Devolución de las AFP’S, un parche a la crisis económica

El pasado jueves 12 de agosto, se aprobó unánimemente, por las tres fuerzas políticas nacionales, en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley Nº 078/ 2020-2021, “Para la devolución parcial o total de aportes”. El mismo establece de manera “excepcional y por única vez” la devolución, según requerimiento, de los aportes de la Cuenta Personal Previsional del Sistema Integral de Pensiones (SIP) de “las y los asegurados”, que tienen cada uno de los mismos, tanto en Futuro de Bolivia S.A. AFP y BBVA Previsión AFP S.A. El espíritu de este tan anhelado proyecto de ley, por una parte importante de la población, es contar con recursos frescos que le den un alivio temporal para contrarrestar los efectos negativos “económicos” que trajo consigo la pandemia, los cuales, a pesar de las políticas públicas nacionales y locales implementadas de reactivación, no mejoraron; actualmente los niveles de ingresos y empleo nacional, tanto de familias como de empresas están mermados y duramente golpeados, por lo que se espera que esta política económica gubernamental dinamice la economía y/o al menos permita a muchos hogares tener dinero para afrontar sus “crisis financieras” y no dejar de cubrir sus “necesidades básicas”.

Pero antes de ver los efectos positivos y negativos de esta medida, tanto para las familias, empresas y para el propio Estado, creo que es importante ver algunos cifras y datos de nuestro “tan ponderado y cuestionado” Sistema Integral de Pensiones (SIP). Según el último boletín informativo estadístico, mayo 2021, de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), existen más de 2,46 millones de asegurados, de los cuales el 30,88% se encuentran en La Paz, el 31,69% en Santa Cruz, en Cochabamba el 15,19% y en nuestra chura Tarija apenas el 4,34%; lo cual tiene sentido ya que en el eje central se concentran la mayoría de la población y del tejido empresarial del país. Algo interesante es que de ese total el 89,73% son empleados, públicos o privados, dependientes, en cambio apenas el 10,04% son independientes; esto refleja que aún no hay esa “cultura de ahorrar para el futuro”, al menos no de manera voluntaria.

Algo muy importante, al menos para solventar con recursos a este proyecto de ley, es la “recaudación del SIP”, que en mayo de 2021 capto Bs. 926,50 millones, Bs. 23,63 millones menos que abril, sin embargo, esta recaudación fue un 32,16% mayor respecto a mayo de 2020. Si quieren saber cuánto acumuló el Seguro Social Obligatorio a largo plazo desde su creación hasta ahora, pues es la “pequeña suma” de apenas Bs. 124,73 mil millones en recaudaciones, dinero que aportamos todos por ley en los últimos años, bueno, mientras trabajábamos de manera “formal y legal”.

Ahora, otro dato no menos importante, cuánto vale nuestro SIP, es decir cuál es su valor de “patrimonio”, según este reporte, a mayo 2021 fue de Bs. 148,22 mil millones, de los cuales 53,27% fue administrado por BBVA Previsión y el otro 46,73% por Futuro de Bolivia. Este patrimonio tuvo un crecimiento del 10,32% respecto a mayo 2020, lo cual es bueno, no solo desde un punto de vista contable o financiero, sino porque esto significa que los activos del SIP crecieron más que sus pasivos, una señal de que “no estamos tan mal”; pero lo ideal es que estos resultados se traduzcan en mayores rentas y jubilaciones para sus “socios” o sea nosotros, es aquí donde también se debe pensar en modificar o hacer una Ley de Pensiones diferente a la actual, donde realmente te permitan tener una “jubilación digna”.

Actualmente hay 174.354 asegurados con pensión en la seguridad social de largo plazo, que durante mayo 2020 a mayo 2021 creció en 9,14%; de estos, el 66,88% cobran la pensión solidaria de vejez y el 14,75% la pensión de vejez. Otro dato, es que hubo, a mayo 2021, 13.453 asegurados con pagos de invalidez por un monto de Bs. 59,26 millones, por otra parte, 20.367 pagos por pensiones de muerte por Bs. 74,32 millones. Respecto a la “Renta Dignidad”, hay que destacar que desde febrero 2008 a mayo 2021 se han desembolsado Bs. 37,03 mil millones. Estos datos reflejan la importancia de tener un SIP estable y saludable económicamente, porque detrás de esto, existe la garantía de la capacidad de que el mismo pueda cumplir con todas las obligaciones con sus aportantes. ¿Descapitalizar al SIP será bueno? Depende de la coyuntura, y depende en que se invierta, pero en este contexto de pandemia no nos da seguridad a nada.

Pero bueno, a todo esto, el Valor de los Fondos del SIP, a precios de mercado, llego a Bs. 149,24 mil millones a mayo 2021, las inversiones fueron concentradas principalmente en DPF’s en un 54,33%, 21,91% bonos del TGN y solo un 1,97% en recursos de alta liquidez. Esto da entender que el SIP no tiene el dinero en “bóveda o bajo el colchón”, sino más bien invertido en “instrumentos financieros” en el sistema financiero nacional, sobre todo, donde su principal socio es el Estado; particularmente, veo una debilidad en este proyecto de ley, ya que se pretende devolver casi de golpe los aportes, de forma parcial o total, a casi 1,5 millones de personas. ¿Sera que es factible devolver tanto dinero sin tenerlo disponible? El tiempo lo dirá, aunque de hacerse se puede hacer, todo se puede por “política”.

Pero volviendo al tema en cuestión, “lo bueno” de esta “medida” es que traerá liquidez a corto plazo a las familias y empresas para que cubran sus necesidades más importantes y tengan capital para operación o inversión para reactivar sus negocios, mientras mejoren las condiciones de mercado. “Lo malo”, es que se podría traer desajustes a un imperfecto, pero aun eficiente SIP, sin hablar de desequilibrios al sistema financiero nacional.

Ahora, “lo feo”, sería que “por sobrevivir hoy, moramos mañana”, es decir que se esta abriendo la puerta para que todos los habilitados saquen su dinero sin tal vez necesitarlo, ya que es de libre disponibilidad, tal vez solo se “estimule” la demanda interna, el consumismo, sobre todo de contrabando, con el gasto agregado que se haga. Pero la misma ley no obliga a la devolución de lo que se retire, es decir más allá de tal vez perder sus derechos como aportantes, podrían perder cierta parte o toda su jubilación en el peor de los casos. Sin lugar a duda esto tendrá un elevado “costo de oportunidad general”, que para muchos significara “gastarse hoy, sus ahorros del mañana”, pero algunos no tienen de otra.