Autopsia: El embrollo de los “ítems departamentales” de salud

psicólogos, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares de enfermería y un largo etcétera que, por supuesto, incluye al personal administrativo y los que brindan servicios sin los cuales las instituciones de salud no podrían funcionar. Se puede tener la mejor infraestructura en salud y el...

psicólogos, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares de enfermería y un largo etcétera que, por supuesto, incluye al personal administrativo y los que brindan servicios sin los cuales las instituciones de salud no podrían funcionar. Se puede tener la mejor infraestructura en salud y el equipamiento tecnológico más sofisticado, pero si no se cuenta con los recursos humanos suficientes, adecuadamente capacitados y equitativamente distribuidos, de poco o nada servirán las mejores edificaciones hospitalarias y el más moderno o costoso equipamiento.En nuestro país y en Tarija, existía y existe un déficit enorme de recursos humanos para el sector salud. La población crece, las necesidades se incrementan, la ciencia y la tecnología médica avanzan a pasos gigantes, pero, no existe un acompañamiento en el incremento del presupuesto asignado a salud y menos de aquel destinado para contratar recursos humanos. Los sucesivos Gobiernos siempre prefirieron y prefieren gastar en otros rubros. Los Ministerios de Gobierno, de Defensa y el de la Presidencia se llevaron y siguen llevándose lo más gordo del presupuesto. La responsabilidad de dotar de recursos humanos para el sector salud fue, desde siempre, del Gobierno Nacional; pero las asignaciones anuales de nuevos ítems fueron totalmente insuficientes para cubrir las necesidades crecientes de la población tarijeña. Esta carencia de recursos humanos en Tarija, la puesta en marcha del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (SUSAT) el 1 de diciembre del 2006 y la decisión de trabajar en serio para que  la salud en nuestra tierra no sea un privilegio de pocos llevaron a que, en la gestión del primer Prefecto electo por el voto de la gente, se definiera invertir en la contratación de profesionales para atender la salud de los ciudadanos. En honor a la verdad, cuando se ingresó a la gestión el 27 de enero de 2006 se encontró que la Prefectura en el año 2005 ya había invertido en personal de salud (109 contratos con un presupuesto de 3.077.752,00 de bolivianos anuales), los que fueron incrementados en el período del prefecto Cossío a 143 el año 2006, a 400 el año 2008 (Programa de Fortalecimiento con Recursos Humanos Para las Redes de Salud del Departamento de Tarija) y a 629 el año 2010 (Programa de Fortalecimiento con RRHH para las Instituciones de Salud de Tercer Nivel). De un presupuesto anual de  3.077.752,00 de bolivianos, se pasó a destinar casi 37.770.000,00 de bolivianos por año para financiar RRHH para salud, sin contar la inversión hecha en 11 equipos de pediatras, ginecólogos y enfermeras “Guardianes de la Salud” destinados al área rural de las 11 provincias del departamento a efectos de disminuir la mortalidad materna e infantil. Esos son los 629 contratos para personal de salud que, luego de seguir los pasos para constituirse en ítems departamentales, están ahora en proceso de institucionalización y que desataron tanta polémica. En  lo que va del 15 de diciembre de 2010 a la fecha, la Gobernación tarijeña no incrementó el personal de salud (profesional)  ni en uno más.Si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la cantidad suficiente de personal sanitario, la Organización Mundial de la Salud estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos únicamente médicos, enfermeras y parteras) por cada 10.000 habitantes, no están en condiciones de prestar una asistencia cualificada a su población, particularmente en lo referido a la atención de partos, servicios de emergencia y especializada a recién nacidos y a niños pequeños.Pero no sólo se trata de cubrir numéricamente los requerimientos de personal sanitario que  tienen los pueblos, sino que éste debe ser competente y tiene que estar motivado; para ello es indispensable el reconocimiento de las instituciones y la sociedad a través de los incentivos adecuados y un entorno laboral seguro. Estas condiciones están ausentes cuando quienes de manera circunstancial detentan el poder político escogen y designan a los médicos de manera arbitraria. Esta necesidad de que los profesionales de la salud pudieran “escurrirse” del manoseo de los gobernantes de turno, al menos parcialmente,  llevó a que los médicos bolivianos organizados encararan años de lucha para lograr que los ítems sean llenados a través de convocatorias públicas a Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia realizados por un tribunal calificador en el que participa el Colegio Médico (en el caso de los médicos), las sociedades científicas, el representante gremial que corresponda y un representante del establecimiento para el que se convoca a concurso, entre otros. Este procedimiento, desde que se lanza la convocatoria, los requisitos que deben exigirse, los criterios de calificación, la modalidad del examen, los plazos de cada una de las etapas hasta el puntaje final y nombramiento; está cuidadosamente establecido en el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia y está reconocido por la Ley del Ejercicio Profesional Médico promulgada en agosto de 2005 (Ley 3131), la Resolución del Ministerio de Salud N° 0622 del 25 de julio de 2008 y otra normativa en vigencia. No importa si los ítems son financiados por el Tesoro General de la Nación, por los tesoros departamentales, por los tesoros municipales o por las cajas de salud, las reglas son para todos sin excepción.¿Qué está pasando en Tarija? Ocurre que aquellos que creen tener poder omnímodo, por su circunstancial mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental, pretenden echar por el suelo la lucha y las conquistas de generaciones de médicos y, desconociendo la Constitución y las leyes que juraron cumplir, han sancionado una ley donde se dan para sí la potestad de aprobar las convocatorias para los médicos y otros profesionales de la salud financiados con recursos departamentales. Dicho de otra manera, quieren tener la posibilidad de ser ellos los que fijen las reglas de juego para que médicos generales y especialistas, odontólogos, enfermeras y otros profesionales en salud (629 en total) accedan a un ítem departamental; no otra cosa significa que las “convocatorias deberán ser aprobadas por la Asamblea Departamental”. ¡¡Está clarísimo!! Si la Convocatoria no es de su agrado, no obedece a sus intereses, simplemente no la aprobarán o…introducirán los cambios que requieran para lograr sus fines. ¡Quieren hacer retroceder la Historia! Por eso el estado de emergencia de los profesionales de la salud del departamento, por eso las movilizaciones, por eso los paros y por eso también el apoyo y pronunciamiento de las organizaciones de médicos y otros profesionales de la salud de todo el país. De consumarse este abuso e ilegalidad, habremos retrocedido lo avanzado y los profesionales de la salud, más que capacitarse, tendrán que afiliarse al partido de turno.


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