¿Incapaces o corruptos?
Es aproximado, porque sus previsiones se acercaran más o menos al costo real de la obra; es singular, porque cada obra tiene sus propias características; es temporal, porque los costos que en él se establecen sólo son válidos mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su...
Es aproximado, porque sus previsiones se acercaran más o menos al costo real de la obra; es singular, porque cada obra tiene sus propias características; es temporal, porque los costos que en él se establecen sólo son válidos mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración; y es una herramienta de control, porque su comparación con el costo real permitirá detectar y corregir fallas y prevenir causales de variación.Entonces ¿por qué los técnicos de la hoy cerrada Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) no cumplieron con esa elemental obligación y subvaloraron el costo de las obras que se adjudicaron, provocaron un millonario daño económico al Estado y precipitaron su quiebra y, por supuesto, su cierre?Una respuesta coherente a esa pregunta todavía no ha sido expuesta por las autoridades del Ministerio de Defensa, despacho de la que dependía la ECE, aunque el ministro Reymi Ferreira intentó despejar las dudas durante el acto de interpelación legislativa, al que acudió el pasado viernes convocado por la oposición.“De acuerdo a los datos, la causa fundamental para la quiebra de esta empresa ha sido la subvaloración, es decir, se aceptó o se participó en contrataciones de construcción de obras por montos mucho menores”, desveló Ferreira en el hemiciclo parlamentario.La constructora del Ejército fue creada en junio de 2012 mediante el Decreto Supremo Nº 1256, respaldado por un crédito de 40 millones de dólares otorgado por el banco chino Eximbank, y tenía como tarea contratar y ejecutar obras civiles.El titular de Defensa informó que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) asumirá las deudas de ECE a corto plazo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se hará cargo de los pasivos a largo plazo.La empresa gestionada por los militares incumplió contratos con el Ministerio de Obras Públicas y con la corporación estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que provocó demandas, insolvencia y su quiebra. Y este hecho obligó a la aprobación del Decreto Supremo Nº 2507, en septiembre de 2015, mediante el cual se estableció el cierre definitivo de la constructora de marras.No obstante, en el año fiscal de 2012 la ECE ya había dado señales de insolvencia económica, cuando declaró ante el Servicio de Impuestos Nacionales pérdidas por 6.481.554 bolivianos, y en el ejercicio fiscal de 2013 un desfase por 51.659.000 bolivianos. Es decir, un daño económico al Estado por al menos 58.140.554 bolivianos (8.353.527 dólares) en ambas gestiones.Durante sus tres años de funcionamiento la constructora militar se adjudicó 14 proyectos, de ellos 11 fueron ejecutados sin observaciones, pero en tres obras no concluidas la justicia ordinaria investiga las irregularidades detectadas.Se trata del tramo carretero Los Lotes – Planta Separadora de Líquidos de Río Grande (Santa Cruz), por 294,8 millones de bolivianos, su ejecución alcanzó sólo al 17%; la construcción del aeropuerto Tito Yupanqui en Copacabana (La Paz), por 41,7 millones de bolivianos, tuvo sólo el 17% de avance; y la vía Unduavi – Chulumani (La Paz), por 60,7 millones de bolivianos, se ejecutó sólo el 30% de la obra.Fue tal la desprolijidad de la constructora militar que –por ejemplo– en la construcción de la vía Los Lotes-Río Grande, la empresa que concluyó la obra cobró –según Página Siete– 100 millones de bolivianos por encima de lo que había presupuestado la ECE. Y fruto de las investigaciones del Ministerio Público, cuatro militares y un civil están encarcelados preventivamente, acusados y procesados por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y malversación. Ahora bien, lo que corresponde es que las investigaciones no se detengan ante ningún fuero o privilegio, lleguen a donde tienen que llegar y alcancen a quienes tienen que alcanzar; y la justicia, en el marco de un debido proceso y un juicio justo, sentencie a los culpables, les obligue a resarcir el millonario monto defraudado al Estado y libere a los inocentes. ¿No les parece?


