Lealtad política y función pública

Sin embargo, en la construcción del orden democrático se tiende a una  cada vez mayor institucionalización del ámbito público, al menos en las esferas intermedias y la  base administrativa. Es decir, se busca  la instauración del denominado servicio público, en lo posible profesionalizado, como una estructura  blindada a las injerencias políticas que trascienda las cortas gestiones políticas y cuyo nombramiento responda a procedimientos institucionales de selección de personal transparentes, meritocráticos y que garanticen una mínima eficiencia y gobernabilidad.Qué lejos estamos de esta posibilidad a pesar de que contamos con un enorme aparato público, cuyo crecimiento no ha estado orientado a mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión, sino que se ha convertido en una maquinaria política que sostiene políticamente a los gobiernos. El primer Gobierno que multiplicó la burocracia fue el de Banzer, durante la década de los años  70. La burocracia en ese entonces creció en un 176% y algo parecido ha sucedido en la coyuntura actual.  De acuerdo con datos de la prensa, entre  los órganos del Estado, las empresas descentralizadas, gobernaciones y alcaldías, existen cerca de  121.600 empleados. En el extremo opuesto de esta posibilidad de construcción institucional está el uso político abierto del andamiaje público, lo cual se visibilizó con claridad  en el último referendo, durante el que el Gobierno no sólo instruyó a sus funcionarios  que asistan a las grandes concentraciones en apoyo al Sí sino que además -según fuentes de prensa- se les exigió un descuento obligatorio de las planillas para su campaña.  Una vez pasado el acto electoral, el Gobierno solicitó directamente a los funcionarios públicos que rechazaron con su voto la modificación a la Constitución que dimitan de sus cargos.  Parece una afirmación antojadiza o construida deliberadamente por los opositores para desprestigiar al Gobierno, pero no, en realidad, fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien afirmó: “Lo mínimo que les pedimos a esos funcionarios del Estado es que compartan los ideales del Gobierno;   de lo contrario, lo más lógico es retirarse”. La misma autoridad continuó: “No comparten los ideales, los valores, los principios, el norte estratégico de un gobierno,  ¿qué hacen ejerciendo una función pública?  Deberían dar un paso al costado”.Es más, el propio Presidente señaló en Achocalla que algunos funcionarios y gerentes de  empresas públicas estaban con el NO, lo cual quiere decir que no están de acuerdo con el programa 2025;  entonces,  que dejen trabajar a otros que sí están de acuerdo con los programas del Gobierno.La situación empeora cuando se observan las maneras a través de las cuales identificaron a quienes apoyaron directa o indirectamente la campaña por el NO. En unos casos fue el seguimiento a su actividad en las redes sociales (si compartieron en Facebook o retuitearon algún comentario),  utilizaron sus vehículos con propaganda por el NO, pero  también se basaron en denuncias contra quienes salieron de la línea establecida e, incluso, se habla de infiltrados. Este último término ya parece rebalsar de la nomenklatura estalinista. ¿Será que se requiere imponer una posición políticamente homogénea en el ámbito público para forzar el éxito de un proceso que se autodenomina de profundización de la democracia? *es socióloga y analista