Justicia sin mirar a quien

“En todo ese tiempo se ha citado a esa cantidad de personas quienes han prestado sus declaraciones y han brindado alguna información”, sostuvo Guerrero, sobre los uniformados que participaron de los operativos de desbloqueo de carreteras.El fiscal General del Estado brindó el pasado martes un informe oral ante los miembros de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados sobre el grave conflicto social que vivió Bolivia a fines de agosto.Las declaraciones de los policías buscan esclarecer las violentas muertes ocurridas el 24 de agosto, por disparos de armas de fuego, de los mineros Fermín Mamani, de la cooperativa minera Patacallani, y Severino Ichota, de la cooperativa el Progreso de Kami, en enfrentamientos con policías en dos puntos de bloqueo en Cochabamba.También el deceso del minero de la cooperativa San Pedro de Viloco, Rubén Aparaya, de 26 años de edad, quien murió el jueves 25 de agosto, presumiblemente por dos impactos de bala, una a la altura del riñón y otra en la cabeza, durante los enfrentamientos con policías cerca de Panduro.La cuarta muerte de un cooperativista que investiga el Ministerio Público corresponde al caso del minero Fredy Ambrosio, quien, según las versiones entonces conocidas, murió tras resultar gravemente herido por la explosión de la dinamita que manipulaba.La quinta muerte ocurrió entre las 17.30 y las 18.00 de aquel jueves. El viceministro Illanes fue brutalmente ultimado por un grupo de mineros cooperativistas que lo mantenían secuestrado desde horas de la mañana de la misma jornada.Illanes había acudido a Panduro –uno de los lugares del bloqueo de caminos– para entablar un proceso de acercamiento y de persuasión, para que los cooperativistas mineros retornen a una mesa de diálogo. Sin embargo, fue interceptado, tomado como rehén y trasladado a un cerro, donde fue torturado y asesinado por sus captores.En ese contexto, la comisión de fiscales que investiga los lamentables hechos de violencia, prevé citar en los siguientes días a más miembros de la Policía y a algunos comunarios, como también  al viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, y al comandante General de la Policía Boliviana, general René Salazar Ballesteros.Y si con una espiral de violencia los mineros intentaron imponer sus intereses y olvidaron que la democracia es el respeto a la ley; quienes utilizaron armas de fuego contra ellos también infringieron la norma y atentaron contra el derecho a la vida que garantiza la Constitución Política del Estado a todos los bolivianos.Ahora bien, si por un momento imaginásemos que no existiera ningún tipo de ley o regla, sería el caos total, todo mundo podría hacer lo que le viniese en gana y se aplicaría solamente la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Pues al no existir ninguna regla tampoco habría ningún castigo para quien actuara mal.Y si las leyes son normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, establecidas por autoridades competentes, que obligan o prohíben algo en consonancia con la justicia y la ética, y cuyo incumplimiento acarrea sanción, los asesinos del viceministro Illanes y de los tres cooperativistas deben ser identificados, procesados y sancionados con todo el peso de la ley.Nadie es dueño de decidir quien vive o quien muere y el derecho a la vida es un derecho inviolable y permanente, no sólo porque lo prescribe nuestra Carta Magna y las normas internacionales de la que Bolivia es signataria, sino porque es la base fundamental de una sociedad civilizada.En ese contexto, millones de bolivianos claman porque se haga justicia para las cinco víctimas de la violencia desenfrenada, sin medir las consecuencias, caiga quien caiga y sin tomar en cuenta privilegios ni fueros. Es decir, buscar justicia sin mirar a quien, porque nadie está por encima de la ley.