Lucy y Delicia, solas entre dos orillas

El domingo 19 de octubre, en una zanja de Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata, apareció el cuerpo de Lucy Rueda Batallanos, boliviana de 32 años. La noche anterior había ido a una fiesta de la comunidad. Hay un detenido, también boliviano, de 33 años, que según la policía admitió el hecho cuando lo arrestaron; ante el fiscal se negó a declarar. Está imputado por femicidio y nada está esclarecido todavía. A su familia le envío mi más sentido pésame. Y al amable lector o lectora le digo, con respeto, que el pésame no basta: hay que actuar.

Hablé con ellas. El sepelio y la marcha salieron adelante gracias a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que funciona así: reparte el aporte de sus miembros entre quienes lo necesitan. El abogado que tienen es uno de oficio, puesto por el Estado argentino. La comunidad lamenta que la fiesta, organizada por el Complejo Cooperativa Boliviana, no contara con el personal de seguridad correspondiente, que pudo haber evitado este y otros hechos de violencia. Y, junto a la familia, exigen que se dé con todos los culpables, que el caso no quede impune y que el peso de la ley caiga con todo su rigor sobre quienes corresponda. Este 23 de octubre, la familia habló ante la prensa de Tarija para exigir justicia, acompañada por la Red Departamental contra la Trata y otras organizaciones que se van sumando. Me sumo: ¡JUSTICIA PARA LUCY!

Lucy no es la única. En agosto, en La Matanza, Janeth Anze Colque, de 42 años, fue atacada mientras dormía; en julio había denunciado a su expareja y pedido que lo excluyeran del hogar. Veintiséis días después estaba muerta. En 2023, Claudia Patricia Tupa Lotore, cochabambina, apareció muerta frente a un bar de Floresta; su familia denunció que la fiscalía no allanó el local pese a los videos. En noviembre de 2025, Matilda López, estudiante de 18 años, murió al caer de un balcón en San Telmo, y su familia pide que se investigue como femicidio. Ninguno de estos casos tiene condena, y toda persona acusada es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero se parecen: alguien cercano que controla o golpea, y una denuncia que no se recibe o que no protege.

¿Cuántas son en total? Argentina, al menos, cuenta. En lo que va de 2026, La Casa del Encuentro registró 192 víctimas de femicidio en el país, y Janeth fue, según las organizaciones, la número 150 del año. La fiscalía especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) contó 133 feminicidios en la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2025: el 32% de las víctimas era extranjera y el 6% boliviana, la segunda nacionalidad extranjera más afectada después de la paraguaya. El Estado boliviano, en cambio, directamente no reporta cuántas bolivianas son asesinadas fuera del país. No las cuenta en Argentina ni en ningún otro lugar. Y lo que no se cuenta, no se atiende.

Pero el feminicidio no es la única forma en que perdemos a nuestras compatriotas del otro lado de la frontera. Hay otra, más silenciosa, que empieza con una desaparición y muchas veces termina en trata de personas. De eso trataba mi columna anterior, en la que le propuse seguir a una víctima boliviana desde que la captan hasta que la rescatan, y caminar un poco más, hasta donde se apagan las cámaras. Terminé en la orilla del Bermejo, donde de nuestro lado no había nadie esperando. Hoy la retomo con una historia en la que las cámaras sí grabaron, y aun así no sabemos dónde está ella.

Se llama Delicia Mamani Mamani, tiene 25 años y es boliviana, de Chaquí, en la provincia Cornelio Saavedra de Potosí. Vive en Argentina desde hace más de veinte años y estudiaba para maestra de primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, en Córdoba. La madrugada del 21 de noviembre de 2025 salió de su casa de adobe en Punta de Agua, Malagueño, y caminó tres kilómetros hasta la parada del colectivo. A clases nunca llegó. Horas después, desde su celular, la madre recibió un mensaje: "Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes". Esa noche Delicia salió de todos sus grupos de WhatsApp y sus redes desaparecieron.

Tres días más tarde, su cuñado, Cancio Tencuri Flores, le mandó a la madre unos videos que parecen grabados de una pantalla de monitoreo: Delicia sentada en la terminal de Villazón, con dos hombres mirándola. Venía también la foto de un pasaje a su nombre hacia Potosí, su tierra, y un consejo: que no hacía falta denunciar. Hoy ese hombre tiene orden de captura y está prófugo; lo que la familia le atribuye todavía no ha sido juzgado. Y esta vez no hubo chalana ni paso clandestino. Hubo terminal, cámaras y boleto. La frontera no siempre es el río; a veces es una boletería.

La madre fue a la comisaría de Malagueño y no le tomaron la denuncia. Algunos medios explicaron que no le entendían porque hablaba quechua o aymara; la familia me aclaró que ella solo habla castellano. Es decir, el problema no era el idioma. Tuvo que denunciar la directora de la escuela. Durante seis meses la causa se trató como la "fuga voluntaria" de una mujer adulta, hasta que en mayo pasó al fuero federal por posible trata y en agosto la Fiscalía Federal la impulsó por trata laboral y reducción a servidumbre. De nuestro lado, en diciembre un grupo de mujeres fue a la Cancillería boliviana y no fue recibido; según las organizaciones, la respuesta fue que Delicia "no era boliviana". Para Argentina era extranjera; para Bolivia, no era nuestra.

El 21 de octubre se cumplieron once meses. Delicia sigue desaparecida, y lo que hay es una causa federal abierta, un prófugo y una madre que espera. Cada día 21, sus maestras y compañeras salen a decir su nombre.

¿Cuántas Delicias más hay? Busqué en la prensa de ambos países otras bolivianas desaparecidas en Argentina con causa abierta y no encontré ninguna con nombre y apellido. Eso no es una buena noticia. Significa que a Delicia la buscan con ruido y que a las demás, si existen, nadie las nombra. El SIFEBU, el sistema argentino de búsqueda, no publica datos por nacionalidad. Nuestra Cancillería cuenta casos de trata atendidos, no desaparecidas. Nuestra policía registra lo que se denuncia en Bolivia. Y esos datos no se cruzan. Una boliviana desaparecida en Argentina puede no figurar en ningún registro.

Lo que sí encontré son historias parecidas que ya tuvieron un final. Mayra, una adolescente de La Paz llevada a Argentina en 2015, apareció siete años después en un hospital de La Matanza, con un hijo atribuido a su captor; su madre había muerto sin volver a verla. Una joven de 19 años llegó ese mismo año a Santa Cruz, en la Patagonia, y pasó tres años trabajando de seis de la mañana a medianoche; salió porque una clienta le prestó el celular. El jueves 1 de octubre, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó en primera instancia a sus explotadores, dos compatriotas, a ocho años de prisión cada uno. En mayo, en Mataderos, a una boliviana retenida dos meses en un taller la encontraron los vecinos porque oyeron gritos. Ninguna salió gracias a una búsqueda: salieron por un hospital, un celular prestado, un grito.

Quise saber si al menos nuestro Estado estaba presente. Para ello hablé personalmente con las autoridades que nos representan en la República Argentina, que es donde escribo estas líneas. El cónsul de Bolivia en Córdoba me confirmó que apoyaron y acompañaron a la familia de Delicia, pero el caso no avanza y la familia ya agotó sus recursos para seguir movilizándose. En La Plata, el vicecónsul me aseguró que apoyaron a la familia de Lucy; la familia dice que no recibió nada. Entre una versión y otra apareció otra voz: nuestros consulados quieren ayudar, pero no tienen un programa ni un presupuesto que les permita activar un consistente apoyo económico, legal o de ningún tipo para las víctimas y sus familias. Lo poco que se da, muchas veces, sale del bolsillo de los propios funcionarios. Voluntad hay; lo que falta es una política. Por eso a Lucy la despidieron sus compañeros de la tierra y la defiende un abogado argentino, mientras nuestro Estado deja la ayuda en manos de quien atienda el teléfono.

Esas llamadas retratan a miles de migrantes bolivianos en Argentina y en otros países: lejos de la información, de los servicios sociales y de sus propios derechos humanos, y más vulnerables todavía si están en situación irregular. Cuando el consulado llega, llega con lo que tiene, y lo que tiene casi nunca alcanza. Cuando no llega, son los propios migrantes, organizados, los que hacen lo que el Estado no hace.

Lo planteo con claridad. Lucy y Delicia quedaron solas entre dos orillas: la argentina, que llegó tarde, y la nuestra, que apenas llegó. El Estado boliviano es el garante de los derechos de bolivianos y bolivianas, también del otro lado de la frontera, y hoy no tiene una política para atender la violencia extrema contra sus compatriotas en el exterior ni para sostener a sus familias, que también son víctimas. Necesitamos que lo mire como una prioridad: programas de ayuda para las familias de víctimas de feminicidio, para las víctimas de trata y sus familias, y un seguimiento consular efectivo, que no se quede en la visita, sino que empuje cada causa hasta la justicia. Las condolencias en redes y las ayudas que se agotan en días no bastan. Cada compatriota tiene que encontrar en su Estado la garantía de sus derechos, articulando esfuerzos con el Gobierno argentino, que tiene la fiscalía, la policía y los registros. Ninguno de los dos Estados puede solo, pero juntos sí pueden, eso pude constatar hace unos días en Salta donde hubieron acciones reales y efectivas en la formación profesional para la atención de casos de trata de personas. De eso, de los números que deberían avergonzarnos y de lo que propongo, les hablaré en el siguiente artículo.

¡Por una Tarija libre de trata de personas!