Tarija encabeza la trata de personas en Bolivia

Hay un número que me persigue desde hace semanas: 17,03.

Es la tasa de casos de trata de personas y delitos conexos por cada 100.000 habitantes que registró Tarija en 2024. Ninguna otra región de Bolivia tuvo una tasa más alta ese año. Ni La Paz, ni Santa Cruz, ni Cochabamba, que son las que concentran los titulares y los operativos. Nosotros.

El dato no aparece así en ningún informe oficial. Salió de cruzar dos fuentes públicas: los casos que ingresan cada año al Ministerio Público por la Ley 263 y la población que arrojó el Censo de 2024. Le sugiero al amable lector que mire la tabla nacional: La Paz tuvo 456 casos ese año y Tarija 91. Pero La Paz tiene tres millones de habitantes y Tarija poco más de medio millón. Cuando uno pondera por población, el mapa se da vuelta: Tarija queda primera en todo el país, La Paz segunda con 15,09 y Santa Cruz tercera con 12,17. En 2025 cedimos el primer lugar, pero seguimos segundos, con 14,60, y en el primer semestre de 2026 somos los terceros con 5,99.

Me pregunté entonces qué tan alto es 17. Colombia cerró 2024 con 436 víctimas registradas, su récord histórico: 0,8 por cada 100.000 habitantes. México reportó 794 víctimas: 0,6. Argentina rescató o asistió a 594: 1,3. Chile abrió unas 216 causas: cerca de 1. Brasil, sumando trata y trabajo esclavo, registró 5.276 casos: 2,5. Perú acumuló 942 denuncias fiscales en el primer semestre de 2025, una tasa de 2,8, casi idéntica a la de Tarija en ese mismo período. Y la tasa más alta de víctimas registradas en toda la Unión Europea en 2024 fue la de Luxemburgo: 7,1.

Intentar ese cruce me dejó una lección incómoda: no podemos compararnos con precisión, porque a Bolivia le faltan estadísticas que otros sí producen. Colombia y México publican víctimas confirmadas; Argentina, víctimas rescatadas y asistidas; nosotros contamos casos fiscales, mezclados con desapariciones no resueltas por mandato de la Ley 3933. Para un análisis serio necesitamos lo que hoy no existe: registro público de víctimas identificadas y atendidas, desglose por fin de explotación (sexual, laboral, mendicidad), separación entre trata verificada y desaparición presumida, y una serie judicial de sentencias por departamento y año. Mientras tanto, lo único seguro es esto: la tasa nacional de Bolivia multiplica la de todos sus vecinos, y dentro de Bolivia, Tarija encabeza.

Escribo desde un lugar concreto y prefiero decirlo de entrada. Desde el Colectivo Infinitum lideramos, junto al Comité de Juventudes por la Prevención y la Organización GMEND, el equipo coordinador de la Red Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos. Desde este espacio he presentado estudios y hallazgos de nuestro país en escenarios internacionales, nacionales y ante el Consejo Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas en varias gestiones, entre ellos el Estudio de prefactibilidad para la construcción y funcionamiento de casas de acogida para víctimas de trata de personas y sus familias, en 2023. Ahora mismo estoy concluyendo otro estudio que reúne toda la estadística disponible desde 2012 hasta el primer semestre de 2026, para presentarlo a todas las autoridades del Consejo. Los números que siguen salen de ese trabajo.

La historia nacional es conocida a medias. Las denuncias ante la Policía Boliviana venían estables desde 2013, entre 400 y 530 por año. Cayeron con la pandemia y después se dispararon: 452 en 2020, 1.263 en 2024. Se duplicaron en cuatro años. En 2025 la curva policial bajó un tercio, y más de una autoridad salió a celebrarlo. Yo no celebraría tan rápido, y en la segunda parte de este artículo explicaré por qué esa caída dice menos de lo que parece.

El calendario también dice algo que nadie ha analizado: diciembre de 2024 fue el mes con más denuncias del año en todo el país, 128, unas cuatro por día. Si el patrón se confirma, la prevención debería concentrarse en el fin de año, cuando coinciden vacaciones, fiestas y migración laboral, en lugar de repartirse uniforme entre enero y diciembre como se hace hoy.

Lo que casi nadie contó es lo que pasó aquí. Las denuncias policiales en Tarija pasaron de 33 en 2022 a 56 en 2023 y a 91 en 2024: casi dos por semana. Un incremento de 176% en dos años, el mayor del país en términos relativos, dentro de un contexto nacional que creció 74%. No fue un rebote estadístico: la serie de la Fiscalía, que es independiente de la policial, confirmó el salto con 91 casos ingresados ese mismo año y el primer semestre de 2026 ya registra 32.

El estudio también me permitió bajar al detalle municipal, algo que ninguna estadística nacional publica. Con datos de la Fiscalía Departamental, en 2024 se identificaron 53 procesos abiertos en Tarija: 36 en Cercado, 8 en Yacuiba, 4 en Bermejo. Pero otra vez la población cambia la foto: Bermejo, con menos de 37.000 habitantes, tiene una tasa de 10,82, superior a la de Yacuiba, que registra el doble de casos absolutos. El riesgo relativo en la frontera con Argentina por Bermejo es mayor de lo que sugiere el conteo simple, y eso respalda fortalecer la naciente red local de ese municipio. Hay además una hipótesis que este estudio deja abierta: Bermejo vive de la migración laboral estacional hacia la zafra argentina, una ruta con historia documentada de explotación. ¿Cuánto del riesgo de Bermejo se explica por ese ciclo? Nadie lo ha medido, y es exactamente el tipo de pregunta que las autoridades deberían estar financiando.

Un último dato de tendencia. En 2013 los registros oficiales anotaron 12 denuncias por pornografía en todo el país; en 2024 fueron 304, veinticinco veces más. La captación se mudó al teléfono que su hijo tiene en el bolsillo, y la nueva Ley 1636, sobre delitos sexuales digitales contra la niñez, ya acumula 195 causas en diez meses, diez de ellas en Tarija.

Nada de lo anterior es lo más grave que encontré. Lo más grave es lo que pasa después de la denuncia, cuando el caso entra al sistema de justicia y desaparece en un embudo del que casi nada sale. En 2024, frente a más de mil doscientos casos, todo el aparato judicial boliviano produjo once condenas. En Tarija, una. De ese embudo y de la evidencia de que se puede salir de él me ocuparé la próxima semana, en el marco del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Lo mejor que nos queda es mirar los números que nadie quería ver y hacer algo al respecto.