Aceleran causas contra opositores mientras se dilata caso Cerimedo

La aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo, el operativo policial contra personas vinculadas a las movilizaciones del evismo y los anuncios de nuevas investigaciones contra periodistas y exautoridades configuran una ofensiva policial y fiscal – en la línea de lo acaecido en octubre - que contrasta con la falta de avances concretos sobre el contenido de los audios atribuidos al estratega político Fernando Cerimedo, en los que aparecen conversaciones con autoridades y personas del entorno del presidente Rodrigo Paz.

Mientras el Gobierno despliega operativos, presenta denuncias y anuncia pesquisas sobre presuntos planes de desestabilización, el caso de las grabaciones que comprometen a figuras del Ejecutivo permanece en una etapa preliminar. La Fiscalía General anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para investigar su origen y autenticidad, pero aclaró que todavía no existe un proceso penal abierto por estos hechos. Cabe recordar que las principales verificadoras del país han dado por válidos los dos audios en los que Cerimedo conversa con la esposa del presidente María Elena Urquidi, el que conversa con el diputado Alejandro Reyes y con el ministro Mauricio Zamora, además de otros presentados en agosto por el vicepresidente Edmand Lara.

Cado radares

El jueves 29 de octubre, el exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido después de declarar ante la Fiscalía de La Paz por el caso de los radares. La investigación, impulsada por una denuncia del actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, indaga un presunto daño económico superior a los 1.478 millones de bolivianos en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), que contemplaba la adquisición de 13 radares franceses.

La denuncia alcanza también a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López. La Fiscalía investiga posibles delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y deberá establecer la responsabilidad individual de cada exautoridad.

Caso protestas

En Cochabamba, entretanto, la Policía aprehendió a dos personas durante un operativo en el que encontró armas de fuego, dinamita y otros explosivos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que existen comunicaciones entre uno de los detenidos, Alain Torrico, y el expresidente Evo Morales, relacionadas con preparativos para generar violencia durante las movilizaciones anunciadas por sectores afines al evismo.

El Gobierno sostiene que los materiales estaban destinados a provocar enfrentamientos durante la marcha prevista desde Patacamaya hasta La Paz, anunciada para el 6 de noviembre. Los detenidos serán imputados por tenencia y porte ilícito, además de fabricación de explosivos. Durante el allanamiento también se encontraron restos óseos que, según la investigación preliminar, corresponderían a una mujer. Este hallazgo dio lugar a otra pesquisa.

Caso Pasanaku

A esta secuencia se suma la denuncia de un supuesto sistema de «pasanaku» dentro del Ministerio Público de Santa Cruz, mediante el cual autoridades fiscales habrían beneficiado a determinados integrantes de la prensa a cambio de publicaciones favorables. El fiscal departamental, Jimmy López, anunció que podrían convocarse periodistas en función de los elementos que se recojan. El anuncio se produce mientras continúan las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Roger Mariaca.

Sin noticias de Cerimedo

El contraste aparece en el caso Cerimedo. Desde hace semanas circulan grabaciones atribuidas al exasesor político, actualmente recluido en Chonchocoro, en las que se escucharía a autoridades del Gobierno, al presidente Paz, a la primera dama María Elena Urquidi y a otros actores políticos. Entre los registros difundidos hay conversaciones atribuidas al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y a la hija del mandatario, Catalina Paz. La particular forma en la que opera un asesor extranjero sin contrato con el Estado en todas esas llamadas y los temas delicados que aborda – de nombramientos a adjudicaciones, pasando por decisiones de Estado – ya motivaron investigaciones en agosto, pero que se han detenido.

El presidente, en la línea estratégica planteada por el gobierno para confundir audios verificados y otros negados, pidió investigar “quién filtra o produce los audios” – y no quien los graba ni mucho menos sus contenidos -  y sugirió que podrían haber sido elaborados con inteligencia artificial.

El fiscal general, José Armando Urioste, anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para establecer la trazabilidad de las comunicaciones y determinar la procedencia de los archivos. Sostuvo que deben investigarse tanto el origen de las filtraciones como el contenido, pero insistió en que se necesitan elementos objetivos antes de abrir un proceso penal. También reconoció dificultades normativas para abordar este tipo de delitos.

El empresario y político Samuel Doria Medina reclamó una investigación «real e independiente» y planteó tres medidas: verificar los audios mediante empresas independientes, investigar el patrimonio y los movimientos financieros de las personas que aparezcan en grabaciones cuya autenticidad sea confirmada y, si corresponde, imputar a los sospechosos de corrupción.

La Fiscalía, por ahora, no ha anunciado medidas equivalentes sobre los posibles hechos de corrupción que se desprenden de las conversaciones. La prioridad institucional parece concentrarse en determinar quién grabó, filtró o difundió los archivos, mientras el contenido que podría comprometer a integrantes del poder sigue sin una investigación penal específica.