Democracia participativa en lugar de un cogobierno con organizaciones

El gobierno del presidente Rodrigo Paz necesita trabajar en un diseño institucional que le permita generar gobernabilidad no sólo con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino, sobre todo, con la sociedad civil organizada del país.

La solución para esto, sin duda, no puede ser constituir un cogobierno con las principales confederaciones de organizaciones sociales del país, como lo fue durante los periodos de gobierno del MAS-IPSP. Este al parecer le daba a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “Tupac Katari”, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (CNMCIOB) “Bartolina Sisa”, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros, una potestad para proponer ministros y hasta viceministros.

Fue esta práctica la que le generó gobernabilidad durante esos 19 años de gobierno. Las organizaciones sociales, como representación se la sociedad civil, cumplen -o deben cumplir- un rol interpelador sobre la gestión del Gobierno.  Por el contrario, al hacerlos de esa forma parte del gobierno (cogobierno), no solo los hizo corresponsables de su estabilidad, sino que los convirtió en “brazos políticos” del Gobierno.

El presidente Paz hace poco dijo que no aceptará tal cogobierno con las organizaciones que bloquearon el país durante los 51 días. Sin embargo, en realidad hizo prácticamente eso mismo, pero con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Comité pro Santa Cruz y otros de ese departamento, organizaciones que no tienen capacidad de movilización y presión social o, al menos, no tanto como tienen la COB, la CSUTCB, la CNMCIOB y otras del ala popular. Más todavía siendo organizaciones que representan solamente a uno de los nueve departamentos.

Esa práctica termina siendo claramente clientelista, lo que degenera en conductas extremas de corrupción y de uso conveniente de los ministerios en favor del grupo económico o social que promovió el nombramiento del ministro. La designación de ministros y viceministros deben ser siempre institucionales, es decir, realizarse bajo criterios de idoneidad

Por otro lado, existe una manera institucional de hacer algo parecido al cogobierno, pero sin caer en esa práctica nociva. Esa manera es la participación social en la gestión pública, lo cual es la aplicación de la democracia participativa prevista en la Constitución Política del Estado (art. 11.II.1).

Según manda esta máxima norma, toda política pública en el país debe diseñarse con la participación de la sociedad civil organizada (art. 241.I). Existen dos tipos de políticas públicas: las de Estado, que son las leyes y; las de gobierno, que son los planes (es donde se formalizan los programas, proyectos, adquisiciones, servicios y otras acciones que un gobierno decide ejecutar o implementar).

Eso implica que tanto las acciones ejecutivas del gobierno, como las leyes que se pretendan generar, deben diseñarse con la participación de la sociedad civil. Para eso, la misma Constitución indica que deben crearse espacios de participación social (art. 241.VI).

Los espacios de participación social son las reuniones entre representantes del gobierno y los de la sociedad civil. Existen dos tipos de espacios: los circunstanciales y los permanentes. Los primeros son los talleres participativos, los cuales, al concluir de elaborar una ley, reglamento, protocolo, plan, programa o proyecto, se disuelven. En cambio, los espacios participativos permanentes son aquellos que tienen integrantes fijos, por ejemplo, un representante de cada organización, más los representantes del gobierno, quienes se reúnen periódicamente. Estos pueden denominarse consejos, comités, juntas o como se prefiera. 

La Ley 341 de Participación y Control Social manda a que se creen espacios permanentes de participación social (art. 15). Esto, para garantizar la articulación constante del Gobierno con la sociedad civil, en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Esos espacios pueden ser integrales (que abarquen todos los temas o materias de competencia de ese gobierno), multisectoriales (que abarquen dos o más temas) o sectoriales (que abarquen un tema). En el Gobierno central, puede conformarse un espacio integral compuesto por representantes de este, como el presidente y vicepresidente del Estado, los ministros de la Presidencia y de Planificación, y los presidentes (oficialismo) y segundos vicepresidentes (oposición) de las dos cámaras de la ALP.

Por el lado de la sociedad civil, por representantes de las organizaciones ciudadanas o comunitarias de alcance nacional, ya que éstas representan territorialmente al conjunto de la población boliviana. Podrían ser parte los presidentes y vicepresidentes de la CSUTCB, la CNMCIOB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), así como los de los grupos poblacionales de atención prioritaria, como las organizaciones nacionales de personas con discapacidad, personas adultas mayores, LGTBI+, juventud y de la niñez y adolescencia.

Si la vicepresidencia de estas organizaciones no está a cargo de una mujer, debiera saltarse hasta la cartera más inmediata en jerarquía ocupada por una mujer, para garantizar la paridad de género en la representación social.

Entre estas organizaciones no aparece la COB, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y otros, debido a que éstas son organizaciones funcionales, por lo que no representan al conjunto de la población, sino a una determinada actividad económica o laboral. Por ello corresponde que participen en los espacios sectoriales y multisectoriales únicamente.

Para eso, pueden crearse espacios multisectoriales como, por ejemplo, un Consejo Nacional de Industria, Comercio y Servicios, donde participen -por parte del Gobierno- los ministros de Economía y Finanzas Públicas, de Trabajo, de Relaciones Exteriores y otros que tengan que ver con el tema, así como los viceministros/as del área, y los presidentes de las comisiones y comités correspondientes de las dos cámaras de la ALP.

Y, por parte de la sociedad civil, los máximos ejecutivos o presidentes y vicepresidentes -si no, la más inmediata que sea mujer- de la COB, CEPB, Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE) y de las organizaciones de alcance nacional del ámbito multitemático.

De igual manera con lo sectorial (temático), como la salud, educación, turismo, etcétera. Lo propio con los temas que tienen que ver con los otros órganos de gobierno, como el electoral y la administración de justicia, con representantes de esos órganos y de las comisiones y comités correspondientes de la ALP, además de las organizaciones pertinentes de la sociedad civil.

La conformación de este tipo de espacios es obligatoria (CPE, art. 241.VI; Ley 341, art. 15). Sin embargo, durante los años de vigencia de la Constitución y de la Ley de Participación y Control Social, el Gobierno central no los ha conformado aún, incumpliendo así ambas normas, al igual que los gobiernos autónomos.

Finalmente, en lo político, al gobierno de Rodrigo Paz le convendría conformar tales consejos, dado que los mismos servirían como espacios de concertación de las políticas de su gobierno. Habiendo acuerdos con la sociedad civil organizada correspondiente, difícilmente ocurrirían situaciones de descontento social, lo que evitaría las protestas y movilizaciones sociales en su contra. Un diseño sólido de la institucionalidad de la democracia participativa como la que se describe generaría, con seguridad, una situación de gobernabilidad permanente con la sociedad civil y con la ALP.

 

*Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado

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