Privatización, capitalización y políticas de redistribución
A lo largo de las últimas décadas, Bolivia ha experimentado cambios económicos fundamentales que han dejado una profunda huella en su trayectoria. Durante los años 80 y 90, el país emprendió un proceso de privatización y capitalización con el objetivo de atraer inversión extranjera y mejorar la eficiencia y gestión empresarial.
Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), se inició la primera ola de privatizaciones en Bolivia, mediante la transferencia de activos y acciones de 34 empresas medianas a través de licitaciones públicas. El propósito era reducir el déficit fiscal y destinar los ingresos obtenidos a programas sociales como salud y educación. En este proceso, las empresas se vendieron en su estado actual y el Estado se hizo cargo de los beneficios sociales de los trabajadores.
Posteriormente, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se implementó la estrategia de capitalización, que consistió en la venta del 50% de las empresas estatales con el objetivo de atraer capital y tecnología extranjera para alcanzar un mayor desarrollo económico. A diferencia de la privatización tradicional, en la capitalización solo se vendió el 50% de la propiedad de las empresas, mientras que el Estado mantuvo el otro 50%.
Estas políticas condujeron a un aumento de la inversión extranjera y un crecimiento económico modesto que duro pocos años, con un impacto directo y negativo en muchos sectores de la población boliviana, ya que, durante los procesos de capitalización y privatización, sólo se maximizó la eficiencia y rentabilidad de las empresas, lo que implicó recortes en los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores; asimismo se vieron afectados los beneficios que tenían las comunidades indígenas y campesinas, que vieron deteriorarse de un momento a otro su calidad de vida.
En los últimos años, se han llevado a cabo nacionalizaciones en sectores estratégicos como la minería, la electricidad y el petróleo; asimismo con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productico, Bolivia ha experimentado un cambio en su enfoque de política económica, poniendo mayor énfasis en la redistribución de la riqueza y la protección de los derechos de los trabajadores, de los pueblos indígena-campesinos y de la población vulnerable, priorizando el acceso a la educación y la atención médica, de esta forma mejorar la calidad de vida de muchos bolivianos, logrando reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
Quedan muchos desafíos por delante por lo que se necesita una mayor apropiación por parte de los niveles subnacionales y de los agentes privados, del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, para impulsar y promover el desarrollo equitativo y sostenible del país.
