TSE busca nuevas reglas electorales sin aclarar su legitimidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara una reforma integral de la normativa electoral con dos asuntos que considera “innegociables”: que ninguna otra instancia pueda interferir en las decisiones jurisdiccionales del Órgano Electoral y que se elimine la posibilidad de sustituir candidaturas hasta 48 horas antes de una elección.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, defendió ambos cambios y cuestionó que la legislación vigente permita modificaciones de candidaturas prácticamente hasta el momento de la votación.

“En el tema jurisdiccional de un proceso electoral, creemos que el único competente es el Órgano Electoral”, afirmó Ávila, al señalar que esa atribución debe quedar claramente establecida en la ley.

La propuesta busca corregir problemas que se han evidenciado desde la aplicación de la Ley de Régimen Electoral de 2010. Entre ellos están las renuncias y sustituciones de candidatos a pocos días de los comicios y situaciones como la ocurrida en las recientes elecciones subnacionales de La Paz, cuando una organización política decidió retirarse de una segunda vuelta al margen de la voluntad del candidato.

El TSE también cuestiona la interferencia de decisiones judiciales en procesos electorales. Durante las elecciones judiciales de diciembre de 2024, distintos recursos constitucionales modificaron el curso de la convocatoria y pusieron nuevamente en discusión el principio de preclusión.

Uno de los casos más polémicos fue el fallo de una Sala Constitucional del Beni que, a pocas semanas de la votación, declaró desierta la convocatoria para varios cargos judiciales abriendo una crisis que se extiende hasta hoy.

Ávila considera que toda esta normativa debe ser revisada y pretende que las elecciones recientemente celebradas sean las últimas realizadas bajo las actuales reglas. Una vez concluida la etapa de recepción de propuestas, comenzará la redacción del proyecto y posteriormente su socialización. La intención es entregar la iniciativa a la Asamblea Legislativa en noviembre.

La reforma y la credibilidad del árbitro

Sin embargo, la discusión sobre una nueva legislación electoral difícilmente puede separarse de la crisis de confianza que ha rodeado al propio TSE y, particularmente, a su presidente.

El País ha documentado que la llegada de Ávila al Órgano Electoral se produjo en medio de una controversia que todavía no ha encontrado una resolución definitiva. Fue designado por Luis Arce en abril de 2024 para reemplazar a Dina Chuquimia, pese a que esta no había renunciado y que la Constitución establece un periodo de seis años para los vocales electorales. La propia Chuquimia acudió a la justicia constitucional y el caso quedó pendiente de resolución.

La controversia se prolongó con el cambio de Gobierno. En febrero de 2026, Rodrigo Paz ratificó mediante decreto a Ávila como vocal del TSE en representación del Órgano Ejecutivo. La medida generó nuevas dudas jurídicas, porque la legislación establece mecanismos específicos para la designación y conclusión de funciones de los vocales y no contempla expresamente una figura de “ratificación” presidencial.

El problema no es solamente formal. Si el mandato del vocal designado por el Ejecutivo debía continuar el periodo iniciado por Salvador Romero en diciembre de 2019, existe la discusión de si ese mandato terminó en diciembre de 2025. Si, en cambio, cada sustitución presidencial generara un nuevo periodo de seis años, Ávila podría permanecer hasta 2030. Esa controversia sigue sin una respuesta constitucional definitiva.

El propio TSE ha rechazado las acusaciones de falta de independencia y ha cerrado filas en torno a su presidente, reivindicando su carácter colegiado e independiente, aunque ha habido momentos en los que se ha buscado la sustitución de la presidencia, sin éxito.

Primero, recuperar confianza

Analistas consultados señalan que una nueva norma electoral puede establecer mejores procedimientos para evitar sustituciones de última hora, delimitar competencias y proteger la preclusión. Pero ninguna reforma será suficiente si quienes deben aplicarla no cuentan con legitimidad institucional incontestable.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en redactar una mejor Ley de Régimen Electoral. También consiste en reconstruir la confianza en el árbitro que deberá aplicarla.

La discusión debería incluir, por ello, no solo a partidos y organizaciones sociales, sino también una revisión transparente de las reglas de designación, permanencia y sustitución de los vocales electorales, así como de los mecanismos para resolver controversias constitucionales que puedan afectar sus mandatos.

Ávila ha señalado que la reforma debe construirse mediante consenso y diálogo y que debe servir para fortalecer la democracia.

Esa premisa es difícilmente discutible. Pero para que sea efectiva tendrá que aplicarse también al propio Órgano Electoral.

Porque si el objetivo de la reforma es que las próximas elecciones tengan reglas más claras, menos interferencias y mayor seguridad jurídica, la primera condición será que nadie pueda poner en duda quién tiene derecho a ejercer como árbitro de esas elecciones.

“La reforma electoral puede ser una oportunidad para cerrar una década y media de parches y controversias. Pero también puede convertirse en una disputa más por el control de las reglas si no empieza por resolver las dudas sobre la legitimidad y la independencia de quienes hoy tienen la responsabilidad de cambiarlas” advirtió un exvocal.