Debilidad política, urgencia económica

En la crisis del 84 – 85 la angustia social se centraba en la hiperinflación, la que vivimos actualmente, se enfoca en la falta de diésel. En la debacle del siglo pasado los ciudadanos hacían filas para adquirir productos básicos con bolsas cargadas de billetes, hoy observan las colas interminables de camiones, cisternas y maquinaria que se multiplican serpenteantes alrededor de las estaciones de servicio. El país de ese momento se crispaba por la perdida del poder adquisitivo de la moneda, el de hoy se desespera porque le falta uno de los elementos imprescindibles para su funcionamiento.

Los periodos 1985 – 2003 y 2006 -2019 tienen en común, el que la política, aunque de distinta manera, encontró el mecanismo para responder a las condiciones mínimas requeridas por la sociedad para su funcionamiento. Por supuesto que las diferencias entre ambos son cualitativas: el periodo de la “democracia pactada”, estuvo marcado por el ajuste de inicio, que impuso como sello la restricción en el gasto y las concesiones para atraer inversión extranjera. Por su parte, el periodo de la “revolución democrática y cultural”, quiso redistribuir el excedente que emergía de uno de los periodos más afortunados del extractivismo boliviano, merced a la disponibilidad del gas y los altos precios que alcanzo en el mercado internacional.

Sin embargo, ambos ciclos tienen en común, el que acabaron cayendo en crisis profundas, debido a que el aparato político que los sustentaba, no tuvo la capacidad de “reinventarse”, de dar repuestas a las urgencias de la sociedad en el marco de las reglas establecidas, como ocurre en sociedades con una cultura institucional más sólida. En los dos casos, los actores políticos centrales, presa del desprestigio, fueron desbordados por la emergencia social; los partidos políticos de la democracia pactada perdiendo hasta sus personerías jurídicas, con alguna triste excepción, y al final del otro ciclo, devino un MAS fragmentado y marginal, con sus principales lideres asediados por procesos penales de índole personal.

El MNR, la ADN, EL MIR y las otras tres o cuatro fuerzas políticas que les hicieron compañía en la última etapa del anterior siglo, probablemente intuían que la sociedad les reclamaba una mayor redistribución de recursos, después de veinte años de ajuste, y lo que se dio a denominar la “inclusión social”, es decir la incorporación de las clases medias y empresariados emergentes a los mecanismos más importantes de manejo de la economía y de la política del país. Pero simple y llanamente no tenían la capacidad, y probablemente la voluntad, de dar el giro. Ante los ojos del ciudadano común terminaron asemejándose a un estrecho grupo de “pasanaku”, que se repartía privilegios merced a los denominados “acuerdos” de gobernabilidad (patrióticos, por el país, para salvar Bolivia, etc., etc.).

El MAS encaramado en el sentimiento de exclusión de amplios sectores de la población, introdujo al manejo del Estado a sectores de lengua materna indígena, y entrego sectores de la economía a los empresariados emergentes (mineros cooperativistas, comerciantes de tierra), pero en la realidad concreta termino abandonando sus postulados genéricos (reivindicación de las nacionalidades indígenas), para apoyarse exclusivamente en las “corporaciones” (cocaleros, bartolinas, interculturales, etc.), lo que redundó en un círculo también cada vez más cerrado de manejo del poder. Ese panorama empeoro por el régimen del partido único, y la obsesión de Evo Morales por reproducir el poder en su persona.

Esos son los dos últimos ciclos “fuertes”, que vivió Bolivia. Lo que nos ha tocado vivir desde el 2019 a la fecha, son siete largos años, de un ciclo “débil”, en el cual los gobiernos que se han ido sucediendo no han sido capaces de generar el mecanismo político e institucional pertinente para lograr que el país “funcione”.  Y esa incapacidad, tiene que ver con la extrema debilidad política de los actores bolivianos del sector, expresada de manera simple en el cortoplacismo y la angurria.

Jeanine Añez, encabezó un gobierno de transición, signado por la corrupción, y quiso convertir un mandato para llamar a elecciones, en un proyecto de reproducción de poder a largo plazo. Y el castigo que sufrió, extremadamente duro, logró que el gris Arce Catacora, ganara la presidencia con un porcentaje superior al que obtuvo Morales en su primera victoria electoral. Signos distintos, pero incapacidades políticas similares; Arce Catacora no tuvo ninguna voluntad de ir más allá de la simple administración y usufructo del aparato estatal. Una mediocridad compartida podríamos decir.

Y esa debilidad política se ha acentuado, de tal manera, que imposibilita dar respuestas a las urgencias que Bolivia necesita resolver para iniciar un nuevo ciclo que le de viabilidad.

“La política es economía concentrada” decía uno de los clásicos, y en este caso vemos como la economía es asfixiada, sin que el ámbito que debería ordenarla, atine a reaccionar ante la debacle que se avecina.

La respuesta política a la crisis que vive Bolivia, necesita ir más allá de las simples formulaciones jurídicas, y debería superar la mediocridad generalizada que nos ha signado en los últimos años. Después de diversos años de fracasos, los actores, en el sentido más amplio de la palabra, van a estar nuevamente ante el reto de mostrar, si tienen alguna capacidad de dejar el corto plazo y dar viabilidad al país.