GUERRA EN EUROPEA ¿GASOLINAZO EN BOLIVIA?

Después de que algunas personas y medios de comunicación me consultaron sobre si el conflicto bélico, entre Rusia y Ucrania, provocaría la suspensión de la “subvención de los carburantes” ante la suba del precio internacional del petróleo (en todos los mercados) y por ende de los costos de importación del diésel y gasolina para el Estado, mi respuesta fue un contundente “NO”, al menos en el corto plazo. Esto por dos principales razones. La primera, la gestión 2021 el costo de la subvención de los carburantes fue de Bs. 4.330 millones, lo cual apenas representó el 1,62% del valor del PIB, que, para el año pasado, a una tasa de crecimiento del 6% (según lo que indicó el gobierno), fue de 267,88 mil millones de bolivianos (estimación hecha en base a datos oficiales del INE e información dada por el MEFP); ahora si consideramos que el PGE 2021 fue de Bs. 228 mil 357 millones, la subvención representa apenas un 1,90% del mismo. Según el ministro de economía, el déficit fiscal del 2021 fue cercano -6% del PIB, digamos que este dato es “real”, entonces la subvención represento aproximadamente un 32% del mismo. No hay que olvidar que el déficit fiscal del SPNF fue “muy bajo” la gestión pasada, en comparación a sus proyecciones, debido a que la inversión pública nacional no llego ni al 60% de ejecución de los 4.011 millones de dólares presupuestados. Ahora este 2022, se estima que la subvención llegue a los Bs. 4.794,60 millones, y considerando que Bolivia tendrá, en teoría, un crecimiento económico del 5,1%, el mismo representará apenas un 2% del PIB de este año y cifra igual del PGE 2022 (Bs. 235.090 millones). En otras palabras, no corre riesgo alguno la subvención por temas financieros, ya que como se analizó, la subvención de carburantes representa un monto muy pequeño del PIB y del PGE boliviano. Hay que recordar que la elaboración del PGE 2022 tomó en cuenta un precio del barril de petróleo de $us. 50,47, a la fecha, el precio WTI (que rige nuestro mercado) está a $us. 105,99 por barril; sin embargo, supongamos que el barril baja a $us. 100, algo más posible, la subvención de carburantes llegaría a ser este 2022 de aproximadamente $us. 1.364,93 millones. Inclusive con esta suba del precio internacional del petróleo, lo cual significará un mayor costo de importación de diésel y gasolina al país, solo dará lugar a un mayor “gasto público” y por consiguiente un incremento del “déficit fiscal”, pero en una cuantía muy reducida debido a este factor en exclusivo.

El otro factor sería el “costo político” de quitar la “subvención de carburantes” por parte del Gobierno Nacional, como lo intento Evo Morales el 2010, lo cual casi le cuesta la sostenibilidad de su presidencia; de hecho, desde el 2004, año que se implementó esta política estatal, hasta la fecha, ningún partido en función de gobierno se atrevió “seriamente” a quitar esta subvención por sus elevados costos políticos y sociales. El solo hecho de que el diésel y la gasolina suban de costo, causaría un efecto “domino” de suba de todos los precios de la economía, ya que estos carburantes están directa o indirectamente relacionados con todos los costos de producción de los bienes y servicios en el país; por ende, el que pagaría los platos rotos de este fenómeno seria como siempre el consumidor final o sea la población, sean estas familias, empresas o el propio Estado. Todo esto provocaría un proceso inflacionario sostenido y creciente, la pérdida del poder adquisitivo del peso boliviano y por ende a la devaluación de nuestra moneda, que, en este contexto de crisis económica y sanitaria, sería un suicidio prácticamente.

Por lo tanto, en una relación costo/beneficio, se determina que no vale pena quitar la subvención de estos carburantes ya que por ahorrar unos pocos millones de bolivianos se traería consigo un gravísimo daño a la economía nacional, peor en un contexto de “recuperación económica”, lucha contra la pandemia e incertidumbre en los mercados internacionales por la guerra en Europa. Además, no tuviera sentido quitar esta medida gubernamental, al menos no por ahora, ya que estamos con un déficit hidrocarburífero nacional, no producimos lo suficiente para cubrir el mercado interno, por eso compramos diésel y gasolina de los vecinos; ya tenemos más que suficiente con la “inflación importada” para generar una propia, más grande aun, cargando mayores costos de vida a la población en general. Finalmente, no nos cuesta mucho dinero, como se explicó anteriormente, simplemente, los gobiernos de turno, nos “mal acostumbraron” a tener los carburantes más baratos de la región, claro ejemplo es la gasolina, que dentro del ranking mundial estamos entre los más económicos del planeta, para ser más exactos somos el puesto 15. Si bien es cierto que con este con el conflicto bélico se incrementó los precios internacionales del petróleo y gas natural, aunque este último “no generará” ingresos cuantiosos al Estado como años precedentes, también es cierto que subió el precio de los combustibles que importamos, lo que producirá un mayor gasto fiscal y subvención estatal, pero también subió todo lo que compramos del exterior, de vecinos y de los que son cruzando el charco, habrá un proceso inflacionario sin dudas; esperemos que se compense lo que nuestra economía compre con lo que venda, aprovechando sobre todo los buenos precios de los “productos no tradicionales”, aunque estos apenas representen un 23% de nuestras exportaciones, ya que nuestra nación necesita una inyección importante de divisas para dinamizar más nuestra economía y sobre todo fortalecer nuestra golpeadas Reservas Internacionales Netas.

Lo que, si hay que analizar más a fondo, es el “proceso inflacionario mundial”, que se está dando y se dará, no solo por la suba de los precios internacionales del petróleo, gas natural y recursos energéticos sino también de las materias primas, minerales, alimentos, y otros; es una “arma de doble filo”, ya que, si bien la guerra europea puede traer más ingresos y divisas a nuestra economía vía exportaciones, de productos “tradicionales” y sobre todo de los “no tradicionales” pero también un mayor costo en la importación de lo que consumimos como familias, empresas y como Estado, ya sea de manera legal o ilegal, es decir habrá una “inflación sin fronteras”. Creer que nuestro tipo de cambio fijo, la devaluación otros países, las subvenciones y el contrabando nos protegerán siempre de este fenómeno, es vivir en una nube.