Unanimidad por la justicia

El escrito –citado por Efe– precisa que ningún beneficio podrá ser concedido “si los hechos punibles fueron cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y si actuaron como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos o de manera particular, pero ejerciendo funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario”.Es decir, el Poder Legislativo vetó que los ex represores puedan acceder al beneficio de la libertad condicional –que consideraban un derecho–, y deberán cumplir en su totalidad las penas a las que fueron sentenciados.El diputado socialista, Fidel Espinoza, puso el dedo en la llaga: “Independientemente de que algunos han defendido el tema, vinculando esto a razones humanitarias, tenemos que hacer memoria de que en este país no hubo ninguna razón humanitaria cuando ellos actuaron para exterminar personas, para degollar o para botarlas al mar”.Su colega comunista y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez, añadió que “de manera aplastante le hemos dicho a quienes vulneraron a chilenos y chilenas, de la forma más deleznable, que tienen que cumplir con su pena efectiva, tal cual lo dicta el sistema internacional de derechos humanos”.En tanto que la voz de las víctimas la expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien valoró la votación como “un triunfo de aquellos que luchan por la verdad y la justicia, un triunfo de las agrupaciones de familiares y las asociaciones de víctimas”.El artículo que fue aprobado por 99 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones, modifica el sistema de libertad condicional para personas condenadas a penas con privación de libertad y remarca su carácter de beneficio y no de derecho.Desde la recuperación de la democracia el 10 de marzo de 1990, cuatro comisiones investigaron la violación de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista con el objetivo de reconocer a las víctimas y otorgarles una justa reparación. En agosto de 2011, la cuarta comisión entregó un informe de 60 páginas al entonces presidente Sebastián Piñera e incorporó a otras 9.800 víctimas y 30 nuevos casos de personas desaparecidas o ejecutadas.En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por las cuatro comisiones –sin considerar los exiliados ni las familias de los afectados–, el número de víctimas de la dictadura fue establecido en 40.018 personas, de ellas 3.065 fueron muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende fue derrocado por un cruento golpe de Estado dirigido por una Junta Militar conformada por los comandantes del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile.Tras que Pinochet asaltara el poder, la represión militar contra los partidarios del gobierno socialista, de los partidos de izquierda y del movimiento popular comenzó de inmediato.En Santiago, los golpistas exigieron la rendición incondicional del presidente Allende y al no conseguir su objetivo, el palacio de La Moneda –donde se encontraban el Jefe de Estado, sus ministros y colaboradores– fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea y atacado por tropas del Ejército y por unidades blindadas.Después del bombardeo y tras la muerte de Allende los sobrevivientes fueron detenidos; algunos serían ejecutados, otros pasarían a engrosar las listas de detenidos no reconocidos los que, con el correr del tiempo, serían conocidos como detenidos-desaparecidos.Y a 43 años de la cruenta asonada, más de un centenar de ex represores encarcelados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Punta Peuco, construido para ellos con “ciertos privilegios”, exigían ser liberados por “razones humanitarias”, por lo que la decisión congresal para que cumplan sus penas es –sin duda– una gran victoria de quienes buscan justicia para las víctimas de Pinochet, el tirano que murió impune.