Tolerancia Cero a la violencia familiar

Las autoridades públicas deben dar ejemplo en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ejercicio de su profesión. No basta con ser ordenado, pulcro, eficaz, un brillante orador, un máquina político, un estratega infalible o un operador imprescindible. Lo realmente necesario es que sean buenas personas. Eso les evitaría mentir, acumular rechazo de la opinión pública e incurrir en los otros problemas achacados al ejercicio de la profesión, como el robar y el estafar, pero que en realidad tienen que ver con la calidad humana de las personas.

De entre todos los comportamientos censurables hay uno que sobresale por encima, y es el ejercicio de la violencia, peor si se trata de violencia en el ámbito familiar o hacia la pareja. En los últimos meses son varios los personajes públicos que se han visto comprometidos en denuncias por malos tratos familiares y violencia hacia las parejas. Ha habido denuncias contra el asambleísta Jorge Arias Soto, pero también, por ejemplo, contra Luis Alfaro.

Precisar en estos casos que se trata de violencia psicológica parece una vieja maña del pasado. Como si no hubiéramos aprendido nada en tantos años contando feminicidios. Como si todavía se pudieran hacer escalas diferentes para ponderar los abusos contra la mujer y seguir sin entender que la dominación psicológica es, al menos, igual de lacerante que la dominación física, cuando no más.

Cada tres días una mujer es violada en Tarija. Así lo reportó la directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (Ecam), Pecky Rubín de Celis, quién también añadió que con la retardación de los procesos muchas de estas mujeres nunca tienen justicia, o en el peor de los casos son madres a corta edad, fruto de esas violaciones.

La violencia familiar contra la mujer a menudo se reproduce hacia los menores. En el año 2016 más de 4.106 casos de violencia contra menores de edad fueron registrados en el municipio de Tarija, de estos casos,  206 corresponden a delitos sexuales. Lo más preocupante es que el 80% de ellos fueron cometidos dentro del entorno familiar. Esto lo corrobora un informe proporcionado por el Ministerio Público y por la Defensoría de la Niñez.

En 2016 cuatro mujeres en Tarija fallecieron a manos de sus parejas u ex parejas y desde que se aprobó la Ley 348, que pretende blindar los derechos de la mujer y librarla de la violencia, aunque los flagrantes agujeros en el texto la hacen casi inaplicable, han fallecido en Tarija más de 15 mujeres en casi todos los municipios del departamento.

En 2017 se han confirmado dos feminicidios, en Bermejo y Yacuiba y se investiga con profusión el caso de la muerte de la joven Dayana en un motel de Tomatitas cuando compartía habitación con su eventual pareja.

Con más preocupación se han visto crecer en los últimos días las investigaciones por “homicidios suicidios”, una figura tan compleja como dolosa. El martes una mujer se ahorcó en su dormitorio en Villa Montes tras discutir con su pareja. Hace un mes otra se quitaba la vida en el cuartel de la Escuela de Cóndores dejando claro en su carta de despedida que su marido e instructor la había abocado a ello.

El Ministerio Público y las Fuerzas Policiales, al menos en Tarija, parecen haber dado muestras de sensibilidad hacia la problemática y han fijado prioridades en el tratamiento e investigación de esta lacra que, a la larga, ha limitado el crecimiento social en todos los escenarios.

A estas alturas de la película, no se puede entender que las instituciones públicas no cuenten con claros instructivos y códigos éticos para aplicar ante este tipo de situaciones de violencia familiar ejercida por figuras públicas, que deben ser tanto más ejemplarizantes para la sociedad.

No se trata de condenar un inocente ni esperar a que la Justicia actúe, se trata de que aquellos que deben ser ejemplo no pueden permitir ni tolerar que la sospecha se ciña sobre sus actuares ni ser acusados, después, de haber protegido a un monstruo.