Inteligencia boliviana

En Bolivia, las actividades de Inteligencia realizadas por el Estado, mediante la Policía y las Fuerzas Armadas, han sido poco estudiadas por las Ciencias Sociales, salvo cuando se revelaron públicamente asuntos que comprometían a la seguridad nacional o a la seguridad pública. A la fecha, persiste un gran vacío de investigación académica y periodística sobre este tema, debido en gran parte a que no existe un Sistema Nacional de Inteligencia institucionalizado que tenga a un ente rector reconocido legalmente y legitimado por los poderes públicos.

La reducida investigación se debe además a la reticencia y hermetismo de los cuerpos armados que han imposibilitado el conocimiento de esta especialidad del campo de los Estudios de la Seguridad. En la región sudamericana existen varios casos de creación, institucionalización y hasta de reconducción de los Sistemas Nacionales de Inteligencia en democracia, a saber: la Secretaria Nacional de Inteligencia de la República del Ecuador (SENAIN), la Dirección Nacional de Inteligencia de la República del Perú (DINI), la Agencia Nacional de Inteligencia de la República de Chile (ANI), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en Argentina y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que incluso cuentan con páginas Web transparentando -lo que se pueda- sobre las acciones que realizan a favor de sus Estados e intereses nacionales.

En el caso boliviano no existe información oficial al respecto, lo que representa un déficit para el sistema democrático y para la estructura estatal de seguridad, defensa y de política exterior.

Actualmente, los sistemas nacionales de Inteligencia cooperan entre sí para disminuir los peligros, riesgos y amenazas globales del crimen organizado transnacional, el terrorismo político, los procesos de radicalización yihadista, los efectos del cambio climático que generan desastres naturales y daños a infraestructuras críticas, entre otras áreas de colaboración e intercambio de información sensible. Es más, en ciertas ocasiones los centros o agencias de Inteligencia solicitan apoyo a universidades y centros de investigación académica (think tanks) especializados en economía, política internacional, seguridad, defensa u otras áreas de especialización para reforzar sus investigaciones y obtener mayores conocimientos dentro de los ciclos de Inteligencia.

En 2010, el entonces Ministro de Defensa, Walker San Miguel, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional quince anteproyectos de ley en materia de defensa entre los que sobresalía la creación de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP), sin embargo, esa propuesta ni las otras recibieron el impulso legislativo correspondiente.

El día de ayer, de acuerdo a medios de prensa escrita, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas solicitó una reunión reservada a la Comisión de Seguridad, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados para explicar los siguientes anteproyectos: La Ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA), la Ley de Seguridad y Defensa Integral, la Ley Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado (COSDEP) y la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado. Respecto a esta última ley, que generaría un sistema, por tanto, una estructura propia, institucionalidad nueva y normativa específica, se esperaría que concentre los esfuerzos que realizan tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana y otras dependencias públicas, optimizando la búsqueda y procesamiento de información valiosa para fines nacionales. Así, el Estado boliviano tendría una institución pública dedicada a la Inteligencia con las formalidades de ley y legitimidad suficientes ante la sociedad civil y la comunidad internacional.

En ese sentido, y con el ánimo de contribuir a la formación de una cultura de Inteligencia en Bolivia, considero necesario insistir en lo siguiente: La inteligencia que se pretenda buscar mediante el Sistema Nacional de Inteligencia y su ente rector -si es el caso la DIDEP- debería ser estratégica y no política, evitando así su desnaturalización y la pérdida de sus objetivos institucionales. Respecto a la Secretaría o Dirección de Inteligencia, idealmente ésta debería ser conducida por una persona civil para que tenga independencia de los brazos operativos militares y policiales dedicados a estas labores y reportar únicamente al Presidente o Presidenta del Estado Plurinacional.

Para tal efecto, la persona seleccionada para tan delicada tarea deberá tener rango de Ministro o Ministra de Estado y participar de las reuniones de gabinete, sean ordinarias o ampliadas y, por supuesto, coordinar estrategias, planes y programas con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Es imprescindible edificar una infraestructura especial que sirva como centro de mando y operaciones, edificio que debería ser construido de acuerdo a parámetros arquitectónicos y de seguridad similares a los utilizados por agencias de Inteligencia de otros Estados. En ese orden, es importante mejorar las condiciones en los centros de formación en Inteligencia, tanto policiales como militares y actualizar los planes de estudio implementados en dichos centros de especialización.

Asimismo, deberá considerarse la inclusión de civiles profesionales altamente capacitados en diferentes áreas del conocimiento para que funcionen como Analistas de Inteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia, previo riguroso proceso de selección. Finalmente, corresponderá al Órgano Legislativo la creación de una comisión especializada en Inteligencia o, en su defecto, por lo menos un comité, compuesto de manera plural entre diputados y senadores para que funja como control social y sea ésta la instancia depositaria de la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Inteligencia. Por su parte, la opinión pública y la sociedad civil organizada junto a la academia podrían también supervisar el trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia y a su ente rector, para precautelar los derechos humanos y la seguridad de la ciudadanía boliviana.