País minero

Hace poco menos de 500 años, nuestro territorio empezó a articularse con el descubrimiento del célebre “Cerro Rico”. Mas adelante la minería tuvo la capacidad para modernizarnos e inclusive para integrarnos como país. Hoy vuelve a mostrar su enorme influencia sobre el destino nacional, pero en este caso, con el potencial de destruir la sostenibilidad de nuestro futuro y contribuir decisivamente a la disgregación institucional.

En la Bolivia de hoy, en cualquier punto del territorio, una “delegación” llega la comunidad, y según diversos testimonios, en muchos casos, los personeros de “la empresa” y de la “AJAM – Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera-, que la componen, arriban en un solo vehículo, perteneciente a “la empresa”.

En el lugar esperan los comunarios, pero quienes brillan por su ausencia son los “administradores” del territorio, es decir el municipio y la gobernación, ya que según la normativa vigente no es necesario que estén en la denominada “consulta previa”. ¿Están todos los comunarios?, ¿se trata de un grupo representativo del conjunto de la comunidad? Es difícil saberlo, ya que la entidad estatal que participa del proceso, la AJAM, en general no tiene la menor idea de como esta conformado social e institucionalmente ese territorio, y mucho menos de las consecuencias que tendrá para sus habitantes, y los habitantes de muchas otras comunidades que están conectadas con el lugar,  la explotación minera que está a punto de aprobarse ¿Será afectado un curso de agua, que en este país montañoso y de diversas gradientes surte a innumerables comunidades y ciudades, aguas abajo?, ¿se destruirá una zona con potencial productivo o turístico, cuando lo que requiere con urgencia en este momento la sociedad boliviana en encontrar fuentes de ingreso para de sus habitantes?

Ha pesar de que generalmente no es una prioridad en la agenda informativa, la explotación minera se abre paso a codazos en los titulares de los medios de comunicación, debido a la brutalidad de sus efectos en la vida cotidiana de los bolivianos; campesinos e indígenas envenados por mercurio y cianuro, ríos inutilizados por la presencia de metales pesados, comunidades amenazadas a punta de pistola y dinamita por las acciones delincuenciales de los grupos de mineros ilegales, porciones del territorio “capturadas” por emprendimientos mineros que no reconocen de autoridad, lo que contribuye a la creación de “zonas liberadas”  (en las que probablemente confluyen otras actividades como el narcotráfico y el contrabando).

Recientemente una autoridad hizo una declaración en sentido de que “las cooperativitas, el cooperativismo no son enemigos del país, son el mejor aliado que en este momento tiene Bolivia”. A lo que qué probablemente haya querido referirse el funcionario, es al potencial que tiene el sector para generar divisas. Sin embargo, en la actualidad esa posibilidad en los hechos es nula. Curioso aliado, ese, que casi no paga impuestos ni regalías, envenena a la población y destruye el potencial productivo del país.

En su momento, después del largo periodo en que la explotación minera se centró en la plata, Bolivia paso a ser una potencia estañifera. Un segmento de industriales bolivianos tuvo la virtud de modernizar la minería y rescatarla de las empresas extranjeras (Patiño logro “ganar” el control empresarial a las empresas chilenas).  Sin embargo, ese mismo sector no tuvo la visión para reinvertir en el país, y mas bien se dedico a fundar empresas en el extranjero. De ahí que vivimos un periodo en el que podíamos preciarnos de una minería moderna, pero enclavada en un país extremadamente atrasado. Tuvieron que ser los gobiernos nacionalistas (Busch al determinar la entrega del 100% de las divisas provenientes de la minería al Banco Central y el MNR al nacionalizar las minas), los que lograran que la utilidad minera se invirtiera en el desarrollo del país; gracias a ello se pudo construir la carretera La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, merced a la cual se dio inicio a un proceso que entre sus resultados a tenido, el de la generación del aparato productivo cruceño.

La minería boliviana entonces, siempre ha tenido el potencial de alterar el destino nacional, pero nunca, por la forma en que se ha desarrollado en el último periodo, la capacidad de destrucción del territorio, con la que cuenta ahora.

La pregunta del millón entonces es: ¿en un momento histórico en el que se han agotado las reservas de gas, puede Bolivia prescindir de la minería? La respuesta evidentemente es no, pero tampoco es viable admitir una actividad minera como la que se desarrolla en la actualidad.

La minería tiene que integrarse al cause de la legalidad.  Articular la minería al desarrollo nacional, significa tolerancia cero a los emprendimientos mineros ilegales, determinar que los mineros paguen impuestos al igual que el resto de los sectores empresariales bolivianos, y que al ser una actividad extractiva pague regalías significativas para el gobierno central y los gobiernos autonómicos.

Debe modificarse la norma, haciendo que sea obligatorio que los municipios y gobernaciones tengan participación en la consulta previa y en la otorgación de concesiones. Es simplemente ridículo que los encargados de la planificación territorial no tengan participación en este proceso.

Evidentemente por su conformación geofísica Bolivia, tiene una potencialidad minera enorme, pero también por la misma, tiene cursos de agua extremadamente frágiles. La minería puede ser admitida siempre y cuando no afecte centralmente la vida de sus áreas de influencia.

Los cooperativistas mineros, a fuerza de dinamitazos y probablemente del uso de sus ingentes ingresos, han logrado hasta ahora que la discusión respecto a los temas centrales de la explotación minera, salga de la agenda pública. Sin embargo, esta claro, que es necesario incorporarla de manera adecuada si es que pretendemos ser un país mínimamente viable.