1993 montado en el pacto más extraño de la democracia boliviana, aliado con Hugo Banzer, el mismo general que lo había perseguido. Y ahora Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime, llega a la presidencia con el discurso de la austeridad, la reducción del Estado y la eficiencia técnica.

Tres generaciones. La misma receta. Distintos ingredientes. La misma indigestión popular.

Quizá el gobierno actual supone que la durabilidad del DS 21060 de 1985 fue mérito del instrumento. No lo fue. Víctor Paz Estenssoro llegó con el respaldo simbólico de haber fundado la revolución, con una hiperinflación que hacía inevitable cualquier ajuste, y con el FMI, la banca internacional y el gabinete más estable de la nueva era democrática cubriendo sus espaldas. El 21060 no se abrogó porque el bloque de poder que lo sostenía era más fuerte que la calle que lo rechazaba. Rodrigo Paz Pereira no tiene nada de eso. Llega con legitimidad electoral frágil, en un contexto de inflación moderada, y se enfrenta a una sociedad organizada que aprendió, desde las guerras del agua y el gas, desde el Gasolinazo de 2010, desde noviembre de 2019, que la presión funciona. Cada decreto que se promulga y se retira a las semanas es un testimonio de debilidad estructural.

En medio de esta tormenta, el gobierno ha anunciado una reconfiguración de su equipo. Sin que los nombres estén confirmados, lo que emerge con claridad del propio discurso presidencial es la intención de fortalecer el Ministerio de la Presidencia como eje coordinador, reorganizar carteras y renovar figuras en los sectores donde la protesta ha sido más intensa: economía, seguridad, energía, etc. Es el gesto del técnico que cambia jugadores sin revisar la táctica. Una señal de movimiento que el ojo experimentado del hincha ya sabe leer. Sí, el partido no va bien, pero nadie en la banca está dispuesto a cuestionar el sistema de juego.

Aquí entra a la cancha lo que no se discute, la barra brava. El apoyo explícito que funcionarios y figuras políticas de Estados Unidos han expresado al gobierno de Paz Pereira no es casualidad ni cortesía diplomática. En el contexto de una región donde Washington ha multiplicado sus declaraciones de respaldo a gobiernos de orientación liberal y sus críticas abiertas a cualquier forma de control estatal sobre recursos naturales, ese respaldo se inscribe en la lógica de la influencia. Hay litio. Hay gas. Hay una geografía que conecta el Pacífico con el corazón de Sudamérica. Hay un gobierno que abre el Estado a la inversión privada, reduce ministerios y debilita la empresa pública. Hay un gobierno conveniente.

El riesgo concreto es que la presión social, legítima en sus demandas, termine siendo instrumentalizada desde afuera para profundizar la inestabilidad hasta el punto en que el gobierno se vuelva más dependiente del respaldo externo que del mandato popular que lo eligió. Es el círculo vicioso últimamente de moda en el mapa reciente de América Latina.

En los próximos meses se abrirán muchos caminos. Uno de ellos trae una renovación de gabinete creíble, un diálogo real con los sectores movilizados, capitalismo para todos y medidas sociales concretas que le compran al gobierno tiempo político para no naufragar antes de llegar a la mitad del mandato. En otro, la presión escala, los decretos y secretos siguen muriendo en la calle, la credibilidad se erosiona hasta niveles críticos y el espacio para la intervención externa, discursiva, financiera o territorial, se amplía sin que nadie pueda ya contenerla.

El problema de las dinastías no es el apellido. Es la suposición, transmitida de generación en generación, de que lo que no funcionó antes funcionará con un rostro más joven y un decreto más urgente. Bolivia tiene cuarenta años de memoria sobre esta receta y sobre cómo termina la indigestión.