Del caso maletas al caso Cerimedo: Oviedo ve nexos de la Magistratura

“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Consejería de la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”. La oración la firmó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, pieza clave en la guerra por el control territorial que se desató luego de la detención y deportación a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y cuya investigación ha desembocado en una serie de escándalos e intervenciones que han movido los ejes del poder en el Ministerio Público y en el Tribunal Supremo de Justicia.

El 1 de octubre fue aprehendido Roger Mariaca como cabeza de una supuesta organización criminal que protegía al narcotraficante Marset. La “prueba” exhibida es un video grabado por un policía el mismo día de la detención donde Marset afirma que Mariaca y el exministro Eduardo del Castillo lo protegían. No hubo control jurisdiccional de esa declaración ni del operativo, pero el 2 de octubre se eligió un suplente sugerido, Armando Urioste.

El 1 de noviembre la Fiscalía firmó una orden de aprehensión contra el presidente del TSJ, Romer Saucedo, pero llegó a sus oídos y huyó al exilio denunciando presión política.

El famoso caso de las “32 maletas” llegadas desde Estados Unidos y sacadas sin control por Viru Viru ha servido para unir los puntos entre Saucedo y Mariaca, que según Oviedo “vivían juntos”, pero lo cierto es que las denuncias son de los dos principales imputados: la exdiputada Laura Rojas que llegó con las maletas y eludió el control usando su pasaporte diplomático caducado y el ex juez Herbert Zeballos, socio de la empresa donde quedaron en custodia y donde se encontró marihuana y otros.

Apuntar al Consejo de la Magistratura era cuestión de tiempo: son los consejeros los que definen destinos, fichan, sancionan, contratan y controlan el presupuesto. Para un manejo del sistema judicial como el que el Ministerio de Gobierno viene describiendo por parte de Mariaca y Saucedo, las piezas en cada juzgado son clave.

Lo concreto

Ayer lunes, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió un comunicado con respecto a un departamento alquilado, que el asesor de la presidencia de esa instancia habría hecho al exfiscal Mariaca.

Sin embargo, más temprano el Consejo de la Magistratura difundió, a través de sus cuentas en las redes sociales, un comunicado para negar la información sobre el supuesto alquiler de un departamento al exfiscal general, Roger Mariaca, por parte de un asesor del presidente de la institución, Carlos Spencer.

En la aclaración, el decano y la consejera del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista y Gabriela Araoz, marcaron distancia respecto al primer comunicado que negó esa operación. El documento definitivo concluye que: “Corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, señala el documento.

Carlos Spencer completó la trilogía de cabezas del poder judicial y fiscal cruceños el año pasado, cuando fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura. Como Rómer Saucedo, tampoco estaba incluido en las “listas azules” de la elección de 2024.

Actualmente el Tribunal Constitucional carece de quórum suficiente para resolver disputas de fondo en la aplicación de las normas y decisiones.

Las “inminentes” salidas de Beller y Cerimedo

La audiencia de revisión de medidas cautelares para el asesor presidencial Fernando Cerimedo fue suspendida y programada para el miércoles 18 de noviembre, mientras que el salvoconducto para la salida de Nadia Beller de la embajada hacia México todavía se hace esperar.  En cualquier caso, la mayoría de los analistas concuerdan en que cada uno seguirá su camino por sobre el escándalo.

Beller, la abogada y expareja de Cerimedo, víctima de tentativa de feminicidio por el que fue internado el exasesor, fue clave en la identificación del poder del argentino en el gabinete de Rodrigo Paz, sus intenciones en diferentes rubros y también proveyó algunos audios que sirven de base para diferentes verificaciones sobre el resto de audios filtrados y que el Fiscal Armando Urioste ha rechazado investigar (aunque ha creado una comisión).

Beller, víctima, venía denunciando que sus custodios hacían en realidad de “carceleros”, lo que le llevó de alguna manera a plantearse el exilio.

El fiscal Jean Paul Fleig, que lleva el caso por feminicidio, adelantó que el Ministerio Público solicitará que se mantenga la detención preventiva que Cerimedo cumple actualmente en el penal de Chonchocoro, en La Paz. “Al existir una víctima, que es población vulnerable, va a solicitar que se mantenga la detención preventiva”, señaló Fleig.

El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, cuestionó el exilio de Beller: “Si una persona pide que se investigue un atentado, ¿por qué ella quiere huir? ¿por qué quiere escapar de las cosas que ha dicho, de las situaciones?”.

La respuesta es evidente: Beller no confía en que se de un juicio justo en Bolivia (y México tampoco) y prefiere no continuar con el proceso.

Fiscalía no investigará a Urquidi ni a Zamora

Por si faltaba algo, la Fiscalía desestimó la denuncia presentada contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena Urquidi, por las presuntas conversaciones que tuvieron con el argentino Fernando Cerimedo – exasesor del presidente Rodrigo Paz- y que se divulgaron a través de la filtración de audios.

La denuncia había sido presentada por el abogado Guido Calcina por los presuntos delitos de tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramiento de cargos ilegales.