CAO y Cainco critican la demora de la política para resolver la economía

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionaron la demora del Estado en la aplicación de medidas para enfrentar la crisis económica y advirtieron que el tiempo perdido tendrá costos para el país.

En un pronunciamiento conjunto titulado “El país tiene dos relojes”, ambas organizaciones señalaron que existe una brecha entre la velocidad con la que se deteriora la economía real y los tiempos de respuesta del Estado.

“Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad”, sostuvieron.

El empresariado cruceño afirmó que la escasez de combustible, la pérdida de mercados y capitales tras los 50 días de bloqueos y el agotamiento de los campos forman parte de una misma crisis que continúa afectando a empresas de distintos tamaños y sectores.

Como prioridad inmediata, la CAO y Cainco reclamaron garantizar el abastecimiento de diésel. Según el comunicado, los surtidores de Santa Cruz reciben actualmente apenas el 30% del volumen que requiere el departamento. Las entidades recordaron que el sector agropecuario consume el 16% del diésel y produce el 77% de los alimentos que necesita Bolivia.

También demandaron simplificar las autorizaciones para el uso de biocombustibles y transparentar los volúmenes de combustible despachados por región y por día. El pronunciamiento destaca que Bolivia importa 9,5 de cada 10 litros de diésel y plantea que una mayor utilización de etanol permitiría reducir las compras externas.

En el ámbito legislativo, las organizaciones empresariales consideraron necesaria una Ley de Inversiones, pero expresaron reparos sobre el proceso de tratamiento del proyecto. Señalaron que la iniciativa ingresó a la Asamblea Legislativa, compite con otros tres proyectos, aún no fue radicada en comisión y no tiene fecha de debate.

La CAO y Cainco indicaron además que su análisis de los 103 artículos del proyecto identificó “vicios” que deberían ser corregidos antes de su aprobación. Afirmaron que la urgencia no debe derivar en improvisación, debido a que una norma con problemas previsibles podría terminar judicializada y reproducir la incertidumbre que busca solucionar.

El pronunciamiento extendió la preocupación a los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad. Según las entidades, una reforma energética requerirá al menos cinco años para mostrar resultados y una década para estabilizar la producción. “La demora de hoy se pagará mañana”, enfatizaron.

Las cámaras empresariales reclamaron al Legislativo establecer un calendario de trabajo y cumplirlo, al considerar que las disputas políticas no pueden continuar retrasando decisiones en un país que, según su diagnóstico, ya no tiene margen para asumir ese costo.

Asimismo, señalaron que una normativa moderna por sí sola no será suficiente para atraer inversiones. A su juicio, el capital requiere condiciones sostenidas de funcionamiento, entre ellas disponibilidad de combustible, dólares, caminos abiertos y reglas claras.

Finalmente, la CAO y Cainco reivindicaron el papel del sector productivo y afirmaron que existe capacidad para incrementar la producción y generar mayores divisas, incluso sin ampliar la superficie cultivada.

“Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país”, señalaron, al advertir que “el tiempo que se pierde no vuelve”.