El manifiesto avanza: el continente como laboratorio

El 12 de abril de 2026, Peter Thiel aterrizó en Buenos Aires en su Bombardier Global 7500. Para el 13 de mayo ya se había reunido con los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay. Para el 29 de mayo había comprado 22 millones de dólares en bienes inmuebles entre el Barrio Parque porteño y el complejo Fasano Las Piedras en Maldonado, Uruguay. El New York Times llamó a este movimiento un “plan B” para escapar de Estados Unidos. Desde el sur del continente, se trata de un plan A para la región.

Datos sobre el mapa

Ecuador tiene a Palantir operando en su sistema aduanero desde 2025, con conversaciones avanzadas para expandirse a salud y seguridad interior.

Argentina lanzó el 22 de mayo el “Gemelo Digital Social”, un sistema que cruza registros de la ANSES, datos tributarios, sanitarios y sociales, narrado con la terminología exacta que Palantir usa para su plataforma Foundry en su página oficial; el gobierno de Milei no reveló qué empresa lo ejecuta.

Chile promulgó el 30 de mayo la Ley N°21.821, que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado y centraliza la producción de inteligencia estratégica directamente bajo la presidencia de Kast, un gobierno que recibió a Thiel en reunión reservada y explora en seguridad pública y digitalización estatal la misma fórmula que Ecuador.

Paraguay firmó con Taiwán el proyecto “Yguazú Digital”, un centro soberano de computación de IA que en su fase final consumiría el equivalente a una turbina y media de Itaipú, y recibió al propio Thiel en la casa presidencial con el lenguaje característico del momento: “oportunidades para el capital privado en inteligencia artificial, energía y tecnología financiera”.

Este es el cinturón que se está cerrando alrededor de Bolivia.

Ensayo del método

El land and expand de Palantir (entrar con un contrato modesto y hacerse tan indispensable que la salida se vuelve técnicamente imposible) se está ensayando en el continente con variantes locales. En Ecuador, entró por la puerta noble de la lucha contra el contrabando. En Argentina, por los datos de la protección social. En Chile, la nueva ley de inteligencia centraliza bajo la presidencia exactamente el tipo de arquitectura que Palantir necesita para anclar su plataforma en el núcleo del poder ejecutivo. En Paraguay, la energía barata de las hidroeléctricas es el gancho: un centro de datos de IA de 500 megavatios consume energía equivalente al consumo anual de 500.000 hogares, y el Cono Sur tiene esa energía sin la regulación que la proteja.

Bolivia tiene el Salar de Uyuni, que concentra las mayores reservas de litio del planeta, el mineral que alimenta las baterías de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento que hacen viable la IA a escala. Los acuíferos del altiplano proveen el agua potable que los centros de datos consumen a razón de uno a cinco millones de litros diarios para enfriar sus servidores. Los ríos del oriente amazónico guardan potencial hidroeléctrico sin explotar. Y Potosí, como hace cinco siglos, sigue siendo la región más rica en minerales del continente, mientras sus habitantes persisten en la pobreza.

El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería Marco Antonio Calderón firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluyendo el litio. La embajada norteamericana declaró estar “comprometida” con asegurar las cadenas de suministro, como quien da una instrucción política, ejecutada mientras el Triángulo del Litio (Bolivia, Argentina, Chile) se integra silenciosamente a la infraestructura estratégica del proyecto tecnológico que el manifiesto de Palantir describió en 22 puntos el 18 de abril.

Thiel puede venir o no a Bolivia. Lo que puede importarle es que las condiciones que su empresa necesita ya se están instalando, decreto por decreto, memorando por memorando, sin que nadie lo vote.

Lo que Thiel encontraría

No hace falta especular sobre qué buscaría Palantir en Bolivia. Los cuatro proyectos de ley de regulación de IA archivados en la Asamblea (el PL-310, el PL-288, el PL-558 y el PL-CS-178) ya tipifican con precisión técnica exactamente las capacidades que definen la oferta comercial de la empresa: identificación biométrica remota en tiempo real, bases de datos de reconocimiento facial por extracción masiva, evaluación de riesgos mediante perfiles algorítmicos, decisiones autónomas sobre fuerza letal. Los legisladores bolivianos saben qué es Palantir, pero la Asamblea no tiene un gramo de oportunidad frente a un ejecutivo que corre en la dirección contraria.

La Ciudadanía Digital, recurso que proyecta tener dos millones de usuarios para diciembre de 2026 y se ha presentado bajo el lema “como Google, pero para el Estado”, centraliza la interacción de los bolivianos con el Estado en una sola plataforma. El CENGOB permite al presidente monitorear cada instancia gubernamental en tiempo real. Starlink opera desde febrero en alianza con Entel. Bolivia está construyendo el sistema nervioso que cualquier plataforma tipo Palantir Foundry necesitaría para enchufarse. Argentina tardó aproximadamente dos años entre instalar ese andamiaje y lanzar el Gemelo Digital Social. Bolivia está en ese plazo.

Cuando el Coronel de la reserva del Ejército norteamericano y el “Escudo de las Américas” respaldan públicamente al gobierno de Paz durante los bloqueos, y el Departamento de Estado norteamericano expresa su “preocupación” por el escenario boliviano, el vínculo entre la agenda geopolítica de Washington y la agenda tecnológica de Silicon Valley que el manifiesto de Palantir describe en abstracto adquiere dirección concreta. Bolivia está identificada como activo estratégico que no puede caer en manos del adversario en el duopolio de IA que Trump y Xi acordaron administrar el 15 de mayo.

El correlato ambiental

Los centros de datos no son abstractos. Thiel los negocia en Paraguay, y Anthropic los buscó en Buenos Aires y São Paulo en abril. Consumen entre uno y cinco millones de litros de agua potable por día. Los glaciares del altiplano boliviano, que ya retroceden a un ritmo que los científicos llaman sin precedentes en diez mil años, son el reservorio de esa agua. El litio del Salar de Uyuni se extrae mediante procesos que comprometen los mismos acuíferos que sostienen la vida en el Altiplano Sur. Y la energía que los data centers necesitan es exactamente la que Bolivia negocia con empresas norteamericanas mientras sus comunidades indígenas no acceden a electricidad estable.

La misma lógica que llevó a Thiel a interesarse en la minería de metales en Chile (donde se reunió con José Piñera, el arquitecto del Código Minero que privatizó el cobre y entregó las AFP), a comprar terrenos en la Patagonia, a invertir en la empresa de energía nuclear Founders Fund, y a instalar en Uruguay una residencia con “estructuras de hormigón reforzado” y “sistemas de autonomía operativa” es la que explica por qué el Cono Sur no es solo un destino ideológico compatible, sino un activo de recursos críticos en el momento en que esos recursos son la materia prima de la República Tecnológica. Lo que en el siglo XIX fue la plata de Potosí, y en el XX el gas natural, es en el XXI la suma de datos, litio, agua y energía. La diferencia es que los datos no se agotan. Se acumulan, se procesan, se venden. Y la soberanía que se cede en cada actualización de perfil ciudadano no se recupera con ninguna nacionalización.

Lo que puede la ciudadanía

Bolivia aún tiene el tiempo y la legislación propia que Argentina en 2024 o Ecuador en 2025 no tenían. Los proyectos de ley archivados en la Asamblea contienen la visión técnica más precisa que ningún país sudamericano haya producido sobre los riesgos de la vigilancia algorítmica. Que duerman en comisión es una elección política que todavía puede revertirse.

La ciudadanía puede exigir que la Asamblea debata los proyectos de IA con una urgencia proporcional a la del proceso que pretende regular. Puede exigir que los contratos con empresas tecnológicas transnacionales sean públicos, estén sujetos a debate legislativo y a evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de firmarse. Puede exigir que la Ciudadanía Digital y el CENGOB sean auditados por órganos independientes, con rendición pública de cuentas sobre qué datos se recopilan, en qué servidores viven, bajo qué legislación operan. Puede exigir que el memorando sobre litio con Washington pase por la Asamblea, como corresponde a cualquier acuerdo que compromete recursos estratégicos del Estado Plurinacional.

Está disponible la memoria de cinco siglos de resistencia organizada. Fue la movilización la que frenó el contrato de Jaime Paz Zamora con Lithco. Fueron las guerras del agua y el gas las que reescribieron las condiciones de la política boliviana en el siglo XXI. El conocimiento colectivo del territorio y los recursos fue siempre la herramienta que hoy necesita complementarse con conocimiento de la capa invisible de datos, contratos, servidores y algoritmos que procesan la vida de los ciudadanos antes de que los ciudadanos los conozcan.

El manifiesto de Palantir propone que la élite tecnológica asuma la conducción que la democracia liberal ya no puede ofrecer. León XIV respondió con Magnifica Humanitas que el conocimiento tecnológico es un bien común que no puede concentrarse en pocas manos. Bolivia tiene posición propia, pero le sigue faltando la ley que la exprese y el debate público que la defienda.

Thiel no necesita venir. Pero cuando llegue por el litio, el agua y la energía que le interesan, será bueno recibirlo con la diplomacia de un código aprobado que puede oponerle condiciones soberanas.