La CPE, el voto y la soberanía popular
El riesgo de violencia es cada vez más evidente y su deflagración, que puede arrastrar al país a una espiral destructiva, tendrá claros responsables
Posiblemente este viernes inicie uno de esos momentos definitorios para nuestra democracia, ahora que el tono apocalíptico se ha apoderado de las redes sociales y la comunicación política en general; pero también es posible que no pase nada.
Quién más, quién menos, tiene una opinión perfectamente formada sobre lo que está sucediendo con el expresidente Evo Morales y el veto electoral que el Tribunal Constitucional le ha impuesto incluso antes de que el Tribunal Supremo Electoral emita el veredicto sobre su inscripción como candidato para las elecciones del 17 de agosto. Esto en sí ya es una subversión de lo que sería el orden adecuado en un Estado de Derecho, pues coincidiremos todos que la “sentencia” del pasado miércoles era innecesaria si el mismo Tribunal Constitucional se atenía a su sentencia 1010 de diciembre de 2023 y el posterior Auto Aclaratorio, en el que ya dijo que la reelección por más de una vez era inconstitucional incluso de forma discontinua.
El asunto entra en colisión con la práctica ortodoxa del derecho, donde solo lo que está expresamente prohibido lo está, y por lo tanto, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado de Bolivia que establece que el Presidente y Vicepresidente del Estado pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua se refiere exactamente a eso y no a las cuestiones discontinuas, que no están escritas.
El argumento de que Evo Morales “está tomando de su propia medicina” no es válido entre quienes defienden un Estado de Derecho
El tema es central y no valen excusas pasajeras ni circunstanciales. No es argumento posible que porque Morales haya violado la Constitución en 2014 – donde tenía prohibido la reelección por la disposición transitoria – y en 2019 – cuando no solo la tenía prohibida por el texto de la CPE sino por haber perdido un referéndum donde se consultó exactamente por esa posibilidad – ahora se puedan cometer atropellos contra sus derechos. Otra cosa es exigir responsabilidades por lo sucedido en 2014 y 2019, que efectivamente existen.
Es posible que la Constitución tenga un error de fondo al haber dado al TCP todo el poder de interpretar el texto, frente a fórmulas compartidas anteriores donde los legisladores también tenían cosas que decir. Lo que es irrefutable es que la mayoría de los magistrados del Constitucional (5 de 9) están fuera de la Ley, que vetaron su propia renovación de mandato por la vía electoral, como manda la CPE, y que ha venido dictando sentencias en favor de los intereses del gobierno desde hace varios años, y que por ende, su credibilidad está agotada.
Hoy parte una marcha desde el corazón del Chapare, el reducto de Morales, hasta la sede de Gobierno, para exigir la inscripción aun cuando no hay ni partido posible y todas las encuestadoras aseguran que el capital político de Morales se ha esfumado, lo cual enrarece aún más esta situación de veto explícito forzando el Estado de Derecho para proscribir a un candidato que aparentemente, no tiene nada qué hacer, pero que sin embargo alinea opacos intereses que no tienen problema en machacar la institucionalidad y el sentido común si se logra el objetivo.
El riesgo de violencia es cada vez más evidente y su deflagración, que puede arrastrar al país a una espiral destructiva, tendrá claros responsables. Desde El País, firmes en la convicción democrática, como en 2008 con la voluntad autonomista; como en 2016 con el referéndum; como en 2019 y en 2020, recordamos que es la Constitución la que le da la soberanía al pueblo para decidir su presente y su futuro y no las antojadizas decisiones de los poderosos y sus secuaces. Ojalá haya espacio para la madurez y la cordura.
