Un país que conoce a sus víctimas por el periódico

En septiembre del año pasado el Estado boliviano publicó su caracterización oficial de las víctimas de trata de personas. Para saber con qué fin fueron explotadas, sus autores tuvieron que leer el periódico: cuarenta y ocho noticias de 2024. No es una acusación mía, está escrito en el propio documento del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, del Ministerio de Gobierno. Dice, textual, que no hay información oficial sobre los fines de las denuncias de trata reportadas por la Policía.

La Ley 263 tipifica catorce fines de la trata: explotación sexual comercial, explotación laboral, mendicidad forzada, matrimonio servil, embarazo forzado, extracción de órganos, reclutamiento para conflictos armados, empleo en actividades delictivas, en fin, son catorce. El registro donde se anota la denuncia no consigna ninguno.

En mis dos columnas anteriores mostré cuántos casos hay y cuántas condenas salen. Hoy quiero mostrar lo que ni siquiera se anota, porque una política pública que no sabe a quién protege no está fallando, está adivinando.

Los propios datos policiales lo dicen sin proponérselo. En 2024 se registraron 836 denuncias específicamente por trata de personas en Bolivia. En 370 no se consignó el sexo de la víctima, cuatro de cada diez. En 395 no se consignó su edad. Y solo en 177 de esos 836 casos quedó registrado el sexo del presunto tratante: en casi ocho de cada diez expedientes no sabemos siquiera si quien captó fue hombre o mujer. Sobre ese vacío se diseñan campañas, se asignan presupuestos y se escriben planes quinquenales.

Lo poco que sí se sabe alcanza para incomodar. Entre las víctimas identificadas, siete de cada diez son mujeres y algo más de la mitad son menores de dieciocho años. Pero tres de cada diez son varones, existen y casi nadie los mira. Entre los presuntos tratantes identificados, tres de cada diez son mujeres, dato que desarma la caricatura del captador solitario. Y los casos que el Observatorio rastreó en noticias muestran un catálogo que no cabe en ninguna campaña: una bebé de diez días entregada a cambio de una promesa; niños retenidos de noche en un local de juegos en red y obligados de día a mendigar; una mujer con los documentos retenidos y seis meses sin cobrar; adolescentes captadas por Facebook, por WhatsApp y por el chat de un videojuego.

El perfil oficial, mujer, menor de edad, explotación sexual, es correcto y es insuficiente. Deja fuera al varón adulto explotado en una mina, a la familia indígena desplazada por los incendios, al migrante venezolano en tránsito, a la adolescente devuelta a la casa donde la explotaban. Y lo que queda fuera del registro queda fuera del presupuesto.

Esto ya tiene consecuencias. En su informe de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajó a Bolivia al Nivel 2 en Lista de Observación. El motivo central no fue la falta de leyes: fue que el gobierno no reportó haber identificado ni asistido a una sola víctima durante 2024, cuando el año anterior había reportado 707.

Hay algo más, y casi no se discute. La trata nunca llega sola. Viene con lavado de dinero, con narcotráfico, con corrupción y complicidad de funcionarios, con minería ilegal, con retención de documentos, con extorsión, con redes que operan a ambos lados de la frontera. Acompañar a una víctima, patrocinar su caso, alojar a su familia, no es un trabajo social, es pararse enfrente de una estructura económica que tiene mucho que perder.

Nadie lo dice en voz alta, pero el riesgo está documentado. La Relatoría Especial de Naciones Unidas registró en Argentina jueces amenazados y con custodia por desarticular redes de trata. El informe estadounidense de este año indica que son las organizaciones no gubernamentales y de fe las que prestan la mayor parte de los servicios a mujeres, niñas y niños víctimas; los únicos Centros de acogida especializados del país pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red Boliviana Contra la Trata de Personas.

Conviene precisar algo, porque suele contarse al revés. El Estado no delegó esta tarea, la incumplió. La Ley 263, en su Artículo 31–II, manda crear centros de acogida especializados para víctimas de trata en todo el país, y catorce años después son organizaciones de la sociedad civil las que los sostienen. Nadie nos encargó nada, ocupamos un vacío. Alguien tenía que atender a las víctimas que el Estado dejó sin protección y sin garantía de derechos, y había que hacerlo. Lo que casi nunca se dice es el precio: asumir esa responsabilidad sin respaldo institucional significa asumir también el riesgo. No conozco ningún protocolo departamental que diga qué hacer cuando amenazan a una abogada que patrocina un caso de trata, o cuando alguien merodea la casa donde vive una familia que denunció, o el propio albergue donde están las víctimas. Tampoco lo encontré a nivel nacional, pero es algo que en el Consejo Departamental de Tarija podemos trabajar.

¿Qué más nos falta nombrar? Cinco cosas concretas.

El dinero. La trata deja huella económica y esa huella se puede seguir. Bolivia capacitó fiscales en investigación financiera paralela y no reportó un solo caso de trata resuelto por esa vía. Mientras no toquemos el patrimonio, el negocio sigue siendo rentable.

La reparación del daño. La ley boliviana permite que la víctima o el fiscal pidan resarcimiento al condenado. El Estado no reportó una sola solicitud. Ganar el juicio y salir sin nada no es justicia completa.

La reintegración. Rescatar no es proteger. El informe consigna que algunas niñas fueron entregadas a familiares implicados en su explotación. Nadie mide cuántas víctimas vuelven a caer.

Los adultos desaparecidos. Bolivia no tiene una norma específica para la desaparición de mayores de dieciocho años; según el informe del OBSCD, por protocolo policial a las 48 horas el caso pasa a registrarse como presunta trata. Sirve para activar la búsqueda, pero distorsiona toda la estadística, y nadie publica cuántas de esas personas aparecieron.

La rotación. Los efectivos policiales especializados en trata de personas rotan constantemente. Se los capacita y se los pierde. La especialización, que es lo único que en Bolivia ha producido condenas, se evapora por decisión administrativa.

Nada de esto lo descubrí solo. El pasado 27 y 28 de agosto en La Paz, presenté el estudio que realizamos desde el Colectivo Infinitum ante la Asamblea General de la Red Boliviana Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, frente a organizaciones nacionales que llevan décadas en esto y que saben más que yo de casi todo. Lo pusimos a disposición de las redes departamentales del país para que lo repliquen, pero lo más importante es que se hizo con fuentes públicas, sin financiamiento y sin acceso a información reservada. Entonces resulta que solamente era cuestión de voluntad y en el caso de las instituciones públicas es una obligación.

Hoy ese estudio entra al Salón Rojo de la Gobernación en la sesión ordinaria del Consejo Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas. El Plan Departamental contra la trata venció en 2025 y la política plurinacional también. Ya estamos en el último cuatrimestre del 2026 y deberíamos estar discutiendo nuestro siguiente plan, y la única pregunta que importa es con qué datos se va a escribir. Porque sin dinero se puede planificar, por supuesto con dificultad. Pero sin datos no se planifica: se improvisa.

Por una Tarija libre de trata de personas.