30 de julio, Día mundial contra la trata de personas: Bolivia, 98.67% de impunidad

En julio de 2016, Juliana Condori Hilario, de 12 años, salió de su casa en El Alto y no volvió. Su familia la busca desde hace diez años. El Estado bautizó con su nombre la alerta nacional de búsqueda de menores desaparecidos, pero a Juliana no la encontró. Detrás de cada número de este artículo hay una familia que, como la suya, sigue esperando.

En 2024 ingresaron al Ministerio Público 1.263 casos por delitos de la Ley 263: trata de personas, tráfico de personas, proxenetismo, pornografía y violencia sexual comercial. Ese mismo año, todo el sistema judicial boliviano produjo once condenas por esos delitos.

Once. Menos del uno por ciento.

Este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, vamos a escuchar muchas cifras de denuncias, operativos y capacitaciones. Casi ninguna autoridad va a mencionar la cifra de condenas, y es la única que le importa a una víctima que ya denunció.

La semana pasada mostré que, en 2024, Tarija tiene la tasa de casos por habitante más alta de Bolivia. Lo más grave viene después de la denuncia: casi nada. Los datos salen del estudio que estamos concluyendo desde el Colectivo Infinitum, que abarca de 2012 al primer semestre de 2026 y que presentaremos a las autoridades del Consejo Departamental de Tarija Contra la Trata de Personas. Y quiero ser transparente con la cocina del dato, porque una cifra así solo sirve si se puede defender.

Las condenas no las publica ningún tribunal boliviano en una serie ordenada. Hay que rastrearlas, año por año, en informes internacionales, comunicados oficiales y notas de prensa. La división entre condenas y casos ingresados no es una tasa exacta de resolución, porque un caso que entra en 2024 puede sentenciarse en 2026; es un indicador de cuántas condenas produce el sistema por cada caso que recibe en un año. Con esa aclaración hecha, el resultado es el mismo en cualquier gestión que uno mire: nunca supera el 4%, y en los años recientes no llega al 1%.

Las condenas de una gestión casi nunca corresponden a los casos de esa misma gestión. Son el producto acumulado de procesos que arrastran años, cuando no se extinguen en el camino. Para las víctimas y sus familias ese panorama es desalentador: la sentencia tarda demasiado o directamente no llega. Por eso el indicador más honesto no es el de un solo año sino el global. Reconstruí la serie completa, año por año, desde 2012 hasta 2025: ingresaron al sistema 10.589 casos por la Ley 263, y las condenas documentadas en fuentes públicas apenas llegan a 141. Un 1,33%. Poco más del 1%, se mire un año o el período completo. Ese es el grado real de impunidad. El año 2020 permite ver el embudo por dentro. De 713 casos que la Fiscalía cerró esa gestión, 524 fueron rechazados, 88 desestimados y 43 sobreseídos: el 92% murió sin llegar a juicio. Veinte terminaron en juicio abreviado, quince en condena y el resto en otras salidas procesales. Cada uno de esos casos muertos consumió sueldos de fiscales, policías y peritos que el Estado pagó para no producir nada; nadie ha calculado cuánto cuesta esa maquinaria de archivar, y es una pregunta que alguien debería hacerle al Ministerio de Economía.

En Tarija el embudo es igual de estrecho. Frente a 91 casos fiscales en 2024 hubo una condena. Frente a 78 en 2025, cuatro, según el relevamiento que hicimos con acceso directo a la Fiscalía Departamental.

Y no es un deterioro reciente. La primera foto estadística del departamento, publicada por El País en noviembre de 2014, muestra que en los primeros dos años de vigencia de la Ley 263 Tarija acumuló 42 casos de trata y 13 de tráfico, con 11 imputaciones y ninguna sentencia. El embudo funcionó desde el primer día. Esa misma nota informaba que Tarija sería el primer departamento del país en aprobar un plan departamental contra estos delitos, con diez millones de bolivianos asignados hasta 2017. Doce años después no existe rendición de cuentas pública de ese presupuesto: el departamento que fue pionero en planificar es hoy el que encabeza las tasas del país.

Durante años la respuesta cómoda a este cuadro fue pedir más leyes. Yo mismo dudé. Pero el propio sistema boliviano acaba de producir el experimento que desmonta esa excusa, y me parece el hallazgo más importante de todo el estudio.

En septiembre de 2025 entró en vigencia la Ley 1636, que crea delitos específicos de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes. En diez meses acumuló 195 causas en el país, diez en Tarija. Pero el dato que importa es otro. La Fiscalía tiene, desde octubre de 2024, una unidad especializada en material de abuso sexual infantil, equipada y capacitada con apoyo de la organización EDUCO y de la cooperación española. Esa unidad reportó, en sus primeros nueve meses, 16 condenas de entre 20 y 30 años de cárcel y el rescate de más de 30 víctimas. La cifra es institucional y nadie la ha auditado por fuera, conviene decirlo. Aun con esa reserva, la comparación es brutal: una unidad pequeña, con equipos, capacitación y mandato claro, produjo en nueve meses más condenas que todo el sistema nacional de la Ley 263 en tres años.

La conclusión que extraigo es incómoda para todos, incluida la sociedad civil: el embudo de la impunidad no es un problema de leyes. Es un problema de capacidad instalada. Bolivia tiene previstas 38 divisiones policiales de trata y ha implementado 11. La de Tarija funciona con siete efectivos para todo el departamento, según verificó la Defensoría del Pueblo. Donde el Estado puso especialistas, equipos y presupuesto, hubo sentencias. Donde no, hay un archivo.

La prueba de que se trata de priorización y no de incapacidad está en el propio sistema: en 2024 Bolivia registró 84 feminicidios y 29 ya tienen sentencia condenatoria, uno de cada tres, según la propia Fiscalía. Mismo país, mismos jueces, mismos fiscales. Donde hay presión pública, fiscalía especializada y registro publicado, el sistema condena. La trata, con quince veces más casos que el feminicidio ese año, produjo once condenas.

Hay un tercer hilo que este estudio me obligó a mirar y que también toca a las familias. En base a la ley 3933, si una niña, niño o adolescente desaparecido no es encontrado en 72 horas, el caso se abre como presunta trata según indican los funcionarios. Es una buena regla de protección, pero tiene un efecto estadístico enorme: las curvas de desaparecidos y de trata se mueven casi en espejo, con una correlación de 0,97 entre departamentos. En Tarija las denuncias de desaparición pasaron de 97 en 2020 a 239 en 2024. Y la herramienta creada para buscarlos, la alerta que lleva el nombre de la niña con cuya historia abrí este artículo, no publica cuántas veces se activó ni cuántos casos resolvió desde su lanzamiento en 2022. Busqué ese dato en todas las fuentes públicas disponibles. No existe.

¿Qué habría que hacer? Cuatro cosas concretas. Primero, replicar en Tarija el modelo que ya funcionó: una división de trata de personas fortalecida y especializada, con la evidencia de la unidad de delitos digitales como respaldo. Segundo, retomar las casas de acogida para víctimas y sus familias, cuya prefactibilidad en Tarija ya está estudiada desde 2023 y duerme en algún escritorio. Tercero, exigir a la Policía Boliviana que transparente los resultados de la Alerta Juliana, porque no se puede evaluar lo que no se publica. Y cuarto, crear un registro público de sentencias como el que Argentina mantiene hace más de una década: su procuraduría especializada, la PROTEX, publica cada sentencia de trata del país, 405 en once años, con informe anual y una línea gratuita cuyos datos también se publican. No pedimos inventar nada. Está funcionando al lado.

Queda una pregunta que este estudio no alcanza a responder y que casi nadie en Bolivia formula: ¿quién trata? Todo se escribe sobre las víctimas y casi nada sobre los tratantes, aunque los informes internacionales reportan complicidad de funcionarios de bajo nivel y la prensa ha documentado clanes familiares que operan durante décadas con padrinos que los protegen. Ese será nuestro siguiente trabajo.

Desde el Colectivo Infinitum, vamos a poner el estudio completo en la mesa del Consejo Departamental, con cada fuente citada, para que ninguna autoridad pueda decir que no sabía. Este 30 de julio no necesitamos otro acto protocolar. Necesitamos que actúen, ¡por una Tarija libre de trata de personas!