El río Bermejo se cruza en los dos sentidos

El pasado 23 de septiembre pasó por Tarija como pasa una chalana por el río Bermejo, rápido, en silencio y todos en la orilla se hicieron de la vista gorda. Era el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas y, a la vez, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Dos efemérides en una sola fecha y las instituciones apenas se enteraron. Hubo publicaciones de la sociedad civil, algo rápido de alguna institución y uno que otro comentario, pero nada más.

La ironía es geográfica, porque es por nuestras fronteras por donde pasa casi todo esto. Por Bermejo y Yacuiba, y también por Villazón, a unas horas de aquí, donde el río La Quiaca es apenas un hilo de agua. Hace una década, una periodista argentina vio cómo le negaban el paso por el puente a una mujer con niños. Su respuesta fue de una sencillez aterradora: "Vamos por el río", años después yo personalmente presencié hechos así, y lo peor fue escuchar de las voces de la opinión pública que es mejor pasar “por el otro lado”, así no te molestan los gendarmes.

Le propongo al amable lector o lectora seguir a una víctima boliviana desde que la captan hasta que la rescatan, y caminar un poco más, hasta donde se apagan las cámaras.

Empiezo por un caso juzgado. Tres adolescentes de 16 y 17 años que trabajaban en condiciones extremas en una mina de Potosí recibieron una oferta de empleo en un taller textil de Buenos Aires, pasaje incluido. Viajaron hasta Tarija y cruzaron el río Bermejo en chalana, un paso no habilitado. Desde la localidad salteña de Orán, la hija de la captora las escoltó en un viaje de más de 20 horas en autobús hasta el barrio de Villa Celina, en el partido de La Matanza, Buenos Aires. En ese taller cosían quince horas diarias, de lunes a sábado, vivían hacinadas en el mismo lugar de trabajo, en habitaciones precarias y bajo un control estricto que limitaba su libre movimiento. En 2024, la justicia federal de Salta condenó a la captora a diez años de prisión y ordenó indeminizar a cada víctima con más de 2,6 millones de pesos. Hasta ahí, esa película tiene final feliz. El problema es que la película no es de producción boliviana, pues no encontré ni un solo registro de que haya sucedido algo similar en nuestra querida Bolivia.

Argentina, lo que hace, a diferencia de nosotros, es contar y reportar. Su Procuraduría de Trata (PROTEX) recibió en un año más de dos mil denuncias por la línea gratuita 145 y, en el mismo período, identificó a 1.118 víctimas. 1.441 llamadas fueron derivadas de inmediato al organismo para iniciar su judicialización. 636 denuncias ingresaron mediante copia tras la actuación de urgencia de una fuerza policial. 105 llamadas se clasificaron como asesoramiento informativo y consultas generales. 874 expedientes se enviaron al fuero federal, mientras que 420 se remitieron a la justicia provincial. Del total de víctimas los bolivianos son el segundo grupo, después de los propios argentinos: 154 personas.

El universo de 1.118 damnificados estuvo integrado por un 51,9% de varones y un 47,8% de mujeres. Se contabilizó un total de 1.103 presuntos autores, de los cuales el 65,5% correspondía a varones, el 34,1% a mujeres y un porcentaje minoritario a personas trans. Toda esta información la coloco aquí no para comparar, sino porque las buenas prácticas se deben replicar, más aún si es para el bien de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres bolivianas.

Pero aquí hay otro dato: el espejo argentino nos devuelve dos caras, y las dos son nuestras. En julio de este año, gracias a una denuncia anónima al número 145, la Policía Federal allanó un taller en el barrio porteño de Parque Avellaneda: 16 trabajadores rescatados, siete detenidos, la mayoría bolivianos. En mayo, la justicia argentina confirmó ocho años de prisión para una familia boliviana que llevó a un taller textil clandestino ubicado en Gregorio de Laferrere, Buenos Aires, a una joven también boliviana con la promesa de un buen sueldo, luego le cobraron el pasaje y otras cosas como deuda ficticia, la encerraban bajo llave y le golpeaban las manos cuando se equivocaba en la máquina de coser, era explotada de manera extrema con extenuantes jornadas laborales. En marzo, un compatriota fue detenido en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Argentina, con la acusación de captar a personas (incluyendo menores de edad) para someterlas a condiciones de servidumbre y explotación laboral dentro de un taller textil ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. En octubre de 2022, en el partido de Tres de Febrero rescataron a 24 bolivianos, diez de ellos niños, que cosían desde las cinco de la mañana, sin libertad de salida y con una sola comida al día; los responsables del lugar, también bolivianos. Y así podría seguir con muchos más ejemplos que ustedes pueden encontrar en las noticias de los principales medios de comunicación. Somos el país que pone a la víctima y, demasiadas veces, lamentablemente también al patrón.

Luego de tremenda seguidilla de noticias, les invito a preguntarnos: ¿Qué pasa al día siguiente del rescate? En el caso de Parque Avellaneda, la contención la dio la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia argentino. De un consulado boliviano, la nota no dice una palabra.

Según la Cancillería boliviana, en 2024 nuestros consulados brindaron 111 asistencias por tráfico y trata de personas, y concretaron nueve repatriaciones. Nueve, sumando Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Revisé la sección de noticias del consulado boliviano en La Quiaca, la puerta de Villazón: habla de comercio, de visas y de minerales críticos. De trata, nada. En contraste, una sola ex cónsul argentina en esa frontera coordinó entre 2007 y 2014 la recuperación de más de dos mil víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes argentinos y bolivianos.

No sé si en Bolivia no se habla de cifras de rescate por vergüenza debido a la falta de trabajo en ese ámbito o porque simplemente no las hay. Sospecho que un poco de ambas.

En el mejor de los casos, supongamos que una víctima sí vuelve y entra por Bermejo, por Yacuiba o por Villazón. ¿A dónde llega? A ningún lado. No hay un centro de acogida especializado que la espere en ninguna de esas tres fronteras. La Ley 263 le reconoce el derecho a la reparación del daño, pero no existe un programa nacional ni departamental que lo haga realidad, al menos no en Tarija. En Argentina, un juez puede ordenar una indeminización; aquí, el Estado ni siquiera reportó una solicitud. En Excel, una víctima rescatada suma uno; en la vida real, recién empieza a restar.

¿Cuántas vuelven a caer? Nadie lo sabe. Algunos expertos lo resumieron con una frase brutal: sin trabajo digno, las víctimas "se van reciclando" de un taller a otro. El tratante no necesita volver a captarla; le basta con que nadie la espere. Y sus familias, muchas veces vecinas de quien las captó, no tienen protocolo alguno que las proteja.

Algo se intentó. En octubre de 2018, en el Comité de Frontera de Yacuiba, la Red Departamental de Tarija y la Fundación Volviendo a Casa (Arg.) entregaron a las autoridades de ambos países una propuesta de protocolo de asistencia a víctimas entre países limítrofes. Ocho años después sigo esperando alguna respuesta.

El 23 de septiembre no es una fecha para colgar un afiche. Es un recordatorio de que los ríos de la frontera se cruzan en los dos sentidos: por ahí se van nuestras hijas e hijos engañados, y por ahí deberían volver, con alguien esperándolos en la orilla. Por ahora, en nuestra orilla no hay nadie.

¡Por una Tarija libre de trata de personas!