La autonomía esmirriada

Los aspavientos del affaire “Cerimedo – Beller”, han logrado que dos eventos relacionados con el quehacer autonómico pasen inadvertidos, no solo en el ámbito nacional, sino inclusive en el regional, en el que por razones obvias deberían concitar un interés superlativo.

El primero se refiere a la reunión de técnicos de ocho gobernaciones en la ciudad de Tarija, realizada con el propósito de desarrollar instrumentos concretos, para mejorar la capacidad financiera de las mismas. El segundo, al cumplimiento del ritual establecido, pero no menos importante por ello, mediante el cual la Asamblea Legislativa Departamental, aprueba del POA de la gobernación, para luego remitirlo al Ministerio de Finanzas, a fin de que sea aprobado e incorporado al sistema de planificación del Estado.

Puede parecer increíble, pero es real: las entidades subnacionales con menos recursos (en términos genéricos) del país, están obligadas cubrir varias competencias que de acuerdo a la norma corresponden al nivel nacional, pero además se les aplica descuentos en sus ahora paupérrimas fuentes de ingresos (la ley 767 que dispone la retención del 12% del IDH en función a un fondo de exploración hidrocarburifera que nunca se materializó).

La falla se origina en un equivoco en el que cayeron todos los bolivianos a principios de siglo; la idea de que el país tenía reservorios inmensos e inacabables de gas. De tal manera que en el momento en que se discutía e implementaba el régimen autonómico, se decidió atar su financiamiento central al IDH, y en algunos y privilegiados casos, a las regalías.

Una veintena de años después, ya sabemos que los reservorios de gas eran limitados, y que además no pudieron desarrollarse merced a una serie de gestiones que no quisieron, o no pudieron, debido a limitaciones en sus capacidades, invertir adecuadamente en la exploración.

La actual miseria de las gobernaciones, quedo retratada hace algunos meses, cuando un gobernador, el del Beni si no me equivoco, amenazó con hacer huelga de hambre n la plaza de su ciudad principal, si es que no obtenía recursos para pagar sueldos.

La reunión de Tarija al parecer avanzó, acordando construir instrumentos normativos que impidan el uso de recursos regionales en el pago de acciones correspondientes al nivel nacional (pre diarios, bonos, títulos de bachiller, etc.), en un ultimátum para que se derogue la ley 767 hasta el 30 de septiembre, y en una “propuesta – deseo·” en sentido de que se destine un 15% de la coparticipación tributaria, al financiamiento de las gobernaciones.

Y mientras se producía la reunión de gobernaciones mencionada en las oficinas del ejecutivo de la gobernación de Tarija, al frente se producía la acostumbrada discusión anual de aprobación del POA en el legislativo departamental, la que ha tenido el merito de recordarnos, que la autonomía departamental tal como esta implementada en varios aspectos, es por lo menos limitada (“chistosa” diría algún amigo en una conversación de café); un presupuesto elaborado “autónomamente”, pero que generalmente es hecho en base a “directivas” del ministerio de finanzas, y que en entendemos que en la práctica puede ser modificado por esta instancia.   

Pero más allá de causas y características, el tema de fondo en esta problemática se centra en la concepción que tenemos de la autonomía departamental: ¿la entendemos como la expresión de deseos de regiones periféricas o elites ambiciosas?, o ¿más bien como un mecanismo de organización del Estado, necesario para que el país funcione adecuadamente?

En los primeros siglos de la república, el centralismo se entiende como la necesidad de un Estado débil y un país desarrollado en forma desigual (la minería en el occidente, frente al conjunto restante), para mantener la cohesión. En la Bolivia actual, donde la vertebración, a pesar de sus múltiples deficiencias ha avanzado significativamente, y donde las “regiones” han desarrollado aparatos productivos importantes, el centralismo no solo es un obstáculo para el crecimiento, sino que además es impracticable en los hechos.

La autonomía tiene que perfeccionarse para funcionar mejor (superar la marca burocrática y prebendal que le dejo la etapa de abundancia de recursos provenientes del gas), pero queda claro que es imprescindible para que los sectores productivos crezcan y paradójicamente, se integren con el resto del territorio.

En la discusión profunda, y excesivamente alejada de las urgencias de los sectores políticos vigentes, sobre la reforma normativa y constitucional, debería estar contemplado el tema autonómico, y específicamente el de su financiamiento. Si esto no ocurre, la necesidad y práctica autonómica no desaparecerá, pero si se verá obligada a buscar su espacio en forma tortuosa y difícil, como ha ocurrido en varios periodos de nuestra historia.

[1] Rodrigo Ayala es cineasta y gestor ambiental