Contaminación minera: Fiscalía pide pruebas a indígenas

La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) cuestiona que el Ministerio Público traslade a los pueblos indígenas la responsabilidad de demostrar los daños ambientales que vienen denunciando desde hace años. La organización advierte sobre el riesgo de criminalización de sus dirigentes, que reclaman acciones estatales frente a la minería ilegal en el río Madre de Dios.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Pando conminó a la CIPOAP a presentar, en un plazo de 24 horas y bajo advertencia de consecuencias penales por incumplimiento, estudios de laboratorio sobre contaminación por mercurio y otros metales en el río Madre de Dios, además de identificar a los dirigentes que suscribieron una resolución de emergencia y entregar documentación sobre una asamblea indígena realizada en septiembre de este año.

El requerimiento, emitido en el marco de una investigación penal de oficio por presunta explotación ilegal de recursos minerales, ha generado preocupación por la posible vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el riesgo de amedrentamiento contra quienes denuncian los impactos ambientales de la actividad minera y exigen la intervención del Estado para proteger sus territorios.

Entre la documentación solicitada figuran estudios de cabello, sangre y orina elaborados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en 2023 y 2024; los nombres de los representantes que firmaron la Resolución de Asamblea de Emergencia Nº 1/2026; una copia legalizada de ese documento; informes sobre los lugares donde presuntamente se desarrollan actividades mineras ilegales y existe contaminación por mercurio, plomo, zinc y arsénico; y antecedentes sobre el retiro de balsas mineras de comunidades indígenas afectadas.

Pese al reducido plazo otorgado, la CIPOAP presentó este viernes su respuesta formal ante el Ministerio Público. La organización manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones, pero cuestionó que se pretenda trasladar a los pueblos indígenas la carga de demostrar una problemática que, según afirma, ha sido denunciada durante años y puesta en conocimiento de distintas instituciones estatales.