El manifiesto avanza: La semana en que todo confluyó

El 15 de mayo de 2026, a las 11:15 de la mañana en Roma, el Papa León XIV firmó la primera encíclica de la historia dedicada a la inteligencia artificial. Magnifica Humanitas comienza preguntando si construiremos una nueva Torre de Babel, o edificaremos la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. A esa misma hora, con seis horas de diferencia, Donald Trump y Xi Jinping cerraban en Pekín su cumbre bilateral y acordaban iniciar un diálogo conjunto para administrar quién accede a los modelos de inteligencia artificial más poderosos del mundo. Dos documentos en un solo día. Uno dice que el conocimiento tecnológico es un bien común que no puede concentrarse en pocas manos. El otro describe, sin decirlo así, los términos de esa concentración.

Lo que ocurrió en los días siguientes fue la consecuencia.

Cinco días, un solo diseño

El viernes 22, Javier Milei publicó en X: “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA”. Su gobierno lanzó el “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que cruza registros de la ANSES, datos tributarios, sanitarios y sociales para anticipar el impacto de las políticas. Lo que Milei llama cambio de paradigma, los especialistas reconocen como una función característica de Palantir Foundry, la plataforma de analítica de datos de Peter Thiel, quien se había reunido con Milei en la Casa Rosada el 23 de abril. El gobierno no reveló qué empresa desarrolla la herramienta. No era necesario.

El sábado 23, el analista Anton Leicht publicó en Le Grand Continent el argumento que ordena el momento: la IA no será abundancia, sino escasez. Los modelos de frontera no están llegando a todos. Mythos, el sistema de Anthropic capaz de descubrir autónomamente vulnerabilidades de ciberseguridad, está disponible únicamente para unas cuarenta organizaciones con sede en Estados Unidos. La Casa Blanca bloqueó incluso ampliar ese acceso. La jerarquía ya tiene forma: quienes desarrollan, quienes acceden, y quienes consumen lo que se les autoriza a consumir.

El domingo 24, la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó en tiempo récord, en la Casa de la Libertad de Sucre, la abrogación de la Ley 1341. El proyecto ingresó por dispensación de trámite, no pasó por comisión, se aprobó en grande y en detalle con más de dos tercios de votos. La Ley 1341 establecía el andamiaje procesal del estado de excepción: plazo máximo de 60 días, obligación de notificar a la OEA y la ONU en 24 horas, y un catálogo de derechos que no podían suspenderse bajo ninguna circunstancia. Sin esa ley, el artículo 137 de la Constitución queda solo y escueto.

El lunes 25, el Papa León XIV presentó en el Aula del Sínodo su encíclica, rompiendo el protocolo secular de nunca presidir en persona la presentación de un documento magisterial. Junto a él estaba sentado Chris Olah, cofundador de Anthropic, la empresa que ha litigado contra el Pentágono para resistir el uso militar irrestricto de su tecnología. Olah también emitió un discurso: “Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana (…) evidencia de introspección (…) estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, dolor e inquietud. No sé qué significa eso, pero creo que merece un discernimiento continuo”.

El martes 26, en sesión virtual porque La Paz estaba sitiada, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1341 por más de dos tercios. A la media noche ya estaba publicada en la Gaceta Oficial.

Cinco días. Cinco eventos. Un solo diseño.

Argentina y Bolivia como laboratorios

El método de Palantir se llama land and expand: entrar con un contrato modesto, hacerse indispensable en la gestión de datos, ampliar la dependencia hasta que la salida sea técnicamente imposible. Lo hizo con el NHS británico durante la pandemia; hoy ese sistema de salud enfrenta una salida que podría costar más que el contrato original. El Gemelo Digital Social es la puerta de entrada al sistema nervioso del Estado argentino.

Bolivia no es Argentina, pero no estamos lejos. El Centro de Gobierno (CENGOB), lanzado el 26 de enero, permite al Presidente monitorear cada instancia gubernamental desde su celular. La Ciudadanía Digital, construida por AGETIC con proyección de dos millones de usuarios para diciembre de 2026, es la identidad digital unificada de los ciudadanos en una plataforma que centraliza su interacción con el Estado, valida documentos y emite notificaciones desde una sola interfaz. El proyecto fue presentado bajo el lema “Como Google, pero para el Estado”.

La Ciudadanía Digital y el CENGOB constituyen exactamente la infraestructura de datos que cualquier sistema de tipo Palantir Foundry necesitaría para funcionar. Argentina tardó aproximadamente dos años entre instalar ese andamiaje y lanzar el Gemelo Digital Social. Bolivia está construyendo ese andamiaje ahora, sin que nadie en la Asamblea Legislativa haya debatido qué datos recoge, en qué servidor viven, quién los audita, ni bajo qué contrato.

Cuatro proyectos de ley

Hay cuatro proyectos de ley sobre inteligencia artificial circulando en la Asamblea. El más robusto de ellos, el PL-CS-178, prohíbe exactamente lo que define el modelo comercial de Palantir en entornos de seguridad pública, es decir, identificación biométrica remota en tiempo real sin autorización judicial, bases de datos de reconocimiento facial por extracción masiva, inferencia de emociones en espacios laborales y educativos, y evaluación de riesgos basada únicamente en perfiles algorítmicos. Son las cuatro capacidades que definen la expansión de Palantir en El Salvador, en Argentina, y en cada contrato de seguridad que la empresa ha firmado en la región.

El PL-102, en cambio, crea un Sistema de Inteligencia del Estado bajo dependencia directa de la Presidencia, con información clasificada no divulgable. Salta una contradicción estructural, pues el mismo ejecutivo que construye alianzas con transnacionales tecnológicas propone un sistema de inteligencia que luego velaría sobre esas mismas alianzas.

Ninguno de los cuatro proyectos regula el vendor lock-in, ni los contratos de largo plazo con hiperescaladores, ni la alianza Starlink-Entel ya operativa desde febrero. Y dos de ellos proponen a AGETIC, la entidad que opera la Ciudadanía Digital, como autoridad reguladora de la IA. Una ley que pone a AGETIC a supervisarse a sí misma no es regulación, sino institucionalización de la opacidad.

Bolivia ocupa el puesto 117 de 138 países en el Índice Global de IA Responsable, último en Sudamérica. Tiene documentada la necesidad de regular, pero los proyectos siguen archivados.

Ciclo conocido

La historia económica de Bolivia puede contarse por ciclos. Primero fue la plata de Potosí. Luego el estaño, el gas, el litio. Siempre la misma secuencia de extracción seguida de negociación sobre lo que ya se fue. Cuando Bolivia negoció mal su gas, pudo renegociar, con costos y crisis, pero pudo. Pero cuando la infraestructura digital de un Estado está integrada en plataformas propietarias de código cerrado, migrar es técnicamente imposible sin reconstruirlo todo desde cero.

Lo que ningún ciclo anterior había logrado instalar es la dependencia invisible: datos, conectividad y algoritmos que procesan la vida de los ciudadanos en servidores que ninguna ley boliviana puede auditar. La nueva dependencia no llega con ejércitos ni cañoneros. Llega con satélites, decretos y contratos que el Ejecutivo firma antes de que la Asamblea haya decidido qué puede y qué no puede regularse.

León XIV, en Magnifica Humanitas, lo formula así: “Quienes controlan los datos de salud de poblaciones enteras [a menudo recopilados bajo el pretexto de ayuda, innovación o investigación] poseen una influencia estructural sobre el futuro, pues pueden moldear las necesidades y los mercados”. Bolivia está en el momento en que todavía es posible elegir las condiciones de la entrada.

La prisa por construir asimetría

La Ley 1341 cayó en cuatro días de sesiones virtuales, mientras el país tenía los caminos cortados y los legisladores no podían trasladarse físicamente al Legislativo. Los cuatro proyectos que habrían puesto reglas al proceso de digitalización que el propio gobierno impulsa llevan meses, algunos más de un año, archivados sin avance real. De la lectura de estos días surge una asimetría política.

Se construye con rapidez la infraestructura de una nueva dependencia. Se demora con disciplina la regulación que podría ponerle condiciones. Y mientras tanto, se abroga la única ley que habría limitado la respuesta del Estado si la resistencia a ese proceso se vuelve movilización social.

En Bolivia ya pasamos por este ciclo, pero la diferencia con la plata, el estaño y el gas es que los datos no se agotan, se acumulan, se procesan, se venden, y la soberanía que se cede en cada actualización de perfil ciudadano no se recupera con una nacionalización. El manifiesto de Palantir propone que la élite tecnológica asuma la conducción que la democracia liberal ya no puede ofrecer. León XIV responde que el conocimiento debe ser un bien común. Bolivia, con su plurinacionalidad constitucional y sus quinientos años de resistencia colonial, tiene posición propia en ese debate, pero le falta la ley que la exprese.

A doscientos años de la firma en Chuquisaca, nos tenemos que preguntar si estamos en un verdadero camino de libertad. ¿De quién nos libramos? ¿Para qué? ¿Por cuánto tiempo? Hubo prisa para abrogar la ley que protegía personas. No hay prisa para promulgar las que protegerían sus datos. Se construye rápidamente la estructura de una nueva dependencia, una nueva asimetría. Pero no sabemos a qué tipo de política soberana responde este impulso. O, con más precisión, a la soberanía de quién.