Renta Dignidad, ¿un fondo sin fondo?

La anterior semana se generó un revuelo en la sociedad boliviana por un proyecto de ley, que no se sabe quién lo elaboró, en el cual tenia la clara intención de buscar fuentes de financiamiento alternas o no convencionales para el pago de la “Renta Dignidad”. De manera resumida, este proyecto, buscaba recursos mediante la retención progresiva en cierto porcentaje (0,3 al 3%) de los ingresos de los trabajadores del sector público o privado, también estipulaba que la Empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) transfiera  mensualmente al TGN el 30% de los recursos que perciba por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio e inclusive que las empresas nacionales de comunicaciones otorguen el 10% de los recursos percibidos por la venta de sus servicios de telefonía móvil e internet. Para mayor detalle se puede revisar el proyecto y toda la información pertinente de la misma en las redes sociales y medios de comunicación, pero el tema de fondo, y lo que haremos, es analizar, ¿Por qué de esta intención, acaso no tenemos los recursos suficientes para solventar nuestras políticas públicas?

Comencemos por el final, el año 2021, el Estado Boliviano erogó para el pago de la "Renta Dignidad", para las personas de 60 años o más, alrededor de Bs. 4.723,70 millones; desde el 2008 hasta el 2021 la tasa de crecimiento de los beneficiarios aumentó apenas en un 51%, sin embargo, los pagos a los mismos subieron de manera extraordinaria en un 192%. Esto indica que año a año creció de manera lenta el número de ancianos que cobraron la renta dignidad, todo lo contrario, el gasto estatal para este bono social aumentó de manera acelerada. Desde febrero de 2008 hasta marzo 2022, el gasto acumulado para este bono social fue de Bs. 41.089,90 millones; según lo proyectado en el PGE 2022, se estima destinar Bs. 5.834 millones para el pago a 1.211.253 ancianos en esta gestión, lo cual significa un incremento del 24% en el uso de recursos para esta política social y de un 7% en los beneficiarios de esta respecto al 2021.

Como es de conocimiento público, las principales fuentes de financiamiento de la “Renta Dignidad” son los recursos generados por el IDH y los dividendos de las empresas estatales nacionalizadas y capitalizadas, mismos que no cumplieron con sus metas financieras esperadas. En todo caso, este bono social, depende más del primero que del segundo, ya que este último es irregular por las pérdidas de algunas empresas nacionales durante los últimos años. Si consideramos, que del 2014 al 2021, el IDH cayo en un 65% y la producción nacional de gas natural, durante el mismo periodo, en un 24%, esto afecta sin dudas a todo lo que financia este impuesto, entre ellas a la renta para los de la 3ra edad. Acotando, durante los últimos 8 años, las utilidades de las empresas publicas descendieron en un 61%, si bien el 2021 hubo ganancias por Bs. 2.873 millones, están muy lejos a los Bs. 7.371 millones del 2014, donde hubo un punto de quiebre en nuestra economía.

Analizando un poco el “Fondo Renta Universal de Vejez” (FRUV), la cual administra, gestiona y financia la Renta Dignidad, no presenta buenos indicadores financieros en las últimas gestiones, todo en base a un pequeño estudio que se hizo de los estados financieros de la FRUV y de la información estadística obtenida de sus memorias institucionales de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo. Según su “estado de flujo de efectivo”, del 2020 al 2021, los ingresos por IDH cayeron en un 14%, mientras que los dividendos de las empresas capitalizadas y nacionalizadas en un 52%; lo cual se explicaría, de cierta manera, por los efectos negativos de la pandemia. De acuerdo con su “balance general”, durante el mismo periodo, su patrimonio decreció en un 66%; ahora si tomamos un periodo un poco mas largo, 2018-2021, el patrimonio descendió en un 88%. Solamente se encontró datos del 2018 y 2019, donde el valor del FRUV cayo en un 24%; textualmente en su memoria institucional 2019 indico que “ la disminución en el valor del fondo y en la cartera de inversiones se debe al crecimiento en los pagos de beneficios (Renta Dignidad, aguinaldos renta dignidad, menor edad del beneficiario) junto a una disminución en los ingresos (IDH, dividendos), adicionalmente en diciembre se realizó el pago del doble aguinaldo duplicando el monto de pago total de dicho mes”.

De acuerdo con datos de los “estados de flujo de efectivo”, durante 2018-2021, los ingresos del FRUV crecieron en un 106%, sin embargo, los egresos lo hicieron en un 370%; solo sumando los saldos finales de la anterior gestión se obtiene resultados positivos. Pero más allá de ese artificio contable, en los últimos 3 años, el FRUV presento un déficit operativo, lo cual denota una falta de recursos suficientes para mantener la sostenibilidad del fondo (y del bono social), al menos con esos niveles de ingresos corrientes.

Cualquier presupuesto o política social, entre uno de los principales factores que determinaran su éxito y sostenibilidad, son sus fuentes de financiamiento; si estas se contraen, dificultaran el cumplimiento de sus metas, tanto en montos de dinero como en número de beneficiarios. La pregunta es, ¿Si nuestra economía creció en un 6,1% el año 2021, y según el MEFP, las empresas estatales son rentables, ¿porque se quiere recurrir a recursos privados (% de sueldos y salarios) para financiar la renta dignidad? Hay la posibilidad que los ingresos estatales, además de haber caído, se estén reorientando u optimizando a inversión pública y a pagar la deuda externa, por lo que puede haber cierta iliquidez para el gasto público y para sostener todas sus políticas y programas implementadas en años de bonanza.

Si se hace un reajuste presupuestario y/o reingeniería financiera a nivel nacional, es posible que aun siga siendo sostenible el fondo y sus beneficios; en todo caso si los recursos no son suficientes, siempre hay varias alternativas antes que endeudarse públicamente, crear impuestos o generar retenciones salariales, con un costo político y social alto. Una de las alternativas, es buscar créditos especiales para estos fines sociales, con tasas muy bajas de interés y con años de gracia, inclusive hay países y organismos internacionales que pueden donar recursos si su destino es ayudar a poblaciones vulnerables como de los ancianos; sin dudas, hay que seguir apoyando a nuestros abuelos, pero dentro de nuestras posibilidades económicas como Estado.


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