Escasez de combustible, contrabando y corrupción

El tiempo va pasando y la escasez de combustible se agudiza en el todo el ámbito del territorio nacional, Largas colas de motorizados confirman esta triste realidad que nos abate El Presidente en su mensaje presidencial ha reconocido, esta anomalía atribuyéndola a la falta de logística en la ATT, la corrupción y el contrabando.

El precio de los carburantes a nivel internacional, gasolina, diésel, gas vehicular y gas licuado, entre otros se fija en base a una combinación de tres factores clave: la cotización internacional del petróleo crudo, los costos de refinación y logística, y la política fiscal o de subsidios de cada país.

Además de lo anotado, se debe tomar en cuenta los precios de referencia (Marcadores marcado por la calidad del crudo). El mercado global utiliza petróleos de referencia para fijar los precios. Los principales son el WTI (West Texas Intermediate, de referencia para América), el Brent (del Mar del Norte, referente en Europa y África), y la mezcla de Dubái/Omán (referente para Asia); pero además en este intricado problema es sustancial sopesar sobre. Oferta, demanda y geopolítica. El precio sube o baja según la producción global (donde actores como la OPEP juegan un papel regulador clave), los conflictos internacionales, el clima o la especulación en los mercados de futuros financieros

Este incierto panorama nos pone entre la cruz y la espada. Los precios de los combustibles en Bolivia se mantienen por debajo de los costos internacionales gracias a una fuerte política estatal de estabilización y subsidios. A pesar de los fuertes ajustes tarifarios, el Estado absorbe la diferencia entre el costo de importación y el precio final al consumidor, lo que no puede ser de por vida, porque supone que nos encontramos “flotando en el imaginario” de una mágica solución que nunca vendrá porque la realidad es la realidad.

El actual precio de los carburantes en nuestro país da lugar al acaparamiento, el contrabando y la corrupción. Hay quienes compran combustible con el único fin de especular, venderlo ahora en el mercado negro, que sabemos todos “existe”, y seguir “guardándole” para cuando suban los precios. En pocas palabras en vez de ahorrar en billetes, inclusive dólares, lo hago en combustible, que me asegura pingues ganancias.

El contrabando es otra actividad ampliamente “favorecida”, que junto a su aliada inseparable “la corrupción”, desafían y echan por tierra, cualquier sistema de control por sofisticado que fuera y la cantidad de uniformados funcionarios que empleáramos. Los controles en estaciones de servicio y fronteras, no muestran resultados eficaces, así lo confirman las largas filas de molestos conductores, que esperan hasta varios días para cargar combustible en lugar de trabajar.

Esto no puede seguir: Por absurdo, que parezca seguir requiriendo a la vieja ley económica de la oferta y la demanda. El precio de un bien se fija en el punto donde la cantidad que los vendedores quieren vender es igual a la cantidad que los compradores quieren comprar. Este punto se conoce como precio de equilibrio, donde el mercado se estabiliza, teniendo como resultado final, que el precio final de un producto o servicio no lo decide únicamente el vendedor ni únicamente el comprador, sino la interacción de ambo

Sin embargo, esto que parece muy sencillo, en cuanto a política de precios de carburantes, debe ser razonadamente, analizada y finalmente asumida. Se tiene ya vigente normativa para la libre importación de combustibles (diésel y gasolina) Esta medida se formalizó a través de decretos como el Decreto Supremo N° 5644 y el reglamento específico aprobado por el Ministerio de Hidrocarburos (Resolución Ministerial N° 128/2026) No obstante es preciso aclarar “EL COMBUSTIBLE IMPORTADO POR PRIVADOS NO ESTÁ SUJETO A LA SUBVENCIÓN ESTATAL, POR LO QUE SE COMERCIALIZA A PRECIOS DE MERCADO”.

Esto podría ser un problema entre YPFB y los Privados, empero, no es así; ¿QUE HACEMOS CON LOS MAS VULNERABLES QUE SON LOS MAS? Tal vez un fondo de compensación como el PP por lo menos por un año u otra forma de retribución. El financiamiento estaría garantizado con el ahorro de la subvención actual, dado que el Art. 9 de la CPE, le impone al Estado como tal: “su objetivo principal es construir una sociedad justa, descolonizada y sin discriminación, GARANTIZANDO EL BIENESTAR INTEGRAL, LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE TODAS LAS NACIONES Y PUEBLOS QUE CONFORMAN EL PAÍS”

                                                 * abogado Constitucionalista y Penalista