Estudiantes se involucran en el conflicto por la educación pública

La disputa por el futuro de los institutos técnicos y tecnológicos sumó a los estudiantes a las movilizaciones del magisterio urbano y elevó la tensión en La Paz. En la segunda jornada del paro de 48 horas, maestros y alumnos bloquearon la autopista que conecta La Paz con El Alto y fueron dispersados por la Policía mediante agentes químicos. La intervención dejó denuncias de golpes, detenciones y situaciones de riesgo para quienes intentaban escapar de los gases, se habla de una veintena de detenidos, aunque no existe todavía un balance oficial que confirme esos reportes.

El conflicto tiene como origen el rechazo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia a la propuesta gubernamental de trasladar a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos y tecnológicos incluyendo al personal docente. La dirigencia sindical advierte que ese cambio a los gobiernos departamentales con recursos propios limitados, pondría en riesgo la estabilidad laboral, reduciría las contrataciones y afectaría el funcionamiento de los talleres, la provisión de materiales y los servicios básicos, y en definitiva, la calidad de la educación que se imparte.

La preocupación ha trascendido el ámbito laboral. Entre docentes y estudiantes crece el temor de que la descentralización termine abriendo espacio a la privatización o a mecanismos de colaboración público-privada. El Gobierno niega esa posibilidad, pero la falta de información detallada sobre el financiamiento, las responsabilidades y las garantías para los institutos alimenta la desconfianza. Algunas gobernaciones también han expresado reparos frente a la transferencia, aunque mantienen una posición cautelosa.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, ratificó que el Ejecutivo mantendrá la propuesta como parte de la política de descentralización vinculada al 50/50. Aseguró que las gobernaciones asumirían la administración de los institutos, mientras el nivel central conservaría la definición de las políticas educativas y curriculares. Rechazó que el modelo implique privatización y cuestionó las medidas de presión.

La autoridad justificó además el ingreso policial al Instituto Pedro Domingo Murillo y sostuvo que hubo daños a vehículos utilizados para las prácticas estudiantiles y a equipamiento de propiedad de la Gobernación. Calificó de inaceptable el bloqueo de la autopista, por tratarse de una vía fundamental para la conexión entre La Paz y El Alto, y argumentó que la Policía debía garantizar la libre circulación, más aún durante el estado de excepción.

Sin embargo, un trabajador administrativo del instituto denunció a ERBOL que la intervención fue excesiva y que estudiantes y docentes fueron golpeados. También afirmó que algunos alumnos, al intentar escapar de los gases, llegaron a lanzarse desde la autopista hacia la parte inferior. Según sus datos, alrededor de 29 personas fueron detenidas, por lo que pidió revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido. Estas denuncias aún requieren confirmación oficial.

En cuanto al diálogo, Sanjinés señaló que el Gobierno realizó gestiones con la Defensoría del Pueblo para retomar las conversaciones, después de que el encuentro del viernes anterior fracasara porque los dirigentes exigieron retirar la propuesta antes de negociar. El ministro también anunció descuentos salariales a los maestros que acataron el paro, en aplicación del principio de día no trabajado, día no pagado.

Mientras tanto, el conflicto ya no se limita a las condiciones laborales del magisterio. Los estudiantes se han incorporado a una disputa que pone en cuestión quién administrará los institutos, con qué recursos y bajo qué garantías. Sin una explicación concreta del modelo y una negociación que permita despejar las dudas, la descentralización amenaza con convertirse en un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno, los sindicatos, las gobernaciones y la comunidad educativa.