Diferimiento de créditos: la otra cara de la moneda

La Ley 1294, que dio principio a todo, obligó a las entidades financieras, a nivel nacional, a no cobrar los créditos otorgados a sus prestatarios (ni capital ni intereses), por el lapso de tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia.

Ésta ya fue levantada a través del D.S. 4245, el 01 de junio del presente año; lo cual daría lugar a que, en teoría, desde esa fecha, corra el plazo máximo de seis meses, para que la banca privada y sus clientes negocien las condiciones de sus préstamos, las formas de amortización y seguramente la reprogramación de los mismos, pagando estos créditos de manera efectiva desde diciembre. El pleno del Senado sancionó, este 12 de agosto de 2020, la Ley 720/2019, que modifica la Ley de Diferimiento del Pago de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos (parágrafo I del artículo 1 de la Ley 1294), ampliándola hasta el 31 de diciembre de 2020.

Pero estas medidas del Gobierno ¿qué consecuencias trajeron al Sistema Financiero Nacional?, en si a las entidades financieras que dan créditos; hay la idea que la banca privada nunca pierde y que la misma puede soportar este tipo de políticas económicas de manera sostenible y prolongada, pero en realidad, financieramente hablando, la misma tiene la mismas necesidades, obligaciones y requerimientos de liquidez como cualquier otra empresa privada.

Si bien el Sistema Financiero Nacional cuenta con una buena liquidez ahora, no así las entidades financieras, principalmente las que están difiriendo y reprogramando los créditos de sus clientes. Esto se debe a que, en marzo de este año, el Banco Central de Bolivia aplicó una política monetaria no convencional, al comprar bonos del TGN a las AFP´s que tenían los mismos en sus fondos de pensiones, esto con la finalidad de inyectar estos recursos en el sistema financiero del país, específicamente para la cartera de créditos; en ese entonces la liquidez total era de 6.806 millones de bolivianos, se estima que con esta medida se incrementó en un 50%, con la inyección de un monto aproximado de 3.476 millones de bolivianos, según datos del BCB.

Recientemente el BCB hizo algo similar, a finales de junio, mediante la reducción del encaje legal en el sistema financiero; esta política monetaria buscó incrementar la liquidez en el mismo, inyectando un monto de 4 mil millones de bolivianos, para que a través de las entidades financieras se otorguen créditos blandos con el objetivo que las empresas y familias bolivianas puedan adquirir bienes y servicios nacionales, mediante la aplicación del programa nacional denominado “Créditos 1, 2,3”.

En otras palabras, en la actualidad la banca privada solo está operando de intermediario de los créditos gubernamentales, otorgando pocos nuevos préstamos; más que todo se está abocando a recuperar la cartera en mora, captar nuevos clientes y generar ingresos financieros extras. La iliquidez de las entidades financieras se explica por tres puntos: a) Sus costos fijos y variables se han mantenido, en algunos casos se elevaron. b) Siguen pagando a sus ahorristas/clientes las Tasas de Interés Pasivo por DPF´s, cajas de ahorro, cuentas corrientes. c) Sus ingresos propios, por recuperación de cartera, han bajado notablemente por la ley de diferimiento de créditos. Se estima que se reprogramó 872 millones de $us hasta junio del 2020, y que un 90% de la cartera crediticia fue diferida en sus pagos a favor de los prestatarios del país.

Según datos de la ASFI (junio 2020) la mora total fue del 1,9%, mientras que la ASOBAN manejó un indicador del 1,85% y la ASOFIN (mayo 2020) del 1,43%. Obviamente estos datos no reflejan la realidad, si la ley 1294 no estaría vigente, la mora efectiva real sería al menos del 70%, ni que hablar de las previsiones de cartera en mora; esto refleja cómo el diferimiento crediticio está generando una iliquidez temporal relativa en la banca privada, ya que le imposibilita cobrar sus préstamos hasta diciembre, minimizando su principal fuente de ingresos propios, ya que la recuperación de cartera representa un “70% de los mismos”.

Otro punto a tomar en cuenta también, es que las entidades financieras durante este periodo de pandemia, han aumentado sus captaciones del público, pero disminuido sus colocaciones de créditos, dada la iliquidez y baja de ingresos generalizada en la mayoría de los sectores económicos.

Esto se refleja en la variación en su “calce financiero”, ya que sus proyecciones de captación de dinero son mayores que las de recuperación del mismo. Esto se acentuará más con el diferimiento y reprogramación crediticia, ya que seguramente la mayoría de los prestatarios buscará amortizar sus cuotas más pesadas de capital al final de sus planes de pago; o sea además del problema de la iliquidez, la banca privada tendrá un mayor costo de oportunidad para su capital, ya que “el dinero pierde su valor en el tiempo”.

Lo que dijeron, los altos ejecutivos de la ASOBAN y ASOFIN, “El diferimiento pone en riesgo la solidez y solvencia del Sistema Financiero”, toma más sentido después de analizar a fondo esta medida gubernamental. No hay que olvidar que la Banca Privada tiene la misión de preservar y proteger los ahorros del público, e inyectar dichos recursos a la economía mediante préstamos.

Por ende, no es tan positivo ni óptimo diferir por mucho tiempo los créditos, ya que nuestra economía necesita que el dinero circule y de esa manera se reactive la misma; ambos sectores (prestatarios y banca privada) deben tener una buena salud financiera, ya que se necesitan mutuamente para su desarrollo.