Chile destruye la “narcomadera” y Bolivia pide verificar

En medio de la polémica por la falta de claridad respecto a la acusación contra 15 empresas madereras de Bolivia señaladas en Chile por supuesto narcotráfico con tecnología de punta sin que eso haya derivado en más detenciones u operaciones en Bolivia, la defensa pidió a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota suspender la destrucción de los cargamentos retenidos en puertos chilenos por la presunta presencia de droga en la madera.

El pedido se conoce mientras Chile ya comenzó a incinerar parte de las cargas. Según una investigación de El Mostrador, seis contenedores fueron destruidos en septiembre en Arica: uno el 3 de septiembre y otros cinco el 11 de septiembre.

La defensa sostiene que las mercancías deben ser preservadas porque continúan las verificaciones sobre su procedencia y los hechos. Advierte que su destrucción puede impedir nuevas pericias y provocar pérdidas económicas.

La operación

Uno de los puntos centrales de la controversia son los análisis realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile. Los empresarios cuestionan que sus resultados permitan concluir que la madera fue utilizada para transportar sustancias ilícitas y sostienen que las trazas detectadas podrían tener otras explicaciones. El ministerio Público chileno llegó a hablar de una operación a gran escala, con más de mil toneladas de madera incautadas donde se diluían más de 100 toneladas de droga para distribuirse por puertos de todo el planeta. Pese a la supuesta relevancia del hallazgo, tuvo escasa repercusión en la prensa internacional e incluso chilena y no se han establecido más vínculos ni hay detenidos en Bolivia.

La defensa incorporó informes de dos exagentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que cuestionan la metodología empleada y la hipótesis de que las maderas hubieran sido impregnadas deliberadamente con cocaína o ketamina. Uno de los expertos, Scott Richard Oulton planteó además observaciones sobre los análisis del ISP.

La Fiscalía Regional mantiene su posición. El fiscal Mario Carrera afirmó que la legislación chilena establece plazos para la destrucción de sustancias incautadas y explicó que la Fiscalía solicitó ampliar el plazo original de 30 días, que fue extendido por otros 120 días.

El caso adquirió una dimensión diplomática. Autoridades bolivianas han solicitado información y cooperación, mientras parlamentarios de ambos países abordaron el conflicto. El Gobierno boliviano ya sostiene que debe establecerse técnicamente si existió tráfico de drogas antes de destruir las cargas.

El lunes, el expresidente Jorge Quiroga respaldó los informes de los expertos y afirmó que, si se confirma que las conclusiones chilenas fueron erróneas, Bolivia deberá exigir responsabilidades y resarcimiento por los daños ocasionados.

El caso involucra decenas de contenedores de madera boliviana retenidos en Arica, San Antonio y Valparaíso. Para los exportadores, preservar las cargas es clave para garantizar una eventual verificación independiente y determinar si la droga efectivamente estuvo presente.

El supuesto hallazgo se dio en junio, unos meses después de la detención del narcotraficante más buscado de América, Sebastián Marset, que viene provocando una suerte de lucha y reacomodo de poderes en relación al tráfico de drogas por sus diferentes territorios.