Tolomosa y Guadalquivir políticas diferenciadas para el agua y los áridos

Los productores agrícolas de Tolomosa tienen razones para exigir restricciones y, allá donde el daño lo justifique, la suspensión de la extracción de áridos. Proteger el río que sostiene sus cultivos es defender la alimentación de Tarija. La escasez que denuncian obliga a revisar permisos, fiscalizar operaciones y medir los efectos de retirar arena, gravilla, grava y piedras.

Un río transporta agua y sedimentos. Extraer más material del que repone puede profundizar el cauce, bajar el nivel del agua y dejar las bocatomas de riego demasiado altas para captar por gravedad. Donde existe conexión con el acuífero, también puede descender el agua subterránea. La disponibilidad real para regar puede disminuir aunque no disminuya el caudal del río.

Las piedras grandes cumplen una función especial: ofrecen resistencia a la corriente, disipan energía y ayudan a estabilizar el fondo. Retirarlas puede facilitar que las crecidas arranquen materiales más pequeños y profundicen el lecho. Además, modifican los intercambios de agua con los sedimentos. Su importancia exige evaluar cada tramo antes de autorizar nuevas extracciones.

La protección debe acompañarse de riego adecuado a cada cultivo y suelo: goteo o microaspersión, filtros, medición de humedad, reparación de fugas y turnos acordados. Se necesitan crédito y asistencia al productor. Ante el llamado «super Niño», NOAA prevé un evento fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027. Sus efectos locales requieren seguir al Senamhi; prepararse exige ahorrar agua y preservar las fuentes que la suministran.

El Guadalquivir, que atraviesa nuestro mundo urbano, presenta una problemática diferente. Su lecho hinchado por las acumulaciones históricas de sedimentos obligan a estudiar el papel de la antigua represa de San Luis, vinculada a la primera hidroeléctrica tarijeña. Una barrera así puede generar remanso y favorecer depósitos aguas arriba. La hipótesis de retenciones acumuladas durante casi un siglo exige medir su alcance y distinguirlas de los aportes naturales de los afluentes de montaña.

Donde los depósitos reducen la capacidad del cauce, una riada puede alcanzar cotas mayores y amenazar viviendas, puentes e infraestructura de las costaneras. Basta mirar desde el Puente Bolívar la altura del bosquecillo que ya se despliega hacia arriba y hacia abajo y el exiguo ancho dejado para el agua, para darnos cuenta del enorme peligro para el Parque Temático y las viviendas de la zona. Urge orientar la extracción hacia esos excedentes, donde su retiro contribuya a reducir el riesgo. Mantener una presión extractiva perjudicial sobre las áreas agrícolas mientras se desatiende una acumulación peligrosa en la ciudad es una contradicción de gestión que ya se arrastra demasiado tiempo.

Ese traslado requiere reglas precisas. La autoridad debe definir sectores, volúmenes, profundidades máximas y temporadas con estudios hidráulicos y de transporte de sedimentos. Las chancadoras podrán aprovechar el material autorizado; su demanda no decidirá cuánto excavar. Deben preservarse los cimientos de puentes, las defensas y las riberas, con controles públicos tras cada intervención y crecida.

También corresponde discutir el retiro de la represa de San Luis, o la disminución controlada de su altura, considerando sus usos actuales. Si esa estructura mantiene una acumulación perjudicial, conservarla sin evaluar alternativas perpetuaría el problema. Rebajar el nivel que impone podría permitir que el propio río erosione parte de los depósitos y reduzca la necesidad de extraerlos mecánicamente. Corresponde estudiarlo puesto que el sedimento arrastrado tendría un destino aguas abajo. Una liberación excesiva podría formar nuevas acumulaciones y aumentar el riesgo en La Angostura o El Ancon. La erosión regresiva, que avanza aguas arriba al bajar el nivel de control, también puede descalzar estructuras. Retirar una presa no significa que todo el valle bajará uniformemente ni que desaparecerán los depósitos. Se deben comparar conservación, rebaje y retiro gradual. Cada etapa debe limitar el material liberado a lo que el río receptor pueda transportar sin trasladar el peligro.

Necesitamos una Ley Departamental de Gestión de Cuencas y Sedimentos del Valle Central, para las áreas correspondientes de Cercado, Méndez, Avilés y Arce. Dentro de sus competencias y de la normativa nacional, debe financiar el diagnóstico, la restauración y el riego tecnificado, establecer monitoreo continuo y promover acuerdos entre la Gobernación y los municipios de Tarija, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya.

La competencia municipal sobre áridos debe respetarse. Los gobiernos locales, mediante convenios y reglamentaciones coordinadas, definirán las autorizaciones y restricciones sustentadas en el plan de cuenca. Productores, vecinos y universidades deben participar en su seguimiento. Un registro público de permisos, volúmenes retirados y cambios del lecho permitirá comprobar si las decisiones protegen el agua y reducen las inundaciones.

La Asamblea Departamental debe abrir este debate y asignar recursos para resolverlo. El primer encargo es concreto: medir el Tolomosa y el Guadalquivir, evaluar San Luis y publicar alternativas con sus beneficios y riesgos. Quienes cultivan necesitan agua para seguir sembrando; quienes viven junto al río necesitan seguridad. Las decisiones sobre los áridos deben responder a esas necesidades verificables.