La querella por el excedente en la Tarija autónoma

Esa “casta señorial” que ha conducido tradicionalmente el aparato del estado y, por ende, administrado, además, de manera “non sancta” el excedente importante de recursos que generó la renta salitrera, gomera, minera o petrolera, no perdona, por ejemplo, en el caso de Tarija, que un campesino haya estado a la cabeza de la gobernación y ha desatado contra él, en consecuencia, la más infame de las campañas difamatorias, a manera de escarmiento y para que ¡nunca se repita! Lo propio vemos en el nivel nacional, demonizando cualquier error o imprudencia que cometa Evo Morales y minimizando hasta casi hacer desaparecer de los medios de comunicación masiva que posee, todos sus logros y aciertos.Bolivia, en la última década, revirtió, en parte, el drama de la historia del excedente. El crecimiento de la última década no se explica solamente por los altos precios de las materias primas a nivel internacional, particularmente de los hidrocarburos. La retención de una importante porción del excedente hidrocarburífero por el Estado para a su reinversión interna (En 2013 siete veces más dinero que el que había recibido en 2005) permitió un salto sin precedentes en inversión pública, la misma que pasó de 569 millones de dólares en el periodo neoliberal (1997 - 2005), a 2.174 millones, en promedio, entre 2006 y 2014.Sin embargo, este “proceso de cambio” tampoco resulta inmune a las mismas enfermedades sociales que padecieron revoluciones más profundas, como la de Octubre, donde ya Lenin y Trostky advirtieron tempranamente el retorno sigiloso y la penetración en las estructuras burocráticas del nuevo estado, de las hordas de funcionarios venales que habían sido expulsados en la fase heroica de la revolución, de la mano de corrientes internas como la estalinista, fácilmente “entroncables” históricamente con lo más pestilente de la vieja sociedad. En Bolivia, para seguir con Zavaleta, podríamos también decir, por ejemplo, que el Estado del 52 se viene abajo cuando la única lógica que lo sostenía, era la lógica ¡prebendal!Esas viejas prácticas de gestión del excedente se traducen ahora en el empoderamiento de una burocracia cada vez más corrupta donde, cual si estuviéramos en un gran torneo de coimeros, compiten nuevos cuadros salidos de los sectores populares empoderados, con viejos y avezados representantes de la casta parasitaria, sobrevivientes del neoliberalismo, entrenados en la partidocracia tradicional y con viejas raíces en el jolgorio de la “República”. ¡Juventud vs experiencia! Y ¡qué experiencia, por favor!En Tarija, esa disputa se libra de manera implacable. Por un lado, la derecha política que intenta desmontar el esquema profundamente redistributivo que hereda de la gestión anterior (no olvidemos que Lino Condori manejó directamente sólo un 5% del total de la inversión pública departamental) y, del otro, un bloque popular desorganizado y poco disciplinado, víctima también de la escasa capacidad de sus cuadros para definir posiciones claras en torno a los temas centrales de la agenda local. Veamos uno de estos temas: el conflicto por el llamado “pacto fiscal”.El matonaje judicial, la incompetencia política y los excesos centralistas de la administración Oliva precipitaron ya dos hechos, aparentemente de manera deliberada: 1) la constitución precipitada de la Autonomía Regional del Chaco, que ha evolucionado rápidamente a las posiciones del décimo departamento  y 2) la cristalización de un segundo frente autonomista que persigue el 45% de las regalías que produce su territorio para administrarlas al margen del capricho centralista. El Gobierno Nacional, en relación al tema, ha hecho conocer que rechaza de manera contundente ambas propuestas. El ministro Siles ha planteado con claridad que no habrá decimo departamento, que no se modificará la ley 3038 y que tampoco se otorgará el 45%. Sin embargo, esto no resuelve dos problemas pendientes que son clave para retornar a una “convivencia” relativa en Tarija.Esperamos un apoyo así de claro en relación al derecho incuestionable de las provincias productoras, —en base al mismo principio que le otorga derechos especiales a la provincia chaqueña—, a recibir una alícuota de la renta petrolera para administrarla directamente en base a sus propias prioridades y con sus mecanismos propios de control social y bajo la fiscalización de la ALDT. ¿Cuál es  el criterio para llegar al consenso sobre ese porcentaje? Por supuesto que no es afectar y provocar innecesariamente al Gran Chaco, modificando la Ley 3038.De la misma manera, esperamos que los recursos del IDH, que son Departamentales en su concepto, sean compartidos también con el Gran Chaco, puesto que no es un “decimo departamento” y esta discriminación idiota sólo da voz y fuerza a quienes así lo desean.