El narcotráfico vuelve a poner bajo presión a las instituciones

El narcotráfico vuelve a poner a prueba a las instituciones bolivianas en varios frentes. Mientras el viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, exige a Samuel Doria Medina que presente ante la Fiscalía pruebas y nombres sobre presuntos pagos para permitir el paso de avionetas con droga, en Chile avanza una investigación por la posible presencia de sustancias controladas en un cargamento de madera boliviana. En paralelo, las revelaciones vinculadas al exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo y la posterior caída del entonces fiscal general Roger Mariaca mantienen abiertas las preguntas sobre una eventual protección institucional a las redes criminales mientras que los sicariatos y ajustes de cuentas siguen produciéndose de manera constante en el oriente boliviano.

Las investigaciones no han establecido que todos estos episodios formen parte de una misma trama. Sin embargo, su coincidencia temporal invita a la reflexión.

La denuncia de los cobros

Badani pidió públicamente a Doria Medina que entregue al Ministerio Público la información que dice conocer sobre supuestos cobros por la salida de avionetas cargadas con droga desde el Beni. El viceministro calificó las declaraciones de graves por las posibles implicaciones de funcionarios públicos y advirtió que retener información podría obstaculizar la lucha contra el narcotráfico.

La controversia surgió después de que Doria Medina afirmara, en una entrevista con la periodista Maggy Talavera, que una senadora le había contado que durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo se cobraban 50.000 dólares por cada avioneta que transportaba unos 500 kilos de cocaína y que, durante la actual administración, la tarifa habría subido a entre 70.000 y 80.000 dólares.

El empresario aseguró que alertó al presidente Rodrigo Paz, pero se negó a revelar públicamente su fuente porque, según explicó, se trató de una conversación privada. También sostuvo que no se trataría de una persona aislada, sino de una presunta red de protección.

Por ahora, los cobros denunciados y la participación de funcionarios no están acreditados públicamente. La exigencia de Badani plantea la necesidad de que la información sea contrastada por el nuevo fiscal Armando Urioste, pero también deja pendiente una cuestión central: si el Presidente recibió la alerta, qué actuaciones se dispusieron y qué resultados produjeron. En su círculo no ha habido pronunciamiento, aunque desde el lunes se insiste en la existencia de amenazas del narcotráfico contra su persona y su familia.

Cerimedo y la caída de Mariaca

Las acusaciones de Doria Medina se producen después de que las grabaciones y denuncias vinculadas a Fernando Cerimedo – encarcelado por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito de forma preventiva - abrieran una nueva línea de investigación sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y funcionarios.

La investigación la alertó el entonces fiscal Roger Mariaca hablando precisamente de supuestos pagos a autoridades del Estado de las avionetas en Beni.

El caso no avanzó, y poco después el fiscal general Roger Mariaca fue aprehendido. Concretamente el 30 de septiembre junto con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en un operativo que el Gobierno relacionó con una presunta estructura criminal dentro de la justicia y el Ministerio Público.

El caso lo desencadenó la publicación de una lista por parte de la embajada de Estados Unidos de ciudadanos a los que se les negaría la entrada al país. Además de Mariaca había una docena de nombres y la promesa de publicar al menos una veintena más.

Entre ellas había otros fiscales, jueces y el expresidente de la Aduana nombrado por Rodrigo Paz. La sucesión de revelaciones ha colocado bajo escrutinio a instituciones llamadas precisamente a investigar y combatir el crimen organizado.

Las “narcomaderas”, otra investigación abierta

Mientras la polémica se concentra en las presuntas narcoavionetas y en el caso Cerimedo, el expediente de la madera boliviana incautada en Chile tiene una nueva instancia judicial prevista para el 29 de octubre.

El cónsul general de Bolivia en Chile, Flavio Escobar, informó que la audiencia permitirá revisar los avances del caso y las diligencias dispuestas por el juez. La investigación busca determinar la presencia y la cantidad de sustancia sospechosa en un cargamento de exportación boliviano. Las autoridades chilenas incautaron unas mil toneladas de madera llegada de distintos puntos de Bolivia, calcularon que había unas 100 toneladas de droga disuelta y que se distribuía por todo el mundo, pero en Bolivia no hubo contraparte ni de parte del Fiscal Mariaca ni del ministerio de Gobierno de Marco Antonio Oviedo.

Según el diplomático, los empresarios afectados consiguieron suspender la quema del material y solicitaron acceso a la información judicial para defender sus intereses. También se dispuso realizar análisis de laboratorio, con la posibilidad de recurrir a instalaciones locales o internacionales. Escobar no precisó qué laboratorios participarán ni cuándo se conocerán los resultados.

La audiencia deberá evaluar el cumplimiento de las medidas judiciales y los siguientes pasos de la investigación. Hasta que se conozcan los resultados, no corresponde dar por confirmada la presencia de droga en toda la carga ni establecer responsabilidades.

El caso tiene consecuencias que van más allá del expediente penal: compromete a exportadores bolivianos, plantea interrogantes sobre los controles de la carga y puede afectar la confianza en los mecanismos de comercio exterior. Sin embargo, el proceso todavía debe establecer qué sustancia se detectó, en qué cantidad y cómo llegó al cargamento.

Para bien o para mal, en Bolivia no saltó ninguna alarma y hasta hoy no se han dado pasos en ninguna dirección, ni en la investigación ni en el reclamo diplomático.

Como sea, el caso “del Pacífico” se considera diferente al del oriente, donde siguen los asesinatos a sangre fría y que temporalmente coinciden en su aparición con el apresamiento de Sebastián Marset, el narcotraficante más buscado de América detenido en marzo y extraditado a Estados Unidos. El ministro Oviedo anunció que se trasladaba a Santa Cruz para atender de cerca la emergencia. Allí anunció la creación de una unidad de élite con cooperación de Estados Unidos. "No vamos a parar y este es un mensaje muy claro para jueces, fiscales que estén encubriendo a esta organización criminal. Vamos a seguir adelante y así como vamos a ser duros hacia afuera, también vamos a ser duros hacia adentro. No vamos a aceptar que ninguna de las acciones que han sido determinadas por el Gobierno se vean empañadas como en el pasado inmediato por acciones de malos policías", manifestó.

Preguntas que siguen sin respuesta

Los episodios son distintos y no hay elementos públicos suficientes para afirmar que estén conectados. Pero comparten un problema de fondo: la necesidad de que las denuncias se traduzcan en pruebas, las investigaciones avancen con transparencia y las autoridades rindan cuentas sobre sus actuaciones.

La audiencia en Chile, las actuaciones de la Fiscalía y la información que pueda aportar Doria Medina serán pasos distintos, pero relevantes para responder esos interrogantes.