Contratos lesivos a los derechos laborales de funcionarios públicos
Hoy en día faltan oportunidades ocupacionales en Bolivia (son menos mientras mas calificado se esté). Las instituciones del estado solo dan oportunidad de trabajo a personas con militancia partidaria política, antes que a profesionales idóneos, capaces, calificados, honestos y honrados, con trayectoria de neutralidad partidaria.
Los cargos de jefes o directores de las instituciones dependientes del Estado se las asigna a través de una llamada telefónica de recomendación superior ya sea por un ministro o jefe nacional, y no por concurso de meritos, para de esta manera asignar el cargo a profesionales que entran a las instituciones con instrucciones de barrer con todo el personal, que no tiene militancia política, sin importarles la antigüedad o experiencia de trabajo que tiene en la institución.
Esto ocurre por la realidad de relación contractual que el Estado obliga a los profesionales a someterse. Se trata de regulaciones que confunden conceptualmente el derecho administrativo con el derecho laboral, pues en este caso no están sometidos al régimen del Estatuto del Funcionario Publico ni a la Ley General del Trabajo, sino a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como si se tratara de la compra o venta de un equipo o materiales, cuando lo que esta en juego, es una Relación de Trabajo típicamente asalariada entre el Estado y el profesional.
Se hacen contratos laborales de tres meses, solamente y en caso de tu permanencia hacen adendas para ampliar el contrato. Y te hacen perder dos a tres días laborales porque la fecha de contrato es la que manda a la hora de la cancelación de tu sueldo.
Cuando hay cambio en la dirección en las instituciones, como está ocurriendo últimamente y éstos no conocen al personal, entonces los cambian por personal nuevo, tomando en cuenta solamente su militancia partidaria y no por capacidad y experiencia profesional.
Esta realidad de relación contractual que el Estado sostiene a través de las instituciones con los profesionales bolivianos, vulnera los derechos laborales y nadie hace nada.
Es hora de frenar este atropello ya que el estado no puede seguir violando de esta manera los derechos humanos, es fundamental que se frene a los políticos de turno en su afán de tomar las instituciones como botines políticos que manosean y perjudican el buen desempeño de las instituciones públicas de los bolivianos.
