Recomendaciones de Política Económica para un país viable – parte II

En 1968, el economista Milton Friedman, en su célebre discurso El papel de la política monetaria, introdujo el concepto de “tasa natural de desempleo”. Según este planteamiento, existe un nivel mínimo de desempleo que no puede eliminarse mediante políticas monetarias o fiscales expansivas, ya que responde a factores estructurales del mercado laboral: movilidad de los trabajadores que cambian de empleo, ajustes tecnológicos y sectoriales que generan desempleo transitorio, desajustes entre habilidades y demandas empresariales, además de rigideces salariales e institucionales.

Friedman advirtió que, si un gobierno intenta reducir el desempleo por debajo de esa tasa natural mediante estímulos como gasto público o expansión monetaria, en el corto plazo puede lograrse un aumento del empleo; pero en el largo plazo el desempleo retorna a su nivel natural mientras la inflación se acelera.

Estas ideas se confirmaron empíricamente en la década de 1970, cuando Estados Unidos y el Reino Unido atravesaron el fenómeno de la estanflación —alto desempleo junto a elevadas tasas de inflación—. En la coyuntura boliviana actual, marcada por déficits fiscales y un crecimiento débil, la experiencia histórica constituye una advertencia: insistir en este error teórico puede acarrear consecuencias severas para la economía nacional.

La crítica neoclásica refuerza este punto al cuestionar la creación de empleo desde el sector público. Según este enfoque, estos puestos laborales suelen estar desvinculados de criterios de productividad y responden más a decisiones políticas que económicas, lo que implica que el sostenimiento de un aparato estatal sobredimensionado mediante déficit fiscal genera endeudamiento, inflación y distorsiones en precios y salarios, lo que termina desincentivando la inversión privada y deteriorando el empleo genuino. Además, al absorber mano de obra de manera artificial, el Estado interfiere en las señales del mercado, impidiendo que los trabajadores se orienten hacia los sectores más productivos e innovadores.

En este contexto, antes de plantear nuevas políticas de empleo público, la próxima administración deberá tener en cuenta la situación frágil de las finanzas estatales, que arrastran déficits consecutivos, endeudamiento creciente, caída de ingresos como la renta petrolera y proyectos de inversión que no han alcanzado niveles de operación capaces de justificar el gasto realizado.

Frente a este escenario, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno para fomentar empleo sostenible? Dos factores estructurales resultan clave: la brecha entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, y las rigideces salariales e institucionales.

Para abordar el primer problema, se requieren políticas que reduzcan la “brecha de habilidades”, mediante la promoción y creación de programas de formación técnica y profesional ajustados a sectores dinámicos, junto a un mejor sistema de intermediación laboral a través de bolsas de empleo y agencias que faciliten el encuentro entre oferta y demanda. Asimismo, resulta fundamental abrir mercados externos que impulsen la iniciativa privada, recordando la advertencia de Frédéric Bastiat: “Donde entra el comercio, no entran las balas”, con el propósito de evitar polémicas innecesarias con países vecinos.

En cuanto a las rigideces salariales, es necesario permitir que los salarios se ajusten a la productividad y a las condiciones de mercado, evitando que convenios rígidos o salarios mínimos muy elevados generen desempleo estructural, especialmente entre jóvenes y trabajadores poco calificados, siendo preferible promover esquemas de remuneración ligados al rendimiento individual o al desempeño empresarial.

Respecto a las rigideces institucionales, se precisan reformas laborales que reduzcan el costo de contratación y alienten a las empresas a generar nuevos empleos, junto con incentivos fiscales para estimular la contratación formal. A ello debe sumarse la inversión pública en infraestructura productiva —como vías de integración y servicios básicos— que favorezca la instalación de plantas industriales, además de una normativa ambiental clara y transparente que brinde seguridad jurídica a los inversionistas.

Aunque estas medidas puedan resultar impopulares, Bolivia necesita una política laboral que no busque expandir el Estado, sino reconducir a la construcción de condiciones que permitan al sector privado generar empleo productivo, sostenible y se encuentre alineado con las transformaciones estructurales de la economía, para que la misma siga el camino que adoptaron países asiáticos hace décadas y actualmente algunos países de la región optaron por su implementación.