Prórroga de magistrados: Un Retroceso en el Estado de Derecho

En los últimos años, el sistema judicial boliviano ha enfrentado una serie de irregularidades que no solo ponen en entredicho su imparcialidad, sino que también amenazan los principios fundamentales del Estado de Derecho y la democracia. La reciente prórroga indefinida de mandato de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el episodio más alarmante de una crisis que se intensifica.

El 11 de diciembre de 2023, mediante la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023, los magistrados del TCP extendieron su mandato de manera indefinida. Esta decisión fue adoptada a tan solo un mes de finalizar su periodo constitucional, previsto para el 31 de diciembre de 2023, violando así la Constitución Política del Estado (CPE), que establece un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. La ausencia de un proceso de sustitución oportuno por parte del Órgano Legislativo, junto con la negativa del TCP a dejar sus cargos, ha generado un vacío institucional que socava la legitimidad del órgano judicial.

Lo más preocupante es que la prórroga no tiene un plazo definido. Los magistrados argumentan que permanecerán en funciones hasta que se realicen nuevos comicios judiciales, un proceso que requiere una preselección de candidatos por parte del Legislativo y elecciones populares. La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0770/2024-S4 del 4 de noviembre complicó aún más el panorama al declarar desierta parcialmente la convocatoria a elecciones judiciales, dejando al sistema judicial en un estado de incertidumbre.

La aceptación de acciones constitucionales extemporáneas por parte del TCP ha sido una estrategia clave para legitimar estas irregularidades. Estas acciones, admitidas fuera de los plazos establecidos, contravienen los principios de preclusión e inmediatez que rigen los procesos electorales, generando un precedente peligroso que podría afectar la integridad de futuras elecciones nacionales, como las previstas para 2025.

El TCP, actuando en causa propia, ha retrocedido fases completas del proceso electoral para garantizar su permanencia en el cargo. Esta práctica, además de ser antiética, compromete la transparencia y legitimidad del sistema electoral boliviano, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La situación plantea serias implicaciones para el Estado Plurinacional de Bolivia. La inseguridad jurídica generada por estas decisiones judiciales podría extenderse a los comicios nacionales de 2025, con el riesgo de posponer la renovación de las principales autoridades del país o validar procesos electorales fragmentados. Esto contraviene principios democráticos fundamentales, como los establecidos en la Carta Democrática Interamericana y coloca a Bolivia en una situación de vulnerabilidad.

La democracia se construye sobre la base de instituciones independientes y transparentes. El TCP, al actuar de manera arbitraria y favorecer la perpetuación de sus magistrados en el poder, ha debilitado la separación de poderes y ha socavado la confianza en el sistema judicial. Este nefasto precedente también podría inspirar prácticas similares en otros órganos del Estado, consolidando un modelo de gobernanza que se aleja de los principios democráticos.

Ante este panorama, es imperativo que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional ejerzan presión para restaurar el Estado de Derecho en Bolivia. Se deben garantizar procesos de rendición de cuentas para los magistrados que han incurrido en estas irregularidades, así como establecer mecanismos efectivos para prevenir futuras violaciones constitucionales.

La renovación del sistema judicial no solo es una demanda legal, sino también un requisito esencial para la estabilidad democrática del país. La independencia y transparencia del órgano judicial son fundamentales para proteger los derechos ciudadanos y garantizar que Bolivia siga siendo un Estado de Derecho.

La crisis actual del sistema judicial boliviano es un llamado de atención sobre los riesgos de permitir que la arbitrariedad y la impunidad dominen las instituciones democráticas. La comunidad nacional e internacional debe actuar con firmeza para revertir este curso y garantizar que la justicia en Bolivia sea verdaderamente independiente y accesible para todos.