García Meza pide libertad

una vez que el pasado 21 de septiembre el Tribunal V de Sentencia fallara para que el Consejo Penitenciario establezca la viabilidad de su solicitud, la que es rechazada por las víctimas de la dictadura que lideró el reo entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981.“Este (fallo) prácticamente es una victoria para el general García Meza, porque ya puede acceder a su libertad condicional. Ya hemos cumplido con todos los requisitos que nos establece la Ley 2298”, sostuvo Campero.El 21 de abril de 1993, el ex dictador fue condenado en rebeldía por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero permaneció prófugo hasta 1994 cuando fue aprehendido en Brasil, país donde vivía bajo una identidad falsa. Extraditado a Bolivia el 15 de marzo de 1995 fue encarcelado la noche de ese mismo día en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, aunque más de la mitad de los 21 años y seis meses que debió estar preso desde entonces estuvo internado en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil).La Ley 2298, de Ejecución de Penas, prescribe que para acceder al beneficio de la libertad condicional un recluso debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, y este sería el caso de García Meza.En ese contexto, el trámite para la libertad condicional del ex dictador fue presentado en enero de 2015, pero a mediados de julio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó esa solicitud por no estar facultado a pronunciarse sobre el tema.Y al no tener competencia para disponer que el ex dictador sea beneficiado con la libertad condicional, el más alto tribunal de justicia del país remitió el caso al Juzgado de Ejecución de Sentencia de La Paz, instancia que lleva el cómputo de los años de prisión de García Meza y que decidirá si corresponde o no otorgarle algún beneficio.Ahora bien, según confesó Luis Arce Gómez, el golpe para derrocar a la presidenta interina Lidia Gueiler e impedir que Hernán Siles sea posesionado el 6 de agosto de 1980, fue planificado seis meses antes del 17 de julio de ese año y contó con el apoyo del sector duro de las Fuerzas Armadas, de paramilitares y empresarios, y gozó del respaldo de la Embajada de Estados Unidos.Entre las acciones desestabilizadoras, el 21 de marzo de 1980 un grupo de paramilitares secuestró, torturó y asesinó al crítico de cine, periodista y sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, quien había denunciado, en el semanario Aquí que dirigía, el proceso golpista en marcha.En junio de 1980, una avioneta en la que viajaban líderes de Unidad Democrática y Popular (UDP) se estrelló en circunstancias poco claras cerca de Viacha (La Paz). Todos los ocupantes murieron, excepto Jaime Paz, quien sufrió graves quemaduras. La avioneta había sido alquilada a una empresa de taxis aéreos de propiedad de Arce Gómez.El 17 de julio de 1980, un alzamiento militar en Trinidad precedió al golpe de Estado y la toma del centro de La Paz por tanques y comandos paramilitares, mientras los jefes golpistas obligaban a la presidenta Gueiler a renunciar a su mandato.Las dos primeras víctimas fueron el minero Gualberto Vega y el diputado Carlos Flores, muertos durante el asalto paramilitar a la sede de la COB, mientras que el primer secretario del PS-1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue herido, detenido y luego asesinado. Su cuerpo sigue desaparecido.Según el Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, 2.258 personas fueron víctimas directas de una dictadura vinculada al narcotráfico y la corrupción. De ellas, 41 fueron asesinadas, 4 asesinadas y desaparecidas, 123 desaparecidas, 1.052 detenidas, 958 exiliadas, 6 detenidas y torturadas, 9 heridas, 9 heridas y torturadas, 5 secuestradas y torturadas, y 51 corrieron un destino incierto.El líder de esa barbarie, hoy implora su libertad condicional y se presenta como un reo ejemplar que cumplió todos los requisitos y las dos terceras partes de su condena. Sin embargo, ese hombre avejentado –que posiblemente despierte conmiseración– es el golpista que mandó detener, torturar, asesinar y desaparecer a seres humanos; por lo que en memoria de sus víctimas, debería cumplir su castigo de 30 años de presidio sin derecho a indulto.