Estado de excepción como modo de sobrevivencia política

Rodrigo Paz llegó al Gobierno prometiendo "devolvernos la democracia". Como si antes de él no hubiera existido. Y luego puso a Bolivia a vivir medio año bajo estado de excepción.

El DS 5707 amplía por otros 90 días este régimen, declarado el 20 de junio. Mantiene en todo el territorio las medidas extraordinarias y las restricciones a los derechos constitucionales. Fue tratado por la Asamblea Legislativa y se aprobó por amplia mayoría. Mientras las encuestas muestran la falta de respaldo al gobierno (más de 89% cree que el país está mal dirigido), los representantes del pueblo, en contrarruta, cada día están más próximos al gobierno. Esto tiene una explicación y está muy alejada de los intereses colectivos.   

Un estado de excepción sirve en momentos excepcionales pero hoy se parece a una forma extrema para lograr la sobrevivencia política del gobierno. Si no alcanza la democracia, quedan los tanques. La justificación para mantener el estado de excepción es que "vendrán conflictos". Es como castigar a alguien bajo la premisa de que crees que no cumplirá con sus obligaciones.

Bolivia atraviesa un malestar real que ni las narrativas políticas ni las "novelas" mal guionizadas pueden esconder: el diésel falta, los precios suben y el dinero no alcanza. Sectores cívicos, sociales y productivos reclaman por problemas reales. El lío es transversal y no solo afecta a "los enemigos de la patria que buscan desestabilizar el gobierno". Ninguno de estos problemas va a desaparecer porque se prohíba bloquear o manifestarse o porque llamen a la crítica "desestabilización".

El estado de excepción no va a resolver las causas del conflicto, solo lo administrará bajo la amenaza de la fuerza, que sería la peor salida. Claro que ellos no creen que la peor salida sea que la gente muera, sino que ellos pierdan el poder (el poder de hacer campaña comercial por Starlink, por ejemplo).

Luis Tapia piensa a la democracia como igualdad política y deliberación sobre el destino colectivo. Zavaleta la pensó como autodeterminación de las masas. En ningún caso, la democracia significa ausencia de conflicto, sino capacidad para procesar políticamente el inevitable conflicto social.

Esta es la naturaleza misma de la política. La pericia en la gestión consiste en crear los mecanismos para resolver los conflictos. Lo peor es creer que estos se pueden prohibir. Y que la prohibición los hará desaparecer. En realidad, lo que hará es acrecentar el malestar. La represión no tiene largo alcance cuando no hay una solución de origen a los problemas.

La narrativa del gobierno ha convertido a los dirigentes en "terroristas", creyendo que el peso de las palabras y la radicalidad de las acusaciones acabará con la voluntad social. Error.

En uno de los audios atribuidos a Rodrigo Paz y Fernando Cerimedo --cuya autenticidad todavía requiere peritaje judicial—se los escucha hablar de construir una “novela”, de que “la narrativa la armamos nosotros”, de "dividir" y de identificar al Chapare como “centro del terrorismo”.  

Este es el modus operandi.

Nadia Beller, víctima de intento de feminicidio del negado Cerimedo, denunció listas de legisladores supuestamente beneficiados para sostener al Gobierno; varios parlamentarios también han denunciado ofrecimientos de cargos y de supuestos pagos. Después de la masiva aprobación de la continuidad del estado de excepción en el Parlamento, es difícil que los parlamentarios puedan sostener que lo que denuncia Beller es falso.

Los líos no se resuelven comprando parlamentarios o presionando al fiscal. Ni tampoco silenciando a los medios sobre el caso Cerimedo.

No se puede debatir ningún proyecto país bajo la idea de que gobernar es igual a disciplinar. O a engañar. O a eludir los problemas. O bajo la idea de que el transfugio es un método parlamentario sostenible.

Hasta la Constitución que tanto dijeron defender después del 21F hoy les estorba. Varias fuerzas políticas, incluidas las oficialistas, impulsan su reforma, pero el artículo 140.III establece literalmente: “La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”. Incluso así, "el Gobierno descarta que exista ese impedimento". ¿No saben leer? La Constitución dice claramente una cosa y el Gobierno "lo descarta".

Un síntoma mayor de que la salud de la democracia corre peligro es precisamente que los límites constitucionales empiecen a ser tratados como obstáculos interpretables por quien ejerce el poder.

Bolivia ya conoció estados de sitio en democracia. Paz Estenssoro utilizó uno contra la Marcha por la Vida; Banzer lo decretó durante la Guerra del Agua; Evo Morales lo hizo en Pando. Pero para encontrar un antecedente de seis meses hay que retroceder hasta 1995, al primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Treinta y un años después, el Gobierno que vino a "recuperar la democracia" se dispone a igualarlo. ¿Habrá que recordarle cómo terminó Goni?

Si en ambientes políticos y económicos circuló una pregunta complicada: “¿hasta cuándo dura Rodrigo Paz?”, al parecer la respuesta es la prolongación del estado de excepción: “Nos vamos a quedar, aunque sea en plan militar”, dicen.

Un gobierno fuerte no necesita las botas para aplicar medidas económicas. Un gobierno que ha convencido a la población de que existe un norte que beneficia a todos, lejos del entreguismo y la corrupción, no necesita refugiarse en un estado de excepción infinito.

Este gobierno, en cambio, es cada vez más débil, tanto que nos preguntamos si el alargamiento del estado de excepción podrá aplicarse. Las movilizaciones se han anunciado y quizá el malestar sea mayor que el miedo.

Paz parece dispuesto a medir fuerzas con un pueblo cansado de un gobierno inservible. ¿Cuánto puede soportar el pueblo la inflación, la escasez, la falta de diésel, la corrupción, el deterioro de los ingresos y, además, las restricciones para protestar?

Y la pregunta inversa: ¿cuánto puede soportar el gobierno si el pueblo decide que ya no soporta más? ¿Va a reprimir duramente? ¿Va a ensangrentarse?

Dentro de 90 días las causas del malestar social seguirán ahí; de hecho, serán aún más graves, porque la aplicación del paquete del FMI no va a resolver, sino agravar la crisis económica.

No sabemos si el estado de excepción será suficiente para sostener a Rodrigo Paz, pero sí sabemos que hoy no se trata de una medida excepcional sino de su nuevo mecanismo de gobierno.